Del fracaso de la política al gobierno de los jueces

La dura oposición de PP y Vox contra el Gobierno de Pedro Sánchez ha puesto de moda el término anglosajón lawfare, que significa guerra judicial y alude a la criminalización del adversario político. Las querellas presentadas contra el Ejecutivo por la gestión de la pandemia del coronavirus y el informe de la Guardia Civil sobre los riesgos de contagio del 8M, que se saldó con el cese del coronel Diego Pérez de los Cobos por “pérdida de confianza”, pone en alerta a juristas consultados por Crónica Global.

Advierten del peligro que supone el “gobierno de los jueces”, consecuencia del fracaso de la política, y califican de “inmoral” que el partido que ha perdido las elecciones denuncie todo lo que hace el ganador para obstaculizar su actuación, su confianza y su imagen. Reabren, asimismo, el debate sobre la politización del poder judicial --con Carlos Lesmes, propuesto por el PP y con mandato caducado al frente del Consejo General del Poder Judicial--, agravado con trayectorias de ida y vuelta entre la función jurisdiccional y la política. El independentismo recuerda estos días que el procés también se puede considerar como un caso de lawfare.

Diego Pérez de los Cobos (testigo)

“No creo que sea bueno que la oposición judicialice la gestión política, ni tampoco que el gobierno interfiera en la actuación policial y judicial”, afirma José Antonio Perea Unceta, profesor de Derecho Internacional Público en la Universidad Complutense de Madrid.

No obstante, afirma que “los intentos de someter, influir, hacer caer o dificultar a los gobiernos mediante denuncias ante los tribunales presentadas sistemáticamente por los partidos opositores forma parte de la historia política de los regímenes democráticos desde la separación de poderes allá por la revolución americana y la francesa”. Según el jurista, “ocurre en todos los países, unas veces por la sistematización de las prácticas corruptas, como ha sucedido en las últimas décadas en Latinoamérica: Guatemala, Ecuador, Perú, Brasil, Argentina, El Salvador... Con una veintena de expresidentes procesados y unos cuantos que han pasado o están en la cárcel”.

Luiz Inácio Lula da Silva (centro) habla a lo miles de brasileños reunidos en un acto de apoyo a la presidenta del país, Dilma Rousseff

El ejemplo que ponen todos los expertos consultados por este diario es Brasil y las causas abiertas contra los presidentes o los ministros de Fernando Collor de Mello, Lula da Silva, Dilma Rousseff y Michel Temer. O Perú y los procesos contra Alberto Fujimori, Ollanta Humala o Alejandro Toledo. “Sin olvidar el desastre político-judicial de Guatemala o El Salvador. En estos casos, el uso de los tribunales es consecuencia exclusivamente de una costumbre endémica de prácticas ilícitas prácticamente por cualquiera que accede al poder en algunos países”, añade Perea Unceta.

González y Rajoy

“Es lo sucedido en España en la última etapa tanto de Felipe González como de Mariano Rajoy (por hechos previos de otras administraciones populares). La causa del uso de la justicia es la corrupción, no el protagonismo de los jueces, por mucho que a veces algún juez lo haya pretendido (y conseguido)”, afirma el profesor de Derecho.

Pablo Casado, el líder del PP y jefe de la oposición, en su intervención en el Congreso / EP

En otros países de nuestro entorno, como sucede ahora en España, también hay casos, pero de forma menos endémica, con la excepción de Italia en algunas etapas, como el proceso conocido como Tangentopoli (1992) sobre corrupción. “En todos los países, cuando quien gobierna actúa con una apariencia de ilegalidad --sea por interés económico o cualesquiera otros (véase el Watergate, Estados Unidos, 1973)-- la prensa lo investiga y denuncia y la oposición política se ceba”, añade.  

"Es inmoral"

¿Es ilícito recurrir sistemáticamente a los tribunales? “No, si el gobernante cumple la ley no debe temer la actuación judicial. El problema, en mi opinión, es cuando el partido que ha perdido las elecciones denuncia todo lo que hace el ganador para obstaculizar su actuación, su confianza y su imagen. Esto sí es inmoral, porque no persigue la restauración de la legalidad sino simplemente menoscabar al rival”.

Y es que denunciar en lo penal es muy barato y no tiene ninguna consecuencia para el denunciante. Por lo que es un arma política muy fácil. Los juristas recuerdan el caso de Demetrio Madrid, presidente de Castilla-León, quien dimitió en 1986, absuelto poco después sin posibilidad de reemprender su carrera política.

Santiago Abascal durante el pleno del Congreso / EP

Respecto a las relaciones entre poder ejecutivo y poder judicial sí que es más extraordinario que se produzcan enfrentamientos entre ambas entidades. Sería el caso de Venezuela, cuando en 2002, 2004 y 2008, Hugo Chávez combatió a los jueces y consiguió destituir a centenares de ellos, hasta copar el poder judicial.

Un caso especialmente complejo es el que se está produciendo actualmente en Polonia bajo la atenta mirada de la Unión Europea. “En España este enfrentamiento no existe porque los jueces no tienen una capacidad política corporativa, primeramente, porque hay jueces de todas las opiniones políticas de la sociedad, y en segundo lugar, porque hay un alto sentido de la profesionalidad entre quienes integran la carrera judicial”, afirma José Antonio Perea Unceta.

