El Ayuntamiento de Barcelona ha solicitado a la Generalitat de Cataluña rebajar a 2.450 euros el precio máximo por el servicio funerario básico, sin embargo pretende que la totalidad del ajuste sea asumido íntegramente por las empresas funerarias, mientras exige que el consistorio mantenga intacta su cuota.

El equipo de la alcaldesa, Ada Colau, ha lanzado hoy un desiderátum al Gobierno catalán para que limite el precio máximo de los sepelios en pleno envite del SARS-CoV-2. El gabinete de la primera edil, no obstante, no tocará ni un céntimo de los impuestos municipales que impone al proceso funerario: quiere cargar toda la rebaja sobre las empresas. ¿Qué parte podría tocar? La cremación, por ejemplo, que opera Cementiris de Barcelona --100% municipal y presidida por el polémico concejal Eloi Badia-- en régimen de monopolio. O los impuestos al mantenimiento de nichos. De hecho, el propio Badia ha exigido hoy ceremonias más baratas durante el SARS-CoV-2 cuando acaba de girar los primeros recibos del impuesto --más caro que en 2019-- de mantenimiento de sepulturas, tal y como avanzó Metrópoli Abierta.

Las funerarias reivindican su modelo

Habida cuenta de esta doble vara de medir, la propuesta del Ayuntamiento, que no tiene competencia en el sector, no ha sido bien recibida por las compañías, que operan en un marco de colaboración público-privada, como es el caso de Mémora, socia del ayuntamiento en Serveis Funeraris de Barcelona.

En todo caso, el citado servicio funerario incluye el féretro básico, el personal recogida, una bolsa estanca, la ambulancia, el certificado médico, la estancia en depósito, el coche fúnebre y todos los trámites. El consistorio plantea que el precio de este cometido se fije en 1.900 euros, a lo que habría que añadir otros 550 euros la inhumación o cremación. Esta última parte no la tocará el Ayuntamiento, guardándose toda la recaudación en un momento de pico de muertes por Covid-19, la infección que provoca el virus.

Decreto de la Generalitat

Los planes de la alcaldesa Ada Colau se han hecho públicos al trascender la intención de la Generalitat de impulsar un nuevo decreto ley con medidas extraordinarias que incluiría la intervención de los servicios funerarios en Cataluña para evitar que se repita el colapso que se ha producido en Madrid durante la última semana.

La nueva normativa establecerá que el funerario sea declarado servicio forzoso por la Consejería de Salud y se fijen precios máximos. De hecho, el texto que prepara el Ejecutivo autonómico sigue a una comunicación fluida entre el sector y el equipo de Quim Torra. Desde el principio de la pandemia, se creó una mesa de coordinación con las administraciones y los sectores funerarios y social. Este grupo de trabajo ha ido adaptando los esfuerzos de cada agente para que el circuito funerario siga funcionando incluso en pleno repunte de defunciones.

"Logística compartida" y rebaja de precios

Es en este marco, precisamente, que Grupo Mémora pone en valor la "logística compartida" por todos los actores que lidian con la crisis, incluidos los hospitales. Con los centros sanitarios se ha aliado la enseña para "evitar el colapso de la red de hospitales y a descongestionar el sistema público". En el caso de la ciudad de Barcelona, además, Serveis Funeraris de Barcelona, el operador mixto, ha cerrado el Tanatorio de Collserola para acondicionarlo por si se llegara a falta de espacio, algo que ha ocurrido en la Comunidad de Madrid.

Tal y como han confirmado fuentes del sector esta semana, la empresa público-privada ha reforzado su equipo logístico y de atención a las familias, incluyendo la habilitación de un servicio telemático de contratación. En materia de precios, Sfb recuerda que "aplicó los ajustes en coherencia con el servicio prestado". Ahora, en colaboración con el Ayuntamiento de Barcelona, que participa en la empresa con un 15%, "se está trabajando en un nuevo ajuste que responda a un paquete básico adaptado a la contingencia".