Los ocho motivos por los que el desafío independentista se mantiene

“En Cataluña se vive una situación de amenaza del Estado de Derecho”. Así lo asegura un informe elaborado por dirigentes de Impulso Ciudadano, enviado a la Comisión Europea, con la finalidad de contrarrestar el documento que, el pasado mes de mayo, dirigió la Generalitat de Cataluña a las instituciones europeas con la finalidad de arremeter contra España en general y contra la Justicia en particular.

“El procés no ha muerto, está adormecido. Los independentistas volverán a actuar cuando puedan. Por eso mantienen la desobediencia y el desafío”, explica a Crónica Global el presidente de Impulso Ciudadano (IC), José Domingo, movimiento cívico por los derechos de los ciudadanos. “Desobediencia, porque así generan victimismo, que es el carbón que necesita la máquina. Y desafío a la legalidad, lo que provoca el desánimo del sector constitucionalista”, añade Domingo.

José Domingo comenta la razón por la que el TSJC obliga a Torra a retirar símbolos separatistas (junio 2019) / TWITTER

El informe de la Oficina de Derechos Civiles

El pasado mes de mayo, tal como informó Crónica Global, la Generalitat intentó aprovechar una consulta abierta efectuada por la Comisión Europea a diversas instituciones para colar su propaganda contra España en base a un informe de la Oficina de Derechos Civiles y Políticos, cuya actividad se basa exclusivamente en denunciar la existencia de “presos políticos” y de una “cúpula judicial española politizada”.

El informe de esta Oficina, dirigida por el exdirigente de la CUP Adam Majó y creada a finales de octubre a la medida de la estrategia de confrontación del Govern contra el Gobierno, arremete contra la Justicia española, se alude a los casos Sandro Rosell y el encarcelamiento de los líderes independentistas por el referéndum del 1-O. Concluye, en definitiva, que “la cúpula judicial española está politizada y hay una falta de independencia estructural”.

'El Estado de Derecho en España'

En respuesta a esas reflexiones, y a modo de alegaciones, José Domingo, Rafael Arenas e Isabel Fernández, dirigentes de Impulso Ciudadano, han elaborado el informe –traducido al inglés por Carlos Silva-- El Estado de Derecho en España, en el que advierten de que Cataluña vive una situación de amenaza del Estado de Derecho.

El presidente de Impulso Ciudadano, José Domingo / IC

El documento, de 31 folios, ha sido enviado a la presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen; a la vicepresidenta responsable de Valores y Transparencia, Vera Jourova y al comisario europeo de Justicia, Didier Reynders. Se trata de un repaso al conflicto independentista, acompañado de fotos, citas y referencias jurídicas, que resumen en ocho puntos:

1. La declaración de independencia.

Para los autores, el proceso no se limitó a las palabras, sino a los hechos. Recuerdan la aprobación de las leyes de ruptura, el referéndum del 1 de octubre de 2017 y la aprobación de la declaración unilateral de independencia (DUI). “El proceso secesionista desafió a la Constitución y a la legalidad española por parte de las instituciones autonómicas y supuso una quiebra efectiva del Estado de Derecho”, indica el informe. A su vez, “este proceso de secesión implicó la utilización partidista de la escuela, el acoso al discrepante, la falta de neutralidad de los medios públicos de comunicación y un general incumplimiento de la obligación de neutralidad de los poderes públicos”.

“El desafío a la ley no se queda solamente en las palabras, sino que ha llegado a los hechos, concretamente en lo que se refiere a la neutralidad de las instituciones y el respeto a las reglas durante las elecciones”, añaden.

2. Falta de neutralidad de las administraciones.

“Los edificios públicos tanto de la Generalitat como de muchas administraciones locales lucen símbolos nacionalistas; lo que provoca que aquellos ciudadanos que no comparten la ideología nacionalista se sientan excluidos por tales administraciones o se perciban a sí mismos como ciudadanos de segunda categoría”, explica el documento enviado a la CE.

“Estos símbolos están en buena parte vinculados a las campañas organizadas en apoyo de los líderes nacionalistas juzgados y condenados por su participación en el intento de derogación de la Constitución en Cataluña en septiembre y octubre de 2017”.

3. Utilización partidista de los Mossos

Aquí interesa sobre todo “destacar la utilización partidista de la policía, pues en unas ocasiones identifica a quienes colocan simbología en el mobiliario urbano (banderas españolas) mientras que en otras permite que esa simbología partidista sea colocada (cuando se trata de simbología nacionalista) e incluso actúa contra quienes la retiran. Una actuación partidista de la policía es incompatible con principios básicos del Estado de Derecho”.

En algunos municipios de Cataluña “se ha llegado a prohibir que partidos políticos contrarios al nacionalismo realizaran actos políticos” sin que “ni siquiera se haya llegado a producir una condena generalizada por parte de partidos políticos e instituciones. Esta tolerancia hacia las restricciones al pluralismo político es muestra de un deterioro significativo del Estado de Derecho.

4. Desobediencia judicial.

“La negativa de las autoridades públicas a obedecer las instrucciones de la administración electoral en lo que se refiere a su obligación de neutralidad en período electoral ha llevado incluso a que el presidente de la Generalitat fuera juzgado y condenado por desobediencia” .

La desobediencia de Torra “se incardina en la práctica de desobediencia de las autoridades nacionalistas a las órdenes de los tribunales. Es famosa la imagen que difundió el anterior presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, en la que posaba con cinco requerimientos del Tribunal Constitucional como muestra de su voluntad de no atender a las órdenes que le llegaran de los tribunales”.

