Cinco medidas de Almeida para reactivar Madrid que Colau ni vio en Barcelona

¿Dónde está Ada Colau? La alcaldesa de Barcelona ha dado esta semana, la previa a la reapertura parcial de la Ciudad Condal y conurbación, tres entrevistas a medios y dos ruedas de prensa. Pero el empresariado catalán destaca su "desaparición" e "incomparecencia" durante la pandemia. Al menos para liderar la urbe en materia económica, un atributo que sí reconocen a José Luis Martínez-Almeida (PP), primer edil de la capital.

"No todo el mundo creía en él, pero ha mostrado mucho más liderazgo que la alcaldesa de Barcelona, que lleva ya una legislatura de ventaja", se quejan. ¿Tienen razón? Lo cierto es que el primer edil de la mayor ciudad española preparó la reactivación desde los primeros compases de la pandemia. Es por ello que ha conseguido colocar a Madrid en mejor posición que Barcelona de cara a la fase 1, que arranca el lunes en ambas ciudades con grandes nubarrones en el campo económico.

Alivio fiscal al comienzo

1- Paquete fiscal al principio de la crisis. Fue una de las medidas más aplaudidas del Gobierno capitalino. El Ayuntamiento de Madrid anunció el 12 de marzo una rebaja fiscal por un volumen de 63 millones de euros para "aliviar la crisis". ¿En qué se tradujo? En la bonificación del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) del 25% al ocio y la hostelería; del 25% del Impuesto de Actividades Económicas (IAE) al ocio, restauración y grandes superficies y a moratorias en otros tributos como el de los Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM), Pasos de Vehículos (TPV) o Cajeros Automáticos. A este paquete le siguió otro --en abril-- por valor de 180 millones de euros, que incluía un 25% de descuento en la tasa de terrazas.

¿Y Barcelona? En la ciudad mediterránea, la alcaldesa ha defendido el pago de impuestos y ha rechazado vacaciones fiscales de tributos: solo ha aplazado la liquidación de un IBI que recalculó al alza en enero. De hecho, subió algunos en plena pandemia, como la tasa de conservación de nichos --rectificó tras la denuncia de éste y otros medios-- e implantará otro en breve: la nueva tasa de residuos. Sí anunció el Ayuntamiento una moratoria de los gravámenes municipales, la exención del precio público en la recogida de residuos urbanos o el aplazamiento de la tasa turística. Los restauradores, además, lograron una bonificación del 75% de la tasa de terrazas hasta diciembre, pero solo tras una larga lucha. "Tras la subida aprobada en enero, nos quedaremos igual", se quejan fuentes del sector.

Alianza con grandes empresarios

2. Mesa con las grandes empresas para reactivar la ciudad. Es una de las medidas celebradas por el empresariado barcelonés...que tiene lugar en Madrid. El alcalde de la capital presidió esta semana la primera reunión plenaria de Madrid Futuro, una plataforma de alianza con las grandes empresas para relanzar la economía de la urbe. Acudieron grandes grupos como Telefónica, Acciona, Endesa, Bankia, Mutua Madrileña, Quirónsalud, Fundación Cotec, la patronal CEIM-CEOE o Cáritas. El cónclave, inspirado en las mesas de reconstrucción que el Gobierno italiano está celebrando con grandes empresas, sirvió como toma de contacto de cara a la elaboración de un plan de reactivación de la capital que elaborarán el despacho Herbert Smith y la consultora McKinsey.

En Barcelona, el primer teniente de alcalde, Jaume Collboni, ha tratado de tender puentes con el empresariado con el Pacte per Barcelona, cuya primera reunión se celebró el 28 de abril. La vía de salida de la ciudad al Covid-19 tiene, como en Madrid, cuatro grupos de trabajo y un horizonte: la firma del acuerdo en julio de este año. No obstante, agrupa a un crisol de miembros, algunos con agendas enfrentadas, desde Esade al Sindicat de Llogaters. También se ha puesto en marcha la Mesa de Ciudad con la vista puesta en el postCovid. Colau asistió a la primera reunión y se marchó a media sesión porque tenía otro compromiso.

