Los políticos condenados a penas de prisión por su implicación en el referéndum del 1-O no marcharán a sus casas durante el confinamiento. Las juntas de tratamiento de las cárceles en las que residen han desestimado las peticiones realizadas por los abogados de los reos independentistas, después de la advertencia del Tribunal Supremo sobre un posible delito de prevaricación.
El departamento de Justicia de la Generalitat ha comunicado la decisión de que 15 presos de segundo grado que cuentan con permisos de salida gracias al artículo 100.2 del reglamento penitenciario pasen el confinamiento en sus hogares. Este artículo es el que permitía --antes del estado de alarma-- que los políticos secesionistas pudieran pasar ciertas horas fuera de las prisiones para ir a trabajar y/o realizar voluntariados. Sin embargo, ni Lledoners, ni Puig de les Bases ni Mas d'Enric han decretado salidas a reos.
Los presos del 1-O no se confinarán en sus casas / EP
Insistencia del Govern
Oriol Junqueras y Raül Romeva hicieron una petición al Tribunal Constitucional para que les suspendiera la pena de cárcel y pudieran pasar los días de confinamiento en casa en lugar de en la cárcel, una opción que el Govern apoyó e incluso con la que presionó a los centros penitenciarios de forma pública.
La consejera de Justicia, Ester Capella, defendió días después que los presos a los que se el aplicaba el artículo 100.2 podrían salir de la cárcel y respaldó el comentario con la excusa de reducir el número de reclusos y "velar por la salud, por la integridad física y por la vida" de las personas en privación de libertad. Lo que hizo sonar las alarmas en el alto tribunal nacional.
Acusaciones de "amenazas"
El Supremo destacó en su escrito que la excarcelación de los políticos presos "se enmarcaría en la exigencia de responsabilidades penales por la posible comisión de un delito de prevaricación", una declaración que tuvo su contrarréplica de la consellera de Justicia. Capella les acusó de lanzar "coacciones y "amenazas" contra los funcionarios a su cargo.
Agregó que el objetivo de la comunicación del Supremo era "condicionar" la decisión de las juntas de tratamiento penitenciario y aprovechó para destacar que fue este tribunal el que "condenó a largas penas" a los políticos del procés.
La consejera de Justicia, Ester Capella / YOUTUBE
A la espera de la decisión judicial
Cataluña cuenta, actualmente, con 101 personas con régimen penitenciario de segundo grado y permisos de salida por el artículo 100.2, de las cuales 15 han recibido la posibilidad de pasar el confinamiento en casa. Esta decisión --que hasta este momento solo era posible para los presos en tercer grado, tal como decretó el Ministerio de Justicia-- no será inmediatamente ejecutada, ya que se encuentra "a la espera del beneplácito" de un juez.
El departamento de Justicia de la Generalitat ha comunicado que la excarcelación de estos reos son "decisiones inéditas" que se justifican "por un contexto de crisis sanitaria" y que las juntas de los centros han estudiado "caso por caso" a quién otorgar este permiso de facto. En la actualidad hay 1.174 condenados con tercer grado que pasan el confinamiento en sus casas, cerca del 14% de la población reclusa total de Cataluña.