Los mandatarios independentistas de la Generalitat se han especializado en los últimos años en autoproclamarse paladines de los valores democráticos, aunque tal alarde no siempre ha coincidido con su forma de actuar. Así ocurrió durante el convulso verano de 2017 --leyes de desconexión, referéndum ilegal de secesión, declaración unilateral de independencia...-- y, de obra o de palabra, cíclicamente surjan serias dudas sobre dicha virtud.
Un ejemplo de ello lo hemos tenido este jueves de la mano de Quim Torra. El presidente de la Generalitat ha sido el autor de un curioso oxímoron al reivindicar, en un mismo mensaje en sus redes sociales, "la libertad de expresión" para reclamar, acto seguido, la retirada de un cartel del PSC.
El mandatario posconvergente ha vuelto a hacer gala de su mal encaje de las críticas expresando su enfado por la publicación de dicho cartel, en el cual, junto a una imagen de Torra, los socialistas catalanes reclaman en sus redes el fin de las "intromisiones" del Govern en TV3, después de que la consejera de Cultura de la Generalitat, Mariàngela Vilallonga, haya reconocido esta misma semana haber llamado la atención a los dirigentes de la televisión pública pagada por todos los catalanes porque en una serie algunos personajes hablan en castellano.
"Les pido que lo retiren"
"Señoras y señores del PSC. ¿Les parece normal este cartel? ¿Así ven al Presidente de su país, manipulando los servicios públicos? Para mí la libertad de expresión es sagrada, me parece haberlo demostrado sobradamente. Les pido, pues, que retiren este cartel ofensivo".
Cabe recordar, en este sentido, que la incoherente petición de Torra se produce meses después de que el propio mandatario posconvergente protagonizara varias controversias colgando pancartas y símbolos independentistas del balcón de la Generalitat durante meses, y se negara luego a retirarlas hasta última hora por orden de la Junta Electoral en vísperas de unas elecciones, desobedeciendo e incumpliendo de forma reiterada la debida pluralidad y neutralidad de las instituciones públicas pagadas por todos los catalanes.