Colau se la envaina con los antidisturbios de la Guardia Urbana

Distinto nombre, mismas funciones. La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, se la ha envainado definitivamente con la promesa de disolución de los llamados antidisturbios de la Guardia Urbana, la Unidad de Apoyo Policial (USP, por sus siglas en catalán), que llevaba en su programa electoral de 2015. La munícipe incumplirá el punto programático tras las críticas de sindicatos y oposición y mantendrá los agentes de seguridad ciudadana con otro nombre: Unidad de Refuerzo para las Emergencias y la Proximidad (UREP).

Así consta en el nuevo organigrama del cuerpo presentado hoy sábado por el Ayuntamiento de Barcelona. El llamado Nuevo Modelo policial de la Ciudad Condal confirma que se mantiene la UREP, no hay disolución. Fuentes sindicales han indicado que, además, continuará operando con funciones similares a la antigua división, más algunas competencias de nuevo cuño como medio ambiente. La noticia es pues una batalla ganada por los sindicatos del cuerpo, que percibían la extinción de las "unidades de policía administrativa y seguridad ciudadana" que Barcelona en Comú, partido de la alcaldesa, llevaba en la página 45 de su programa electoral de 2015 [consultar documento aquí], como una venganza contra el cuerpo.

¿Qué cambios hay?

De hecho, la marcha atrás es tan evidente que la reconoce el propio Ayuntamiento en la nota de prensa enviada para informar del nuevo modelo policial en Barcelona. Según el comunicado público, la UREP dependerá de la División de Recursos Operativos y Apoyo (DROS, por sus siglas en catalán), que lidera el intendente Ricardo Salas. Esta área coordinará los efectivos en materia de "emergencias, seguridad e investigación de hechos delictivos". Entre sus competencias destaca la de "dirigir, coordinar y controlar los equipos especializados en policía administrativa, seguridad ciudadana e investigación criminal", según la misma nota pública. La disolución de los antidisturbios de la Guardia Urbana, pues, queda en nada cinco años después de que lo prometiera Barcelona en Comú.

El nuevo organigrama de la Guardia Urbana con la UREP marcada en rojo / AjBCN

Sí hay otros cambios. El Ejecutivo local libera a los agentes de tareas administrativas para destinarlos a la calle. Ha anunciado el lanzamiento de una oposición para 282 agentes, en lugar de los 260 que avanzó en diciembre. Asimismo, en las nuevas pruebas de selección se relaja el criterios sobre los tatuajes, tal y como avanzó este medio; se elimina el requisito de altura; se cambia la prueba de cultura general por una de actualidad de noticias de los últimos seis meses y se incorpora una prueba de inglés. Este examen es una previa a la búsqueda de agentes que hablen mandarín, árabe y urdu, un objetivo de futuro del cuerpo, según ha anunciado el primer teniente de alcalde, Jaume Collboni. Asimismo, la nueva Guardia Urbana arranca con una campaña para feminizar el cuerpo.

Los sindicatos, escépticos

Los cambios en la Guardia Urbana de Barcelona han sido recibidos con escepticismo por los sindicatos. En conversación con este medio, el responsable de Administración Pública de CSIF, Eugenio Zambrano, ha indicado que "se asiste a una declaración de un Modelo Policial que no ha sido consensuado dentro de un pacto local por la Seguridad, donde deberían intervenir todos los actores políticos, sociedad civil y actores sociales, incluidos los sindicatos". Según el efectivo policial, "falta rigor" en la presentación de la configuración del nuevo cuerpo.

Hay más. CSIF detecta también que el cuerpo adolece de una "falta de recursos humanos, materiales e infraestructuras que son básicas paliar la situación que padece Barcelona". Asimismo, la agrupación de la parte social recuerda que "a todo esto se debe de sumar la actual crisis interna que padece GUB y que aún no es pública. Ests crisis viene dada por las malas condiciones sociolaborales que tiene el cuerpo". ¿En qué se concreta? En "falta de políticas en seguridad, apoyo institucional y la pérdida del principio de autoridad que arrastramos del anterior mandato". Con lo que respecta a la oferta pública de ocupación, CSIF la ve una "burda mentira".