El Govern tapa los agujeros del campus maldito de la UPC
La disolución del Consorcio de la Escuela Industrial de Barcelona destapa la pérdida de fondos FEDER del proyecto Diagonal-Besòs, lastrado por retrasos, irregularidades y contratos con empresas del 3%
9 julio, 2020 00:00La Generalitat ha renunciado a 1,3 millones de euros que le correspondían tras la reciente disolución del Consorcio de la Escuela Industrial de Barcelona (CEIB) y los cederá a la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) para que pueda avanzar en la construcción del Campus Diagonal-Besòs. Un proyecto maldito que ha sufrido retrasos e irregularidades en la adjudicación de contratos --concedidos a empresas vinculadas con el caso 3%--, según consta en un informe de la Sindicatura de Cuentas. Debido a esas anomalías, el proyecto perdió una parte de los fondos europeos FEDER. Ahora, el Govern intenta compensar esas pérdidas con el abono de esos 1,3 millones.
El CEIB se constituyó en 1998, integrado por la Generalitat, Diputación de Barcelona y la UPC con la finalidad sostener y gestionar los centros docentes de enseñanza superior universitario de titularidad propia o de las entidades consorciadas. También prevenía impulsar un proceso de integración definitivo de estos centros en el sistema universitario público de Cataluña. Todo ese proceso, que incluyó el traspaso de varias escuelas universitarias, culminó en junio de 2016, de forma que se dio por cumplida la finalidad para la que había sido creada, por lo que a partir de ese momento, el Consorcio quedó inactivo, sin personal y sin presupuesto.
En noviembre de 2019 se aprobó la disolución del CEIB y el proceso de liquidación, según el cual, correspondía a la Generalitat un total de 1,3 millones. Pero el Govern ha renunciado a esa cantidad que, según el acuerdo publicado por el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña (DOGC) el pasado 30 de abril, será abonada a la UPC para “realizar las inversiones necesarias para la adecuación de deficiencias estructurales, y para la reforma y adaptación a la normativa de los espacios desocupados por los grupos de investigación trasladados al Campus Diagonal-Besòs”.
En realidad, con esta transferencia, el Govern compensa a la UPC por las pérdidas de los fondos FEDER que en su momento recibió para impulsar ese Campus, pues de los 20,4 millones adjudicados, el centro universitario perdió 3,3 millones “por una serie de incidencias en los procedimientos de adjudicación de los contratos” que obligaron a las autoridades europeas a reducir su aportación, según consta en los documentos del expediente administrativo de disolución del Consorcio de la Escuela Industrial al que ha tenido acceso Crónica Global.
“Los desequilibrios financieros que causaron la falta de parte de los fondos FEDER impidieron efectuar gastos necesarios para la adecuación de edificios con deficiencias estructurales y por la reforma y adaptación a normativa de los espacios desocupados por los grupos de investigación desplazados al Campus Diagonal-Besòs, actuaciones que todavía están pendientes de realizar”, explica el Govern.
Los orígenes
Y es que la historia de este Campus Diagonal-Besòs se remonta a 2002 cuando la UPC, el Ayuntamiento de Barcelona y el Consorci del Campus Interuniversitari Diagonal-Besòs (CCIDB) firmaron un convenio para crear este nuevo campus de la UPC. La universidad encargó los proyectos de los diferentes edificios y gestionó las obras hasta finales de 2013, cuando esa labor pasó a la empresa pública Infraestructures.cat.
Pero la recesión económica y las consiguientes restricciones presupuestarias provocaron numerosos retrasos y reprogramaciones, pues el acuerdo inicial contemplaba el traslado de estudiantes en diciembre de 2008. En 2013, la secretaría de Universidades de la Generalitat --Antoni Castellà era el titular-- pasó la gestión a manos de Infraestructures.cat. El proyecto contaba con una financiación de 102 millones procedentes de varias instituciones.
El informe de la Sindicatura
En 2016, la Sindicatura de Cuentas elaboró un informe de fiscalización del Campus Diagonal-Besòs correspondiente al período 2008-2014, en el que puso de manifiesto no solo los retrasos y los problemas de financiación del Campus, sino irregularidades en la adjudicación de las obras a Bimsa (Barcelona d’Infraestructures Municipals, SA) e Infraestructures.cat por no ajustarse a la normativa en materia de contratación pública. Se da la circuntancia de que ambas empresas han estado implicadas en el llamado caso 3%, relativo a la supuesta financiación de CDC mediante la adjudicación de obra pública. Asimismo, Ferrovial es la que se llevó la mayor parte de las licitaciones por un total de 30,8 millones, según figura en el citado informe de la Sindicatura.
“De la revisión de una muestra de expedientes de contratación se desprende que en los contratos adjudicados por Bimsa y por Infraestructures.cat, la justificación de la exclusión de las ofertas presuntamente anormales o desproporcionadas no está suficientemente motivada y que en el caso de Infraestructures.cat el acuerdo de exclusión no ha sido adoptado por el órgano de contratación tal como correspondía”, afirma el órgano fiscalizador.
Asimismo, “los pliegos de cláusulas de los expedientes licitados por Infraestructures.cat incluyen una cláusula relativa a la financiación que fue declarada nula, por abusiva, por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña el 23 de abril de 2014 y por el Tribunal Supremo el 9 de octubre de 2015”. Y en los encargos de la UPC a Infraestructures.cat no figura el certificado de existencia de crédito”.