"Un tema muy preocupante"

“Es un tema interesantísimo y preocupante. El fracaso de la política nos lleva al gobierno de los jueces, es decir, personas que no han sido votadas en unas elecciones”, explica el abogado y expresidente del Consejo de la Abogacía Pere Lluís Huguet. Advierte de que España está en un momento “muy complicado” debido a la crisis económica y social producida por la pandemia del Covid-19. “Se está utilizando la Justicia para hacer política. Y esa no es la función de los jueces, se les da un poder para el que no han sido elegidos. Hay que volver a la política, al diálogo”, añade el letrado.

Huguet cree que “la vulneración de los derechos de una minoría por parte de una mayoría, algo inherente a los populismos, nos lleva a los jueces”.

Resulta inevitable remontarse a las causas judiciales del procés. Si los días 6 y 7 de septiembre de 2017 --fechas en las que se aprobaron las leyes de ruptura-- el Gobierno español hubiera actuado. Y cuando Carles Puigdemont dudaba entre aprobar una declaración de independencia o convocar elecciones, Rajoy debió dar una mínima señal de que se podía reconducir la situación. Es obvio que no se debe ceder al chantaje, pero había formas de hacerlo”.

De hecho, sectores independentistas han recordado estos días que los procesos contra el desafío independentista también fueron un caso de lawfare.

"La justicia como arma de guerra"

El abogado Javier Melero, quien defendió a los exconsejeros catalanes Joaquim Forn y Meritxell Borràs en el juicio por el referéndum del 1-O, considera que el lawfare es “un tema muy interesante, aunque un tanto ambiguo. Yo creo que el problema viene de antiguo y que el juicio de Nuremberg es un antecedente importante de esa utilización de la justicia como un arma más de guerra contra el enemigo. Aunque se trate de un arma blanda si la comparas con un cañón”.

Melero cree que “mucha gente olvida que el judicial es un poder que forma parte del Estado. Lo ideal es que sea independiente, pero eso no evita que sea ‘Estado’ en sentido estricto y que sus intereses coincidan con los de ese Estado u orden de cosas”.

El abogado alude a la politización de la Justicia, esto es, a un poder judicial cuyo sistema de elección siempre se ha considerado contaminado por las mayorías políticas.

"Una tentación que siempre ha existido"

Al igual que Perea Unceta, el catedrático de Derecho Constitucional de la Universitat de Barcelona (UB) Xavier Arbós, también cree que el lawfare viene de lejos. “Aunque el término se inventa en 1975, lo que describe es tan antiguo como la existencia de la administración de justicia. Si se supone que ésta debe ejercerse desde la imparcialidad, hay que suponer que, siendo la naturaleza humana la que es, siempre ha existido la tentación de poner la función jurisdiccional al servicio de fines políticos”, explica.

Por eso, la Carta Magna “apunta ya que los nobles deben ser juzgados por sus pares, para evitar las interferencias del rey. Y más tarde la inmunidad parlamentaria nace para evitar que las causas penales interesadas puedan ser empleadas para intimidar a los parlamentarios”. Según Arbós, “se diría que la independencia del Poder Judicial iba a evitar la instrumentalización al servicio de fines ajenos al del imperio de la ley. Pero no es así. Entre algunos jueces de izquierda de Italia tuvo curso en los ochenta la idea del ‘uso alternativo del Derecho’, consistente en la búsqueda sistemática de la interpretación de la ley más coherente con el propósito de la emancipación social de los trabajadores”.

Efecto intimidatorio

A veces, ese uso distorsionado de la legislación “nace de la combinación casual o deliberada entre dos sectores. Por una parte, quienes, gracias a la peculiar institución de la acusación popular, impulsan la acción penal basándose en los delitos de odio o contra los sentimientos religiosos. Por otra, jueces que parecen ignorar el alcance constitucional de la libertad de expresión y admiten a trámite esas querellas. Eso solo ya produce un efecto intimidatorio, aunque luego sean absueltos los querellados”.

El presidente del Supremo y del CGPJ Carlos Lesmes / EP

Y si a eso “añadimos factores que distorsionan la apariencia de imparcialidad de los jueces, como son, de un lado, las trayectorias de ida y vuelta entre la función jurisdiccional y la política, de un lado, y de otro la influencia partidista indirecta en los nombramientos (mediante la influencia directa en el Consejo General del Poder Judicial), en España tenemos un cuadro en el que se puede practicar el lawfare, o involuntariamente aparentarlo. En los dos casos, porque se haga o parezca que se haga, muy mal”.

La abogada y exjuez María Jesús Hernández Elvira considera que el lawfare “no es un término que se haya utilizado hasta ahora. Es más propio de países anglosajones. Hasta la fecha, con sus excepciones, la justicia se ha mantenido al margen de la política. Al menos en teoría”. Pero avisa de que “dado el abuso normativo del que se está haciendo uso, no es descabellado pensar que se pueda implementar en nuestro derecho”.