5. Adoctrinamiento en la escuela y universidades.

El sistema educativo en Cataluña “se ha puesto, sin embargo, al servicio del proyecto nacionalista. La escuela es un elemento esencial en la configuración de la sociedad y esto ha implicado que haya sido objeto de una atención especial por las autoridades nacionalistas, quienes la consideran una estructura de estado, en el sentido de un elemento básico para la construcción de un estado independiente en el territorio de Cataluña". En las escuelas “se realizaron actividades vinculadas con el referéndum ilegal y de protesta contra la reacción de las instituciones del Estado a la ilegalidad que suponía este referéndum. En estas actividades participaron niños incluso de corta edad”.

Mención especial merece el régimen lingüístico. “El castellano no está prácticamente presente en la enseñanza de los 0 a los 6 años, y a partir de esa edad su presencia se limita a dos horas de clase a la semana (la clase de lengua castellana) hasta los 12 años y a tres horas a la semana a partir de ese momento y hasta el fin de la educación obligatoria, a los 16 años". Remiten al análisis de los proyectos lingüísticos elaborado por la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB), según el cual ningún centro público de Cataluña se llega a ese 25% de presencia del castellano, a pesar de ser lengua cooficial junto al catalán y de las sentencias judiciales de obligan a ampliar las horas en español. En cuanto a la universidad, a los símbolos nacionalistas presentes en los centros se añade  “la emisión de declaraciones por parte de los órganos de las Universidades en apoyo de las posiciones nacionalistas, incluso en período electoral”. A lo anterior se une el “señalamiento y acoso a quienes manifiestan abiertamente su oposición al nacionalismo. En este sentido, es significativo el caso de los colectivos de estudiantes en la Universitat Autònoma de Barcelona, Joves SCC-UAB y S’Ha Acabat”.

6. Control de los medios de comunicación.

Durante los años del procés “el grado de injerencia del ejecutivo de esta comunidad autónoma en el sector mediático se ha ido incrementado progresivamente, advirtiéndose incluso numerosas evidencias de presión a los periodistas”. Son muestras de esta injerencia “el férreo control en la designación de los cargos clave de los medios públicos autonómicos (referente informativo indudable de los catalanes separatistas, TV3 y Catalunya Ràdio) y las cuantiosas transferencias absolutamente discrecionales de dinero público a medios privados afines, creando, por ejemplo, una inflación de digitales y de medios locales que en modo alguno podrían sobrevivir en un sistema de libre competencia”.

En lo que respecta al sector mediático privado, durante los años del procés se advierte “un incremento muy notable del presupuesto destinado a campañas de publicidad institucional, que, según recoge el propio Portal de Transparencia de la Generalitat, pasa de 15,8 millones en 2012 a 32,4 en 2018, siendo lo más llamativo la absoluta falta de proporcionalidad entre las cifras de difusión de los medios y los ingresos que reciben por este concepto”. “Nos encontramos, en definitiva, ante actuaciones por parte del poder nacionalista que atentan contra el principio constitucional del pluralismo mediático, esencial para el debate democrático. En los medios públicos no existe en absoluto pluralismo interno (ni de gestión ni de contenidos), mientras que, en el mercado, el pluralismo externo (diversidad de líneas editoriales) está enormemente debilitado por la sobrefinanciación pública de los medios de corte separatista”.

7. Violencia política tolerada y amparada por el poder público.

“En Cataluña se vive una situación de constante presión sobre aquellos que se oponen al nacionalismo”. El Observatorio Cívico de la Violencia Política en Cataluña, integrado por Impulso Ciudadano y Movimiento contra la Intolerancia ha elaborado dos informes. El primero llega a la conclusión de que el 90% de la violencia política en Cataluña se dirige contra aquellos que se oponen al nacionalismo (primer semestre de 2019). El segundo eleva esta cifra al 96% (segundo semestre).

Esta violencia, además, es incluso azuzada desde el poder. El propio presidente Quim Torra, en un momento determinado incitó a algunos de los grupos responsables de esta violencia (los denominados CDR, comités de defensa de la república) a ‘apretar’”. “Es especialmente significativo que en el segundo semestre de 2019, la gubernamental Oficina de Derechos Civiles y Políticos de la Generalitat, ha detectado sólo 53 casos de intolerancia política, mientras que el informe del Observatorio Cívico de la Violencia Política en Cataluña contabilizó 977 episodios de violencia política y de odio ideológico, especialmente hispanofóbico”.

8. Falta de Garantías: el caso del Síndic de Greuges.  

En el caso de Cataluña, sus ciudadanos tienen la posibilidad de acudir al Defensor del Pueblo español y también al Defensor del Pueblo catalán (Síndic de Greuges) y, además, existen instituciones equivalentes en distintas administraciones. “Estas instituciones, sin embargo, han hecho manifiesta también su renuncia a defender los derechos de quienes discrepan del nacionalismo”.

En el caso del Síndic “la situación es aún más grave, porque no solamente se ha desentendido de las vulneraciones de derechos que afectan a quienes discrepan del nacionalismo sino que ha llegado al punto de cuestionar actuaciones de la administración que supusieran una ampliación de derechos para éstos”. Ante esta situación, los ciudadanos que no comparten los planteamientos nacionalistas “optan por remitir sus quejas al Defensor del Pueblo español, renunciando en buena medida a recurrir a una institución que ha mostrado su parcialidad en múltiples ocasiones”.