Junqueras se querella contra el mensaje del Supremo sobre su confinamiento en casa

Oriol Junqueras ha presentado una querella contra quien envió a los medios de comunicación el mensaje del Tribunal Supremo sobre las consecuencias de que él y los demás políticos condenados por el 1-O recibieran permiso para pasar el confinamiento en casa. El líder de ERC defiende en su denuncia que estas declaraciones coaccionaron la decisión de la junta de tratamiento de Lledoners, quien tomó la decisión de mantenerlo en prisión durante el estado de alarma.

En la querella, Junqueras alega que el mensaje del alto tribunal conlleva "coacciones", "amenazas" y representa un "ataque a la separación de poderes". 

Primero, identificar a los responsables

La defensa del político secesionista, encargada de presentar la querella en los juzgados de Manresa, no ha señalado contra quién se dirige, ya que faltan indicios para conocer de dónde partió el escrito. Por ello pide identificar a los responsables y destaca que la posibilidad "más lógica" es que sea alguno de los miembros del propio Tribunal Supremo o del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). 

El mensaje advertía de que dejar en libertad a los políticos independentistas podría ser motivo de un delito de prevaricación. La querella cita diversos organismos oficiales que han aconsejado tomar medidas para salvaguardar del coronavirus a cualquier preso, lo que motivó a la Generalitat a estudiar estas medidas. Esto lleva a Junqueras a defender que "la voluntad de afectar a la toma de decisiones libre de los funcionarios de las juntas de tratamiento es obvia". 

Los presos del 1-O no se confinarán en sus casas / EP

Anterior a la decisión

La advertencia del Supremo fue realizada cuando "no existía ninguna decisión" al respecto, especifica la querella. Fue dada a conocer después de que la consejera de Justicia de la Generalitat, Ester Capella, animara a las juntas de tratamiento a excarcelar a los políticos presos con la excusa del coronavirus.

La defensa de Junqueras asegura que el Supremo actuó de forma "autoritaria" e incurrió en un "abuso de poder" con esta comunicación. Y agrega, además, que con ella afectó a "la libertad en la toma de decisiones independientes y a la neutralidad de los funcionarios" de prisiones de Cataluña.