La Generalitat recorta el gasto en atención a discapacitados en plena crisis del coronavirus

En el peor momento y en un sector que sufre una infrafinanciación crónica, la Generalitat ha decidido recortar el dinero destinado a la atención de personas discapacitadas. Los profesionales, que además denuncian la falta de materiales de seguridad y protección, exigen rectificar esa medida pues, aseguran, aunque los centros se han cerrado debido a la epidemia del coronavirus, atienden a las familias de forma telemática o domiciliaria.

Instrucción de recorte del gasto en asistencia a discapacitados

En las Instrucciones en la tramitación de gasto extraordinario COVID19 emitidas ayer por la Consejería de Trabajo, Asuntos Sociales y Familia se excluye la facturación de gastos extraordinarios derivados de limpieza, compras excepcionales y medidas de protección del colectivo en centros concertados. Asimismo, se establece la reducción al 85% de la facturación en el pago de los servicios cerrados temporalmente a causa de la epidemia del coronavirus.

Tarifas congeladas y recortes

Llueve sobre mojado, pues el sector procede de una infrafinanciación crónica de las entidades, con las tarifas y módulos congelados desde 2009 y recortes desde 2012. En Cataluña hay 582.000 personas con alguna discapacidad legalmente reconocida, frente a los 408.000 registrados hace diez años.

Imagen de un cuidador atendiendo a un discapacitado / CG

El Comité Catalán de Representantes de Personas con Discapacidad (Cocarmi) ha criticado duramente a la Consejería, a la que exige el pago del 100%, ya que aunque se hayan cerrado los centros, los profesionales continúan trabajando y atendiendo a los usuarios por vías telemáticas. Según Cocarmi, el 95% de los servicios son prestados por entidades del tercer sector impulsadas por las mismas personas con discapacidad y sus familias. Se trata de centros concertados, con convenio, adaptados, centros propios en gestión delegada o subvencionados, y sus ingresos proceden mayoritariamente de la Generalitat.

Erosionar la atención

La Federación de la Parálisis Cerebral y la Pluridiscapacidad de Cataluña (Fepccat) ha emitido un comunicado en el que denuncia que la alerta sanitaria “no puede servir a la Consejería para erosionar la atención” a estas personas.

Añaden que “la falta de materiales de seguridad y protección son una evidencia palpable, pero la publicación por parte del departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias de unas instrucciones de facturación extraordinarias de los servicios concertados son una amenaza directa para el funcionamiento y mantenimiento de las entidades de atención a personas con parálisis cerebral y pluridiscapacidad”.

Servicio público

Los afectados creen que estos recortes contradicen el compromiso contraído por el consejero Chakir El Homrani con los valores de servicio público de los servicios sociales. Fepccat exige que se retiren esas instrucciones y recuerda la necesidad de dotar a profesionales y personas atendidas de los equipos de protección individual (EPIs) ante el coronavirus.

“No entendemos por qué el Govern recorta un 15% las tarifas a los trabajadores y trabajadoras ocupacionales. La Generalitat ordena el cierre de los centros y los profesionales han pasado a hacer, entre otras actividades, atención domiciliaria. Nadie está con los brazos cruzados. Nos están ayudando a luchar contra el coronavirus”, denuncia el diputado de PSC-Units, Raul Moreno. 

“Espero que ERC ni caiga en la tentación de volver a hacer recortes en este sector y en este momento”, ha añadido Moreno, quien ha anunciado que su grupo parlamentario registrará hoy diversas preguntas para que sean respondidas por el departamento, "pero esperamos una rectificación urgente por parte de sus responsables”.

Renta Garantizada

Las políticas sociales de la Generalitat también quedaron en evidencia ayer, cuando la consejera de Presidencia y portavoz del Govern, Meritxell Budó, reclamó una Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC) que ya existe desde 2017, pero que todavía no se ha desarrollado reglamentariamente y carece de recursos suficientes.

El anuncio encendió las alarmas de la Comisión Promotora de la RGC, que lleva meses exigiendo la revisión de los miles de expedientes que se rechazan. Ante la epidemia del coronavirus, con especial incidencia en la población en riesgo de pobreza, la comisión pide que se acorten los plazos en la tramitación y se actualice el Indicador de renta de Suficiencia (IRSC) en base al IPC.