Agilidad en los trámites

3. Licencias más rápidas. El pacto de reconstrucción propuesto por Almeida a la oposición contempla conceder licencias urbanísticas más rápidas con el fin de espolear la construcción y generar un efecto arrastre sobre el conjunto de la economía. En abril, el gobierno municipal de la capital ya anunció que arrancaba las visitas a 1.300 obras de primera vivienda para conceder licencias de ocupación urgente para familias. A principios de mayo, el equipo de Almeida anunció una batería de ocho medidas para agilizar las licencias de construcción, con vista a reactivar 34.000 expedientes a corto y medio plazo. Ello incluía la licencia por fases, con permiso para empezar a trabajar sin esperar a la autorización final. También tuvo más cintura el alcalde de Madrid con bares y restaurantes, pues anunció hace un mes --el 22 de abril-- un plan propio de desescalada para la hostelería. La batería de medidas la confirmó el Ayuntamiento capitalino el 30 de abril tras un pacto previo con los restauradores.

Barcelona tardó una semana más en anunciar la medida que los restauradores habían pedido previamente. Finalmente, la luz verde se vio el 6 de mayo. Donde la visibilidad sigue borrosa es en la construcción. El gobierno municipal aceptó una propuesta de ERC para agilizar los trámites, pero ha anunciado que priorizará las viviendas de protección oficial (VPO). En este campo cabe recordar que la organización empresarial APCE ya pidió una suerte de ley ómnibus local para recortar burocracia en la construcción barcelonesa en abril. No hay noticia de la misma.

El primero en pedir más dinero

4. Reclamación del uso del déficit y remanente de tesorería. José Luis Martínez-Almeida se avanzó al resto de primeros ediles de las grandes capitales y ya pidió en marzo --el día 19, concretamente--, cuando anunció las primeras medidas fiscales, permiso al Gobierno para que el Ejecutivo autorizara el gasto del déficit (400 millones) y el remanente de tesorería acumulado en los años anteriores. Posteriormente, fueron los primeros ediles de las siete mayores ciudades de España, incluida Ada Colau y Barcelona, los que se conjuraron públicamente para presionar a Moncloa en abril. Pero Almeida ya previó el agujero en las cuentas que dejaría el coronavirus y se avanzó incluso a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). Hubo más. Tras ello, el alcalde ya hincó el diente a las inversiones que paga el remanente de tesorería para pagar gasto corriente derivado del Covid-19. Lo hizo el 6 de mayo mediante decreto.

En Barcelona, el gobierno municipal también se ha sumado a la reclamación de mayor financiación para los entes locales ante el descalabro en sus cuentas que ha supuesto la pandemia. En la Ciudad Condal, el agujero llega a los 310 millones de euros. Por el momento y a diferencia de Madrid, el equipo de Colau ha hecho dos cosas. Una, proponer una modificación presupuestaria a la oposición --que aún debe ser negociada-- y enviar una carta pidiendo más oxígeno financiero al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Mientras, el bipartito de BComú y PSC ya plantea recortar inversiones por valor de 150 millones de euros, incluidas obras de tanta envergadura como la nueva plaza de les Glòries.

Cobertura a los autónomos y pymes

5. Ayudó y da voz a los autónomos. La primera semana de pandemia ya marcó el inicio de las primeras medidas del Ayuntamiento de Madrid con este colectivo de trabajadores. El rescate fiscal anunciado por el gabinete de Almeida a mediados de marzo se complementó con un paquete de ayudas, bonificaciones y líneas de crédito para autónomos y pymes aprobada en la junta de gobierno del 2 de abril con un alcance económico de 180 millones de euros, 24 de los cuales ayudas directas. Antes, la ciudad ya había puesto en marcha el consejo del autónomo para recabar información sobre el impacto del parón económico en este segmento de empleados.

En Barcelona, de nuevo, fue el teniente de alcalde del área económica, Jaume Collboni, el que salió a dar la cara por el colectivo, Anunció un plan de rescate de 25 millones para pagar una tarifa plana de 300 euros a 16.500 autónomos si éstos habían perdido el 75% o más de la facturación. Es ampliable dependiendo de la disponibilidad presupuestaria. Asimismo, el Ejecutivo local avisó de la creación de una oficina de "acompañamiento" a esta comunidad económica y a la pequeña y mediana empresa afectada por la reclusión. No obstante, la medida llegó semanas más tarde que en Madrid, el 27 de abril, y generó un colapso de solicitudes, tal y como avanzó Metrópoli Abierta.