Gual (Caixabank): “La población tuvo literalmente miedo tras el 1-O"

El presidente de Caixabank, Jordi Gual, ha asegurado este martes que los días posteriores al referéndum del 1-O y hasta la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña “la población tuvo literalmente miedo" y "había que cortar en seco la fuga de depósitos”, que ha cifrado en 7.000 millones de euros en una semana. Para "salvar las inversiones, los ahorros de los clientes y el trabajo de los empleados" se tomó la decisión de trasladar la sede de Caixabank a Valencia, donde asegura "estar muy bien". Y ha negado haber recibido presiones políticas o que el Estado amenazara con retirar sus fondos de esta entidad.

Gual en la Comisión de Investigación sobre la aplicación del 155 / CANAL PARLAMENT

Jordi Gual ha comparecido en la comisión de investigación sobre la aplicación del artículo 155 de la Constitución junto Isidre Fainé, presidente de Fundación La Caixa. Previamente lo ha hecho el presidente del Banc Sabadell, Josep Oliu. También estaba citado el presidente de Atresmedia, José Creuheras, pero se ha pospuesto su intervención porque le ha sido imposible acudir.

Misma interlocución con las administraciones

Gual ha dejado claro que la aplicación del 155 es una cuestión política y legal “en la que yo no puedo entrar”. Respecto a la gestión diaria, el 155 “no modificó nuestra interlocución con las administraciones, ya que ésta se hacía con los funcionarios. Hubo una toma de control directa del Ejecutivo catalán y un endurecimiento de las cuentas de la Generalitat”, ha explicado.

Sin embargo, ha añadido, “nuestra entidad ayudó a que los retrasos fueran mínimos y nos consta que la valoración que hacen los funcionarios de aquellos días es positiva. La Generalitat es un cliente importante y, como hacemos con todos, procuramos que exista esa fluidez y que el pago de las nóminas no se vieran alteradas”.

Reproches de la CUP

Tal como ha sucedido con Oliu, las preguntas de los diputados Lucas Ferro (Catalunya en Comú-Podem), Carles Riera (CUP), Gemma Geis (Junts per Catalunya) y Jordi Orobitg (ERC) han estado centradas en averiguar si Caixabank sufrió presiones políticas para trasladar su sede a Valencia (la sede de la Fundación se mudó a Palma de Mallorca y otras empresas del holding de la entidad como Gas Natural o Abertis también se trasladaron).

El portavoz de los cupaires ha reprochado que el sector financiero no optara por una neutralidad, sino que en lugar de respetar --según él-- los derechos cívicos de los catalanes que defendieron la autodeterminación el 1-O, “miró a otro lado y se decantó por los intereses comerciales de sus accionistas”. Orobitg se ha interesado sobre las informaciones que, en su día, apuntaban a la supuesta amenaza del Estado de retirar fondos de sus empresas (Renfe, ADIF o RTVE, por ejemplo) de CaixaBank, y si ello estaría relacionado con la decisión de mudar la sede social.

"Defender a los accionistas y a los trabajadores"

Gual ha sido muy contundente. “Las circunstancias que vivimos a partir el 1-O fueron claramente excepcionales en cuanto a la percepción de la seguridad jurídica que tenía la población. Nosotros teníamos que defender a los accionistas, pero también los inversionistas, a los trabajadores y los ahorros de los clientes. Esta fue la guía que nos llevó a los gestores y el consejo de administración”.

El presidente de Caixabank ha asegurado que "la población tuvo literalmente miedo y lo que hace el pequeño ahorrador es retirar el dinero o ponerlo donde esté a salvo".

La semana siguiente al 1-O, "la salida de depósitos era exponencial hasta llegar a los 7.000 millones de euros, eso es mucho dinero. Esa situación se tenía que cortar el seco. Debíamos actuar radicalmente para parar esa situación”.

"No hubo salida de dinero público ni presiones"

Ha negado rotundamente que hubiera salida de dinero público. “No, claro y catalán”. Gracias al traslado de la sede a Valencia, ha dicho, “el flujo de dinero se pudo recuperar y al final del último trimestre de 2017, ya se había vuelto a la normalidad”.

También ha negado recibir presiones políticas: “Hicimos lo que teníamos que hacer. La decisión dolorosa se tomó para defender la inversión, los ahorros de los clientes y el trabajo de los empleados”, ha insistido

Fainé, por su parte, ha distinguido entre la entidad bancaria y la Fundación que él preside --asegura que no hay injerencias mutuas--, y ha destacado la labor social que hace esta institución, tanto en la concesión de becas, como programas de asistencia a la población en situación de riesgo. Sobre el cambio de sede de la Fundación, lo ha atribuido a un intento de apoyar al banco, que tenía fuga de depósitos. “Nosotros somos tan catalanes como éramos antes, o más”, ha dicho, tras afirmar que “no se puede jugar con los ahorros de las personas, son sagrados”