Ester Capella, consejera de Justicia de la Generalitat, ha acusado al Tribunal Supremo de estar "contaminado" por haber dictado la sentencia del juicio del procés contra los políticos independentistas. Y, por ello, no debería ser el que valorara en última instancia si merecen o no que se les aplique el tercer grado penitenciario. La miembro del Govern ha instado al alto tribunal que base su decisión "en los criterios que deben regir para valorar" el régimen de semilibertad, y no en que quienes lo disfruten sean políticos independentistas.
“Mi reclamación es que el tribunal haga abstracción de las personas", ha declarado Capella en una entrevista en TV3. "Que no piense” en los cargos que Oriol Junqueras, Raül Romeva y los demás presos ejercían cuando incurrieron en delitos de sedición y malversación, sino “en los criterios que han de regir para valorar la situación” de semilibertad que comporta el tercer grado. Aunque todo ello queda supeditado a que Fiscalía recurra este permiso.
El tercer grado de los políticos presos
El jueves 2 de julio, la Generalitat anunció la propuesta de aplicar el tercer grado penitenciario para todos los políticos condenados por el referéndum independentista del 1-O. La decisión se basó en la valoración realizada por las juntas de tratamiento de las diversas cárceles catalanas en las que se encuentran (Lledoners, Wad Ras y Puig de les Bases) y debe ser refrendada por la Secretaría de Medidas Penales, Reinserción y Atención a la Víctima de la Generalitat en un plazo máximo de dos meses.
La "unanimidad" de los informes penitenciarios ha levantado las alarmas por posibles tratos de favor hacia los independentistas, aunque la consejera de Justicia rechaza esta tesis. Ha asegurado que la "trayectoria" de cada político secesionista se ha valorado de forma individual "en función del compromiso" mostrado por cada uno de ellos y que el régimen de semilibertad "pone el acento en la reinserción”. “Es una de las maneras que contempla la propia ley de cumplir la condena", ha defendido.
Recurso de la Fiscalía
Tras la decisión del Govern, todos los ojos se han puesto en la Fiscalía, parte de la acusación en el juicio por el referéndum ilegal y que podría frenar las aspiraciones de libertad reducida de los secesionistas. El ministerio público tiene la opción de recurrir este tercer grado ante el Supremo, algo de lo que Capella se muestra completamente convencida que ocurrirá y a lo que se opone frontalmente.
"Algún día podríamos discutir si debe ser el tribunal sentenciador [el que decida sobre el tercer grado], que está contaminado porque los ha juzgado, porque los ha sentenciado", ha declarado la consellera. "Para mí es una contaminación clarísima". Es de destacar que Capella ya ha pedido en anteriores ocasiones la amnistía total de los presos; la última ocurrió horas después de que se comunicara la intención de que se les otorgara el tercer grado. En este sentido, ha detallado que "lo que me gustaría es que estuvieran en libertad, no con esta fórmula. No están en libertad, están cumpliendo una sentencia".