Nuevo golpe de la Fiscalía a las salidas de prisión de los líderes independentistas. El Ministerio Público ha recurrido ante la Audiencia de Barcelona la medida excepcional que se aplica al presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, y ha elaborado un informe en el que pide el cese del mismo permiso del que goza el expresidente del Govern, Oriol Junqueras.
La junta de tratamiento de Lledoners (Barcelona), donde ambos presos cumplen condena, ha concedido sendos permisos para que dichos referentes del independentismo salgan a trabajar en aplicación del artículo 100.2 del reglamento penitenciario.
Todos fuera
No es la primera vez que el Ministerio Público expresa su rechazo a las salidas de los políticos secesionistas condenados por el Tribunal Supremo. Ha presentado otros informes contra los permisos que se les han concedido al presidente de la Assamblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sànchez, de los exconsejeros Dolors Bassa y Joaquim Forn y de la expresidenta del Parlamet, Carme Forcadell. Aun así, los otros tres políticos condenados por el procés también gozan de este permiso.
En el caso de Junqueras, la Fiscalía provincial de Barcelona pide dejar sin efecto el acuerdo aprobado el 27 de febrero por el cual el líder de ERC, condenado a 13 años por sedición y malversación, puede salir a trabajar 12 horas al día durante cinco días a la semana.
Junqueras
El Ministerio Público se opone a la aplicación del artículo 100.2 para el exvicepresidente que aún no ha cumplido ni un cuarto de su condena. Desde el 3 de marzo el líder de ERC sale de la cárcel para impartir clases en el campus de Manresa (Barcelona) de la Universitat de Vic (Uvic).
El fiscal sostiene que no se dan los requisitos para aplicar dichas medidas que contempla el citado artículo del reglamento penitenciario, ni una excepcionalidad que justifique su aplicación, "siendo lo único excepcional que a un interno condenado a una pena de 13 años de prisión que no ha cumplido la cuarta parte” de su pena, sentencia.
Cuixat
Respecto a Cuixart, de quien ya elaboró un informe previo, Fiscalía ha presentado su primer recurso de apelación contra la flexibilización del régimen penitenciario. Pide a la Audiencia de Barcelona que revoque el aval que la titular del juzgado de vigilancia penitenciaria número 5 de Barcelona dio a la decisión de la junta de tratamiento de Lledoners.
El Ministerio Público insiste en la necesidad de que el líder de Òmnium siga un programa específico e individualizado de tratamiento para reeducarse en el delito de sedición por el que fue condenado, de forma que "integre el respeto a la ley". En opinión del ministerio público, si el recluso "no reconoce el delito (sí los hechos y sus consecuencias) sin una mínima conciencia de haber hecho algo indebido, es muy difícil acometer un proceso de tratamiento, individualizado o grupal, a fin de crear esa mínima conciencia de su responsabilidad". Argumenta que el trabajo y las labores de voluntariado a que dedica Cuixart las salidas del 100.2 no guardan ninguna relación con el tipo de delito por el que fue condenado ni constituyen un "déficit que haya que trabajar en el interno".
Plan del Govern
El informe contrario a la salida de Junqueras va en la misma línea de lo expresado sobre Cuixart. Defiende que elvicepresidente "continúa justificando su actividad delictiva", por lo que no hay ni verdadera asunción delictiva ni arrepentimiento por los hechos por los que fue condenado. Asimismo segura que el líder de ERC no presenta carencias en el ámbito laboral y que no amerita un permiso para su reinserción cuando no tendrá dificultades para obtener trabajo cuando alcance el tercer grado de tratamiento o la libertad condicional, por lo que la aplicación del artículo 100.2 "carece de todo sentido".
Como ya expresara en otros informes sobre los presos independentistas, Fiscalía insiste en que forma parte de un plan del Govern. Recuerda que todos los líderes indepentistas se encuentran ya gozando de este permiso, tal y como era voluntad de la consejera de Justicia, Ester Capella, como expresó públicamente. "Es en el plan de otorgar de forma generalizada un régimen de semilibertad a todos los políticos condenados por la sentencia del Tribunal Supremo del 14 de octubre de 2019, donde sin duda se encuentran las verdaderas razones de la concesión del régimen flexible al penado, y no en razones tratamentales", sentencia el informe sobre Junqueras.