Trabajadores de la Generalitat de segunda división

La Generalitat se niega a elaborar un protocolo de prevención ante situaciones violentas en los centros de protección de menores de gestión concertada y delegada. Asegura que son las empresas las que deben elaborarlo lo que, a juicio de los trabajadores, supone una discriminación respecto a los centros públicos. “Estamos en una situación crítica”, explican los afectados. El 90% de esos centros están externalizados.

En Cataluña existen, según los datos de la Consejería de Trabajo, Asuntos Sociales y Familia correspondientes a 2018, un total de 79 Centros Residenciales de Acción Educativa (CRAE), 9 con gestión directa, 11 con gestión delegada y 59 concertados. Algunos de ellos cuentan con presupuestos que casi alcanzan los dos millones de euros.

Por tanto, la inmensa mayoría de los CRAE son gestionados por empresas privadas, vía concertación o delegación de servicio. Ello provoca que haya diferencias entre las condiciones laborales entre los trabajadores de centros totalmente públicos y los privados. Hasta el punto de que, a pesar de los episodios de violencia registrados, la Generalitat se niega a dotar de un protocolo de prevención a los trabajadores de los centros privados, pues alega que son las empresas las que deben hacerlo.

La directora general de la dirección general d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (DGAIA), Georgina Oliva, y el consejero de Trabajo y Asuntos Sociales, Shakir el Homrani / EP

“Los trabajadores están en una situación crítica”, explica a Crónica Global la coordinadora de intervención social de CCOO de Cataluña, Rafi Redondo, quien acusa a la Generalitat de “externalizar servicios, pero también su responsabilidad. Los trabajadores de los CRAE realizan los mismos servicios, pertenezcan o no a empresas privadas”. Denuncia la falta de transparencia y de criterios homogéneos. “La gestión directa garantiza las ratios profesionales, un mayor control, recursos públicos y que no se haga negocio”, explica. Algo que no sucede con los centros privados, que son la mayoría.

Negociaciones durante meses

En paralelo, la patronal del sector mantiene bloqueada la negociación del nuevo convenio desde abril. Fue entonces cuando CCOO y UGT solicitaron a la Dirección General de Atención a la Infancia y Adolescencia (DGAIA) un Protocolo de prevención y acción antes las situaciones de violencia en los CRAE concertados o con gestión delegada. La directora general de la DGAIA se comprometió a abordar el asunto y pidió a los representantes sindicales que les presentaran una propuesta, que éstos enviaron al departamento. Pero el pasado 16 de septiembre, tras cinco meses de tira y afloja, la subdirectora de la DGAIA les envió un correo electrónico en el que afirmaba que “en los centros de gestión privada son las entidades gestoras las competentes en todas las materias laborales, sindicales…”.

La postura de la Generalitat contradice el Programa marco para Centros Residenciales de 2015, las recomendaciones del Síndic de Greuges, la ley de Prevención de Riesgos Laborales, la moción del Parlament sobre la dignificación de atención a la infancia, la resolución de esta Cámara sobre las condiciones laborales de los profesionales que trabajan en centros dependientes de la DGAIA y sobre la respuesta al incremento de la conflictividad en este ámbito.

Así lo hace constar el diputado de PSC-Units, Raúl Moreno, en una propuesta de resolución presentada en el Parlament, en la que insta a incluir en los pliegos de condiciones de futuros concursos públicos la necesidad de que la empresa adjudicataria disponga de un Protocolo de prevención ante situaciones de violencia, así como instar a las empresas que actualmente gestionan los centros de protección de menores a presentar, en un plazo de tres meses, un Protocolo de estas características.

El diputado del PSC Raúl Moreno / EP

El socialista también exige inspeccionar esas empresas para garantizar que existe una evaluación de riesgos psicosociales de los puestos de trabajo actualizada y si se cumplen las ratios fijadas, que a su juicio deberían revisarse.

“La Generalitat les dice a los trabajadores que hablen con sus empresas y que hagan presión para que los aprueben, que poco menos es un tema laboral interno. Aunque formalmente podría tener razón, creo que la protección a los trabajadores es prioritaria, y que debería hacer circular alguna recomendación, reunirles y solicitarles ese protocolo, o incluso, como pedimos nosotros, que incluyan esos protocolos en los pliegos de condiciones de las adjudicaciones”, explica a este medio Moreno. 

“Lo que no tiene sentido --añade-- es que aquellos trabajadores que lo hacen directamente para la Generalitat tengan esos planes y los que no, pues no los tengan cuando el servicio es de titularidad pública. No se pueden tener trabajadores en situación de riesgo laboral en función de la personalidad jurídica de la empresa”.