La digitalización de procesos sencillos a nivel notarial no es una prioridad para el Gobierno de Pedro Sánchez. Ni siquiera en una situación de pandemia y de peticiones de reducir los traslados para evitar contagios, como ocurre en las últimas semanas a causa del coronavirus.

El Congreso de los Diputados inició los trámites para aprobar el decreto ley con medidas urgentes para evitar el colapso de la justicia tras meses de paralización y retrasos de esta actividad por el Covid-19. El Partido Popular (PP) incluyó, por la vía de enmienda, ciertas claves sobre la aplicación de las nuevas tecnologías para realizar trámites notariales que habían sido reclamadas previamente por el Consejo General del Notariado. Sin embargo, la enmienda no se incluyó en el texto final, aprobado el martes 20 de julio, sino que se emplazó para más adelante. “Parece que no corre prisa”, comenta José Alberto Marín, vicedecano del Colegio Notarial de Cataluña.

Doble negativa del Ejecutivo

Antes de ser propuesta por el PP como mejora al decreto ley de medidas procesales y organizativas para hacer frente al Covid-19 en la Administración judicial, la organización que engloba a los colegios de notarios de España la propuso como iniciativa propia ante el Ministerio de Justicia. Aquello fue en abril, en pleno confinamiento por el coronavirus, y recibieron el primer portazo.

Marín explica que los precursores del proyecto pensaban que “se podría aprobar por decreto ley por su urgencia”, por lo que la negativa del ministerio que encabeza Juan Carlos Campo les dejó “perplejos”. “El ministerio no lo consideró urgente”, comenta en completo desacuerdo. Argumenta que la vía telemática adquiere una relevante importancia en una situación como la actual, en la que se recomienda reducir los contactos físicos entre personas.

Una mujer hace trámites a través de internet / PIXABAY

Compromiso futuro

El decreto ley de agilización de la justicia contó con cerca de 150 propuestas de enmienda por parte de los grupos parlamentarios. El Ejecutivo “no estaba de acuerdo con esta técnica legislativa”, según expone Miguel Ángel Jerez, miembro de la comisión de justicia del Congreso por el PP. Y muchas de ellas “no se aceptaron sin más”, mientras que otras fueron negociadas “con la intención de llegar a un acuerdo”.

Este fue el caso de las referentes a la digitalización de procesos notariales, ámbito en el que se consiguió “el compromiso de abordar la reforma de la ley próximamente”. Se hará a través de un proyecto de ley que debe ser presentado ante las Cortes en un periodo “no superior a nueve meses”, según la disposición adicional del decreto ley aprobado el martes. Esta vía parlamentaria --conocida como enmienda transaccional-- fue aprobada por unanimidad.

La urgencia está ahora

La nueva vía conlleva una dilatación en el proceso, lo que no convence al vicedecano del colegio de notarios de Cataluña. “Es ahora cuando el uso de la videoconferencia va a ser útil. No sabemos cuándo se presentará el proyecto de ley y el momento de urgencia ya lo tenemos aquí”, indica Marín en referencia al crecimiento de casos de coronavirus en España. “Intentamos modernizarnos más y se nos frenan los proyectos”, lamenta.

Jerez, por su parte, asegura que la tramitación por proyecto de ley permitirá que los notarios, "operadores jurídicos imprescindibles para aplicar medidas de agilización de la justicia", puedan participar y se llegue a un consenso amplio sobre las medidas a aplicar para ello. "Estaremos vigilantes para que [la tramitación] no se prolongue en el tiempo más de lo necesario y que el Gobierno cumpla con la palabra dada", agrega el popular. 

Trámites por videoconferencia

La propuesta de digitalización alzada por el Consejo General del Notariado se basa, a grandes rasgos, en el uso de la videoconferencia como herramienta para realizar ciertos trámites: constitución de sociedades, revocación o autorización de poderes en temas concretos, intervención de pólizas, cancelaciones de hipotecas, testamentos en caso de epidemia, etcétera.  

También añade, entre otras mejoras técnicas, la creación de un sistema de seguridad que permita consultar copias digitales de documentos de carácter civil, mercantil, procesal y administrativo por aquellas personas que “tengan interés legítimo, a juicio del notario”. El sistema tendría un “código seguro de verificación” individualizado --o algún instrumento similar-- que permitiría realizar consultas, pero no modificaciones, al usuario o a quien éste entregue dicha herramienta.