Los independentistas bloquean sus propias medidas contra el coronavirus

Enfrascados en debates sobre un voto telemático a mayor gloria de Carles Puigdemont, que los letrados del Parlament no acaban de ver claro –[como se puede comprobar en este enlace]—, las formaciones independentistas relegan iniciativas destinadas a paliar los efectos del coronavirus y que corren el peligro de caducar. En efecto, existe un paquete de medidas económicas y sociales pendientes de convalidar en la Cámara catalana que son urgentes tanto en el contenido como en los trámites previstos.

Se trata de siete decretos ley aprobados por el Govern que contienen medidas relacionadas con la lucha contra el Covid-19. Por ello, sería necesario convocar un pleno presencial antes del 27 de abril –fecha en que acaba el plazo máximo del decreto--, similar al que se ha celebrado estos días en el Congreso, con un número mucho más pequeño de representantes para que se pueda mantener una distancia prudencial en los escaños. PSC, PP y Ciudadanos consideran que los presupuestos de la Generalitat para 2020 –que tampoco han sido aprobados aún en un pleno-- han quedado desfasados debido a la pandemia, de ahí la importancia de impulsar esos decretos extrordinarios.

Adaptar los presupuestos catalanes a la crisis del Covid-19 /  CG

Materia asistencial

Por ejemplo, el decreto ley 6/2020 de 12 de marzo de medidas urgentes en materia asistencial presupuestaria, financiera, fiscal y de contratación pública, para paliar los efectos de la pandemia generada por el coronavirus, aprobado por el Govern, tiene que se validado por el Parlament antes del 28 de abril. En el mismo destaca la gratuidad del 061, destinar fondos de contingencia al presupuesto prorrogado, crear líneas de avales y de financiación destinadas a pequeñas y medianas empresas a través del Institut Català de Finances (ICF), el aplazamiento de las autoliquidaciones del impuesto sobre estancias turísticas. Asimismo, el decreto activa un régimen de contratación pública de emergencia y medidas para garantizar la estabilidad patrimonial de Fira de Barcelona, entre otros.

El presidente del Parlament Roger Torrent, reunido de forma telemática con los miembros de la Mesa, donde se ha acordado la suspensión de la actividad / CG

Asimismo, el 5 de mayo vence el plazo para aprobar el decreto ley 7/2020 de medidas urgentes en materia de contratación pública, de salud y gestión de residuos sanitarios, de transparencia, de transporte público y en materia tributaria y económica. Está dirigido a sectores afectados por el coronavirus. Y el 11 de mayo acaba el plazo para el decreto ley 8/2020, que amplía indemnizaciones en aquellos casos que se tengan que suspender contratos, gastos de alquiler o costes de mantenimiento de instalaciones y de equipos durante el período de suspensión. También establece medidas para paliar los efectos desfavorables provocados en el ámbito de las subvenciones, especialmente en los ámbitos culturales, ocupacionales, de deportes y sociales. Contempla medidas en materia tributaria que afectan al canon del agua.

Diálogo social y violencia doméstica

Por otro lado, también está pendiente de entrar en el Parlament el decreto ley 9/2020 que regula la participación institucional, el diálogo social permanente y la concertación social de las organizaciones sindicales y empresariales más representativas en Cataluña y el decreto ley 10/2020, que regula nuevas medidas extraordinarias para hacer frente al impacto sanitario, económico y social del Covid-19. Contiene previsiones extraordinarias entre las que destaca la recuperación del importe del complemento de productividad variable del personal estatutario del ICS, la modificación de la Ley 2/1997 para que, en el marco de una pandemia, la prestación de los servicios funerarios se haga de manera continua y universal.

También están pendiente de convalidar el decreto 4/2020 que establece un régimen transitorio para la concesión de las indemnizaciones y ayudas a las mujeres víctimas de violencia machista, por el que se admite el informe emitido por un médico de la red de salud pública o por un servicio especializado para acreditar los datos físicos o psíquicos (hasta ahora solo se aceptada una resolución judicial). Se trata de una norma importante para mujeres que conviven con sus agresores durante estos días de confinamiento y cuyo plazo de validación finaliza el 27 de abril.

Un día después, el 28 de abril, concluye el plazo para validar el decreto 5/2020 sobre el uso de medios electrónicos en el sector público de Cataluña.

A vueltas con el voto telemático

Eso sí, una de las prioridades de Junts per Catalunya y ERC en la Mesa del Parlament durante esta crisis sanitaria ha sido plantear de nuevo la reforma del reglamento parlamentario para generalizar las reuniones telemáticas y voto a distancia, incluidas las sesiones plenarias. Una antigua pretensión de Carles Puigdemont, cuya investidura a distancia fue denegada por el presidente del Parlament, Roger Torrent (ERC).

Algo que no le han perdonado. Los republicanos ya han anunciado que presentarán su propia propuesta, al margen de los neoconvergentes. Pero el informe de los letrados del Parlament advierte de que “cualquier solución requiere de un tiempo de estudio y valoración, de un tiempo de implementación y de un tiempo de pruebas técnicas y validación funcional antes de considerar que puede entrar en funcionamiento con garantías. Por este motivo es muy poco probable encontrar una solución inminente, o a corto plazo”.