Los políticos presos por el procés independentista catalán recibieron unas 2.300 visitas de autoridades en las cárceles catalanas en las que permanecían en prisión preventiva en 2018 antes de que se iniciara su juicio en el Tribunal Supremo, según datos de la Fiscalía.
Así lo ha señalado este jueves en el Parlament el fiscal superior de Cataluña, Francisco Bañeres, que ha presentado la memoria del ministerio público en 2018, en la que se sostiene que la estancia en cárceles catalanas de los presos del procés produjo "situaciones anómalas", como manifestaciones ante los centros penitenciarios y una presencia de autoridades no penitenciarias "superior" a la ordinaria.
Una anomalía
A preguntas de los diputados independentistas por esta mención a la presencia de autoridades en el informe de la Fiscalía, Bañeres ha señalado que el hecho de que los presos del procés recibieran 2.300 visitas de autoridades fue un hecho suficientemente relevante como para que el fiscal que se encargó de esta parte de la memoria "no se haya resistido" a incluirlo.
Este mismo jueves, la Junta de Tratamiento de la cárcel de Lledoners autorizó a salir de la cárcel tres días a la semana para "trabajar" a Oriol Junqueras y Raül Romeva. Los dos exdirigentes de la Generalitat han cumplido dos de sus 13 y 12 años de condena, respectivamente.
Nueve presos beneficiados
Con estos dos nuevos beneficios penitenciarios, ya son siete de los nueve presos del procés los que pueden salir varios días a la semana, unos por trabajo y otros para hacer tareas de voluntariado. Hasta ahora, el artículo 100.2 del reglamento penitenciario ya se había aplicado al exconsejero de Interior Joaquim Forn, con salidas de cinco días a la semana 12 horas y media para ir a trabajar a Mediapro; la exconsejera de Trabajo y Asuntos Sociales Dolors Bassa, tres días durante ocho horas para cuidar a un familiar, y el expresidente de la ANC y exdiputado de JxCat, Jordi Sànchez, que también puede salir tres días 11 horas para voluntariado.
Las juntas de tratamiento también han aplicado el 100.2 a la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, tres días a la semana nueve horas para cuidado de un familiar y voluntariado; y el presidente de Òmnium, Jordi Cuixart, cinco días semanales durante 9 horas y media cada uno por trabajo y voluntariado. Todavía no se les ha otorgado a los exconsejeros Josep Rull y Jordi Turull.
La Fiscalía ve un "plan" para favorecerles
La Fiscalía ya se ha posicionado respecto a la aplicación del 100.2 en el caso de Forn, Cuixart y Sànchez, oponiéndose a su concesión en los tres casos, ya que considera que se enmarca en un plan de la Generalitat para otorgar "de forma generalizada un régimen de semilibertad" a sus políticos presos.
"En este plan, de otorgar de forma generalizada un régimen de semilibertad a todos los políticos condenados por la sentencia del Tribunal Supremo de fecha 14 de octubre de 2019 es donde, sin duda, se encuentran las verdaderas razones de la concesión del régimen flexible al penado, y no en razones tratamentales", afirmó en el escrito en el que se oponía al de Forn.