La consejera de Justicia de la Generalitat, Ester Capella, se muestra satisfecha con los permisos para salir de la cárcel a siete de los nueve líderes políticos condenados por el procés y defiende que se han "hecho las cosas bien": "Lo hacemos con paso firme y seguro".
Capella, en la rueda de prensa posterior al Consell Executiu del Govern, ha aplaudido la salida de prisión del exvicepresidente catalán Oriol Junqueras y del resto de presos en aplicación del artículo 100.2 del reglamento penitenciario.
Funcionarios
La consejera de ERC ha reiterado que son los trabajadores de las cárceles catalanas los que han permitido que los presos pudieran salir y ha advertido a quienes los critican: "No permitiré que nadie cuestione el trabajo de los funcionarios de prisiones de la Generalitat".
La responsable de Justicia de Cataluña considera "inaceptables" las "duras críticas" que han recibido los empleados de las cárceles. Subraya que el artículo 100.2 del reglamento penitenciario permite la salida de los presos sin "ningún requisito previo, ni limitación", mientras sí que es necesario haber cumplido una cuarta parte de la pena (solo Jordi Sànchez y Jordi Cuixart la han cumplido) para obtener el primer permiso.
Fiscalía
Capella no ha entrado a valorar los últimos informes de Fiscalía, que sostiene que existe un "plan" del Govern para otorgar un "régimen de semilibertad" a los políticos responsables del procés. Se ha limitado a declarar que hay más de 8.000 presos en las cárceles catalanas y que, de ellos, 400 se han acogido al artículo 100.2.
La consejera ha aprovechado la ocasión para defender el sistema penitenciario catalán que dice explorar "todas las opciones que se dan en el reglamento y la ley". En este sentido, reivindica la tasa de reinserción de los presos en Cataluña, que es del 70%, pero cuando se aplican beneficios como el tercer grado o el 100.2 aumenta al 80%, sostiene.
Críticas
Más dura se ha mostrado la consejera a la hora de referirse a la reforma del Código Penal que plantea el Gobierno para modificar el delito de sedición, por el que están condenados los impulsores del 1-O. Sugiere que "adapten el Código Penal al siglo XXI y que eliminen figuras que recuerdan épocas pretéritas y ajenas a la cultura democrática de un país".
Los jueces tampoco se han salvado de los reproches de Capella que, en referencia a la operación de desahucio que se ha producido este lunes en el barrio de Poble-sec de Barcelona, ha lamentado que se haya hecho "una lectura restrictiva" del decreto sobre desalojos aprobado por el Govern. "Mejoraremos el artículo" para favorecer que "no haya excusa posible a las suspensiones de desahucios", sentencia.