Se va como ejerció el cargo. Sin dar explicaciones. Manuel Manonelles, hasta ahora delegado de la Generalitat en Suiza, será sustituido al frente de esta estratégica plaza por Gabriel Boichat, un profesional de la comunicación y de la “incidencia política”, según explicó el Govern el martes, tras anunciar el relevo.
Estratégica plaza porque, en los últimos meses, Suiza se ha convertido en el epicentro de la propaganda independentista en el exterior. Durante el procés, el Govern intensificó sus relaciones con el país helvético, donde tienen su sede los organismos relacionados con los derechos humanos de la ONU. Allí residen la exdiputada de la CUP, Anna Gabriel, y la secretaria general de ERC, Marta Rovira, desde que huyeron de la Justicia española.
Generar una opinión favorable a la causa independentista ha sido uno de los objetivos de la diplomacia catalana, y Suiza ha sido uno de los pocos países donde ha encontrado complicidades. De ahí la importancia de que al frente de la embajada en Ginebra se sitúe ahora a un consultor como Boichat, con 15 años de experiencia en estrategia política, suizo de nacimiento y muy activo en redes en la defensa de procés.
El procesamiento de Manonelles
Manonelles fue procesado en noviembre de 2019 por la juez que investiga los preparativos del referéndum del 1-O, acusado de malversación de caudales públicos, prevaricación y desobediencia por contratar observadores internacionales del 1-O. Ni Manonelles ni el resto de “embajadores” repartidos por el mundo --no confundir con la red de oficinas comerciales de ACCIÓ, dependiente de la Consejería de Empresa-- han dado nunca explicaciones en el Parlament sobre sus actividades.
Manuel Manonelles, exdelegado de la Generalitat en Suiza / CG
Los altos cargos, alega la Generalitat, no están obligados a informar de sus actividades. Los presupuestos de la Generalitat para 2020 contemplan un aumento de la partida destinada a estas embajadas, de 6,5 millones a 7,5 millones, pero se desconoce la agenda oficial de estos responsables de divulgar el procés en el exterior.
Sin embargo, el Tribunal de Cuentas sí realizó un informe muy concienzudo [se puede leer en este enlace] de esas oficinas en general y de la de Suiza en particular. Los datos son abundantes. En el mismo se relatan los contactos de la Secretaría de Exteriores del Govern con Suiza, así como el coste de cada uno de los viajes y actos realizados. Narra, por ejemplo, la participación en la conferencia internacional Autodeterminación en Europa: desafíos contemporáneos de las minorías en Estados multinacionales, desarrollada el 9 de octubre de 2014, en la Universidad de Berna.
El apoyo a Kosovo
Uno de los documentos a los que hace referencia el Tribunal de Cuentas se titula Estrategia de Suiza 2017, que entre otros puntos, prevé “ayudar a organizar el viaje a Cataluña del Grupo de Amistad Parlamentaria Suiza-CAT (19-21 abril 2017)”
¿Por qué Suiza? El país helvético apoyó la independencia de Kosovo, es sede de importantes organismos internacionales, y un enclave financiero fuera de la Unión Europea. Un grupo de trabajo de la ONU criticó el verano pasado el encarcelamiento de políticos independentistas por el referéndum del 1-O en un estudio no vinculante. Más recientemente, el Relator Especial para las Minorías de Naciones Unidas, Fernand de Varennes, presentó un polémico informe sobre los presos secesionistas y la “minoría política catalana”.
El polémico informe de Varennes
Varennes afirmaba que "la disidencia política no violenta de las minorías no debería dar lugar a cargos penales” y citaba al relator especial de la ONU sobre libertad de opinión y expresión, quien emitió un comunicado el 6 de abril de 2018 “instando a las autoridades españolas a abstenerse de presentar cargos penales de rebelión contra figuras políticas y manifestantes pertenecientes a la minoría catalana”.
El Relator Especial para las Minorías, Fernand de Varennes, quien alude en un informe a una "minoría política catalana" / ONU
El Govern, tal como publicó Crónica Global, se niega a informar de las subvenciones otorgadas a organismos dependientes de la ONU. Pero se sabe que, en octubre de 2017, el gobierno de Carles Puigdemont destinó 301.000 euros a Naciones Unidas para contribuir en los acuerdos de paz entre las FARC y el Gobierno de Colombia.
Asimismo, en noviembre de 2016, la Generalitat y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) firmaron un convenio según el cual el la Generalitat se comprometía a realizar una aportación de 100.000 euros.