Los dirigentes independentistas, a las puertas de la semilibertad

Los dirigentes independentistas presos, tras el juicio por el 1-O, podrían pasar en breve a un régimen de semilibertad, si pasan en los próximos días al tercer grado. La decisión está en manos de las juntas de tratamiento de las cárceles de Lledoners (Barcelona); la de Mujeres de Barcelona y Puig de les Basses (Girona), que revisarán el régimen carcelario de los presos antes del jueves 9 de julio.

Lo que está en juego es mantener el segundo grado, en el que están ahora, tras las condenas del Tribunal Supremo, y que cuenta con medidas de flexibilización, --a partir del artículo 100.2—o pasar a un tercer grado que se considera de semilibertad.

Equipos de cuatro profesionales para decidir

La decisión se debe tomar porque el 8 de julio vence el plazo de seis meses que estipula el Reglamento Penitenciario para revisar el grado penitenciario. Hasta ahora el exvicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras; los exconsejeros Jordi Turull, Josep Rull, Quim Forn, Dolors Bassa y Raül Romeva; la expresidenta del Parlament, Carme Forcadell; el expresidente de la ANC, Jordi Sànchez y el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, están clasificados en el grado ordinario de privación de libertad, el segundo grado, pero se les aplica la flexibilización que está prevista en el artículo 100.2, que permite salir a trabajar o hacer tareas de voluntariado durante la semana.

Los equipos que deben decidir en cada una de las tres cárceles están formados por un jurista, un psicólogo, un educador social y un trabajador social. Y trasladarán su propuesta a las juntas de tratamiento.

Más cerca del tercer grado

Los presos tendrán un plazo de un mes, desde que reciben la decisión, para optar a una revisión por parte del Servicio de Clasificación, que emitirá una resolución. Y si se vuelve a denegar la progresión al tercer grado, los internos pueden recurrir al juez de vigilancia penitenciaria y, posteriormente, al tribunal sentenciador.

Para lograr el tercer grado se tiene en cuenta aspectos sobre si el interno ha abonado la responsabilidad civil procedente del delito; o si está cumpliendo su tratamiento individual. Y una posibilidad que podría invitar a conceder el tercer grado es que todos los presos por el 1-O están en un régimen flexible y salen para trabajar o hacer voluntariado, cumpliendo ya su pena.