La Generalitat traslada sus problemas de tesorería a las personas con problemas de autismo. El retraso en el pago a las asociaciones que se encargan de asistir a estas personas está poniendo en peligro su continuidad. Este es el caso de la Fundación Privada Autisme Guru de Valldoreix (Sant Cugat del Vallès), que ha enviado una carta a las familias en la que explica la grave situación económica que sufre “por la falta de regularidad en el cobro de las facturas de la Generalitat”. En el trasfondo de este problema se encuentra la futura ley Aragonès --ley de contratos de servicios a las personas-- que, a juicio del sector, abre la puerta a una mayor privatización de los servicios y a aumentar el copago.
Mañana está prevista una masiva manifestación ante la sede del departamento de Economía de la Generalitat apoyada por un centenar de entidades contrarias a esa nueva normativa, que se aprobará antes de fin de año. El pasado miércoles, estas asociaciones protagonizaron un encierro en la Consejería de Trabajo.
Los gastos familiares
El padre de Artur, un niño afectado de autismo severo que asiste al Servicio de Terapia Ocupacional de la citada Fundación, explica la situación de las familias en una carta a CCOO y a la diputada de Catalunya en Comú-Podem, Marta Ribas, a la que ha tenido acceso Crónica Global. “La mayor parte de los padres son jubilados con pocos recursos. El impacto en el gasto familiar, en mi caso, es de un tercio de la renta familiar destinada a mi hijo Artur”, afirma. Y desglosa los gastos: cinco euros diarios de transporte especial, entre 300 y 400 euros de gasto sanitario, 70 euros para el Esplai y 700 euros en colonias de una semana…
La familia de Artur cobra 197 euros al mes en base a la ley de dependencia, vive de alquiler y “vamos pagando todas las facturas”.
Niños con autismo en una terapia de Més que Surf / MQS
La Fundación Guru, que dispone de un centro de educación especial y de una residencia, afirma que “estamos gastando más dinero del que ingresamos. Esto se produce por la falta de actualización de las tarifas de las plazas, ya que desde 2009 no se han incrementado, representando una pérdida de capacidad económica del 9,33%”. Por ello, además de elaborar un plan de contención del gasto que se aplicará a partir de enero de 2020, piden a las familias un esfuerzo, consistente en anticipar el dinero de las cuotas (“os lo devolveremos en septiembre de 2020”), conceder un préstamo, hacer una donación puntual a la Fundación (lo que permite deducir en el IRPF) o hacer aportaciones voluntarias de manera periódica (una donación, pero con continuidad en el tiempo, lo cual también desgrava).
Manifestación contra la 'ley Aragonès'
A juicio de la Plataforma Aturem la Llei Aragonès, la situación de este tipo de entidades se agravará todavía más. Según denuncian, la nueva norma permitirá por primera vez externalizar hasta 200 servicios ahora públicos.
Saldrán a la calle para recordar al Govern que “la mejor manera de proteger los servicios básicos de las grandes multinacionales es impidiendo que estos servicios acaben en manos de empresas privadas”.
Manifestantes ocupan la sede de la Consejería de Trabajo contra la 'ley Aragonès' / CUP
El proyecto de ley, que sigue en fase de ponencia y que según fuentes parlamentarias puede aprobarse antes de fin de año, pretende garantizar las buenas prácticas en los procesos de contratación de la administración pública. Es decir, que el Govern se conjura para evitar un nuevo caso 3%, relativo al cobro de comisiones a empresas por adjudicación de obra pública.
ERC, que siempre ha hecho bandera de tolerancia cero en materia de corrupción, es la responsable de esta nueva normativa, que en un principio impulsó el ex consejero de Acción Exterior, Relaciones Institucionales y Transparencia, Raül Romeva. En febrero de 2017, el Parlament comenzó a tramitar el decreto que debía servir como núcleo de la futura ley, donde el precio deja de ser el criterio de adjudicación principal para primar la calidad.
La ley se aprobará antes de fin de año
El proyecto quedó en suspenso debido a la aplicación del artículo 155 de la Constitución. En noviembre de 2018 se le dio un nuevo impulso, pues la Cámara catalana dio luz verde a esta ley pionera y que pasó a manos de la vicepresidencia económica de Pere Aragonès.
Concentración ante el Parlament en favor del desarrollo de la ley de la Renta Garantizada de Ciudadanía / CG
Uno de los puntos más polémicos es el artículo 7, donde se da prioridad a las cooperativas en la adjudicación de contratos.
Sociedades mercantiles, patronales y pymes expresaron su malestar ante la posibilidad de favorecer a “empresas de economía social o empresas sociales”, que obviamente interesa a un tercer sector que pugna por gestionar todas las políticas sociales de las administraciones.
Sin embargo, las entidades que mañana se manifiestan rechazan cualquier tipo de externalización. Por ejemplo, la Federació de Mares i Pares d’Alumnes de Catalunya (Fapac), que apoya esas movilizaciones, avisa de que la gestión de los comedores sociales está en manos de grandes empresas de catering que han hecho negocio con este servicio. La Fapac teme que la futura ley blinde ese modelo de externalización.