Junqueras y Romeva también saldrán de la cárcel tres días a la semana

Oriol Junqueras y Raül Romeva también podrán de salir de prisión entre semana habiendo cumplido dos de los 13 y 12 años de condena por sedición y malversación, respectivamente, que el Tribunal Supremo les impuso por el procés independentista. La Junta de Tratamiento de la cárcel de Lledoners  (Barcelona) ha acordado este jueves permitir que el exvicepresidente y el exconsejero de Exteriores de la Generalitat puedan salir tres días a la semana para "trabajar".

Ambos dirigentes de ERC podrán beneficiarse del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario que permite flexibilizar el régimen de reclusión en determinados casos, a pesar de que ambos están clasificados en segundo grado, el ordinario de privación de libertad, según informa la Secretaría de Medidas Penales, Reinserción y Atención a la Victíma.

Salida inminente 

Junqueras y Romeva fueron condenados el 14 de octubre de 2019 y, a partir de ahora, podrán estar seis horas al día, tres días entre semana entre el lunes y el viernes, fuera del centro penitenciario.

La salida de la cárcel de Junqueras y Romeva para trabajar puede ser inmediata, ya que un eventual recurso de la Fiscalía sobre la decisión de la Junta de Tratamiento no lo dejaría en suspenso, si bien requiere de la ulterior ratificación por parte del juzgado de vigilancia penitenciaria.

Siete de los nueve presos, beneficiados

Con estos dos nuevos beneficios penitenciarios, ya son siete de los nueve presos del procés los que pueden salir algunos días, unos por trabajo y otros para hacer tareas de voluntariado. Hasta ahora, el artículo 100.2 se ha aplicado al exconsejero de Interior Joaquim Forn, con salidas de cinco días a la semana 12 horas y media para ir a trabajar a Mediapro; la exconsejera de Trabajo y Asuntos Sociales Dolors Bassa, tres días durante ocho horas para cuidar a un familiar, y el expresidente de la ANC y exdiputado de JxCat, Jordi Sànchez, que también puede salir tres días 11 horas para voluntariado.

Asimismo, las juntas de tratamiento han aplicado el 100.2 a la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, tres días a la semana nueve horas para cuidado de un familiar y voluntariado; y el presidente de Òmnium, Jordi Cuixart, cinco días semanales durante 9 horas y media cada uno por trabajo y voluntariado. Todavía no se les ha otorgado a los exconsejeros Josep Rull y Jordi Turull.

El 100.2 es de aplicación inmediata, aunque es obligatoria su comunicación al juzgado de vigilancia penitenciaria, que informa a la Fiscalía para que fije su posicionamiento, y posteriormente el juez decide si lo ratifica o lo rechaza, una decisión que puede ser recurrida por el Ministerio Público, y que tiene como última instancia la Audiencia de Barcelona.

La Fiscalía ve un "plan" de la Generalitat para favorecerles

La Fiscalía ya se ha posicionado respecto a la aplicación del 100.2 en el caso de Forn, Cuixart y Sànchez, oponiéndose a su concesión en los tres casos, ya que considera que se enmarca en un plan de la Generalitat para otorgar "de forma generalizada un régimen de semilibertad" a sus políticos presos.

"En este plan, de otorgar de forma generalizada un régimen de semilibertad a todos los políticos condenados por la sentencia del Tribunal Supremo de fecha 14 de octubre de 2019, es donde, sin duda, se encuentran las verdaderas razones de la concesión del régimen flexible al penado, y no en razones tratamentales", afirmó en el escrito en el que se oponía al de Forn.

Artículo de aplicación "excepcional"

El fiscal recordó que la aplicación del 100.2 del Reglamento Penitenciario a un preso en segundo grado --el ordinario de privación de libertad-- "es siempre excepcional, exige una interpretación restrictiva, siendo requisito imprescindible que el programa de tratamiento no pueda ejecutarse de otro modo y que esté relacionado con la etiología delictiva".

En una comparecencia en la Comisión de Justicia en el Parlament este mismo jueves, el fiscal superior de Cataluña, Francisco Bañeres, ha apoyado la postura del fiscal de vigilancia penitenciaria y ha resaltado que para poder obtener beneficios penitenciarios se debe aceptar que se ha cometido el delito y que no se reincidirá --algo que en el caso de los afectados no se ha producido--, además de añadir que "no es frecuente en penas largas privativas de libertad propiciar estos permisos a tan pronto cumplimiento de la pena".