Cómo se gestó la reforma del delito de sedición

Una medida que satisface a los independentistas y que Podemos llevaba en su programa electoral. La reforma de los delitos de sedición y rebelión que Pedro Sánchez ha prometido impulsar en el Congreso supone un guiño a los secesionistas a las puertas de su reunión con el presidente Quim Torra. Esa propuesta de reforma del Código Penal tiene un origen poco conocido y obra en poder del presidente español desde hace año y medio.

La iniciativa fue anunciada por la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, el pasado martes en pleno arranque del juicio al exjefe de los Mossos d'Esquadra Josep Lluís Trapero por el 1-O. Está acusado de rebelión, pero la Fiscalía se abre a pedir en sus conclusiones finales el delito de sedición, como finalmente consta en la condena del Tribunal Supremo de los dirigentes independentistas.

Esa posibilidad de modificar el tipo penal obra en poder de Sánchez desde 2018, cuando todavía era secretario general del PSOE y no había sido investido presidente del Gobierno tras la moción de censura presentada contra Mariano Rajoy. El líder de Units per Avançar, Ramon Espadaler, le envió el documento Bases para un pacto de Estado Cataluña-España que incluía la revisión de los conceptos de sedición y rebelión en el Código Penal. Posteriormente, el político catalán se reunió con la ya ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, para abordarlo. 

Respeto a la separación de poderes

“Es un camino que incluso contrastamos con alguno de los abogados de los procesados”, argumenta Espadaler. El exdirigente de UDC, que forma coalición con PSC en el Parlament, asegura que esa propuesta “tiene mucho sentido, ya que respeta de forma escrupulosa la división de poderes, asignando al legislativo lo que le compete”.

La exministra de Administraciones Territoriales, Meritxell Batet, con el líder de Units, Ramon Espadaler, quien le presentó una propuesta de reforma del delito de sedición / CG

La propuesta fue entregada el pasado viernes al presidente Quim Torra en la reunión de la Mesa de Diálogo en la que participaron Junts per Catalunya, ERC, PSC-Units y En Comú Podem. No acudieron CUP, Ciudadanos ni PP.

Síndic y Comunes

Un día antes, el Síndic de Greuges, Rafael Ribó, se sumó a la oferta de reforma de la sedición en su informe La sentencia 459/2019 del Tribunal Supremo y su repercusión en el ejercicio de los derechos fundamentales. El documento fue entregado al presidente del Parlament, Roger Torrent, y va más allá de la iniciativa de Espadaler. También reclama la amnistía y el indulto para los políticos que están en prisión por el procés.

En abril eran los Comunes los que abogaban por esos cambios penales en su programa electoral para las elecciones generales de ese momento. Fue el candidato de En Comú Podem (ECP) por Barcelona, Jaume Asens, quien defendió una reforma del Código Penal para aclarar dudas y "definir mejor" los delitos de rebelión y sedición. El cambio que ahora se abordará.