Ada Colau endosa un nuevo impuesto en plena crisis económica

El Ayuntamiento de Barcelona que comanda Ada Colau quiere endosar un nuevo impuesto a los barceloneses en plena crisis económica. El gobierno municipal está maniobrando para empezar a cobrar la nueva tasa de residuos a partir de junio. Lo hará pese a que miles de vecinos de la ciudad han perdido sus empleos, verán cerrar sus negocios --hasta el 30% en los principales ejes, según las asociaciones-- o apenas habrán superado, y no todos, sus despidos temporales o ERTE, que los han tenido inactivos y con menos ingresos.

Según ha podido saber este medio de fuentes de la oposición municipal, el gobierno municipal de BComú y PSC mantienen el calendario de cobro del nuevo gravamen, que supondrá un pago extra de entre 27 y 51 euros al año para 557.000 hogares de la Ciudad Condal. La carga fiscal extra, que pretende impulsar el reciclaje de residuos en la segunda mayor ciudad española, irá vinculada al recibo del agua a partir del próximo mes.

Ada Colau endosa un nuevo impuesto en plena crisis económica / EP

Incumple un acuerdo de pleno...

El impuesto que gravará la recogida de residuos en la ciudad, si finalmente entra en vigor cuando planea el bipartito sociocomún, significará un incumplimiento flagrante de un acuerdo del pleno tomado por unanimidad en la sesión plenaria del 29 de abril. En aquella reunión telemática, todos los partidos, también los que conforman el Ejecutivo local, votaron [consultar acuerdos aquí] a favor de una proposición presentada por Junts per Catalunya sobre la reactivación económica de la ciudad. El texto incluía el replanteamiento de la aplicación de la nueva tasa de terrazas --que finalmente se bonificará en un 75% hasta el 31 de diciembre-- o la aplicación del tributo a la retirada urbana de basuras.

El gobierno municipal se comprometió a "hablar" de reprogramaciones fiscales en la llamada Taula de Ciutat, una mesa de diálogo entre el Ejecutivo local, oposición, vecinos, comerciantes y entidades. La última reunión de este organismo consultivo tuvo lugar el 30 de abril. A los pocos días, el primer teniente de alcalde, Jaume Collboni, anunciaba el perdón fiscal a los restauradores, que han mantenido mucha presión sobre el gobierno ante el riesgo de viabilidad de sus negocios. Ni Collboni ni ningún otro concejal, no obstante, han hablado de la tasa de residuos que, según entiende este medio, sigue programada para entrar en vigor en junio para cobrarse ya en julio.

... en plena crisis económica

De hecho, y preguntada por Crónica Global, la portavocía de prensa del Ayuntamiento de Barcelona no ha contestado a los requerimientos informativos de este medio. Ello hace sospechar a la oposición --algunos partidos, como Ciudadanos o el PP, han pedido exenciones fiscales de más calado que actúen como acicate de la recuperación económica-- de que el gobierno municipal maniobra y opera para aprobar de tapadillo el nuevo impuesto y empezar a cobrarlo. Si lo hiciese, el equipo de Ada Colau introduciría más carga fiscal a cerca de 557.000 hogares de Barcelona en plena crisis económica y con la confianza ciudadana en la situación laboral y empresarial por los suelos. De hecho y según el portal de datos abiertos de la Generalitat de Cataluña [consultar aquí], solo la comarca de Barcelona --Ciudad Condal, L'Hospitalet, Sant Adrià de Besòs, Badalona y Santa Coloma de Gramenet-- ha encajado 30.140 expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) por fuerza mayor desde el inicio de la pandemia. Hay 212.102 trabajadores afectados en apenas dos meses.

Cabe recordar que el nuevo impuesto lo presentó el Ayuntamiento de Barcelona en diciembre de 2019, pocas semanas después de anunciar una bajada del recibo del agua que incumplirá por, precisamente, el cargo de la nueva tasa y del gravamen local de alcantarillado. La contribución fue aprobada en la Comisión de Economía de febrero de este año. Pasó el corte con el apoyo de BComú, PSC y ERC. En aquella sesión, el polémico concejal de Transición Ecológica y Emergencia Climática, Eloi Badia, anunció la intención de que el nuevo tributo se empezara a pagar en julio. Este calendario, precisamente, es el que ha soliviantado a la oposición municipal, que alerta de que las condiciones económicas de los barceloneses han cambiado y de que, a pesar de ello, el Ejecutivo local busca añadir más presión fiscal a los hogares.