El mosso que escoltó a Puigdemont avala los cortes de carreteras

Ni los expedientes abiertos por la División de Asuntos Internos (DAI) de los Mossos d’Esquadra ni la investigación de la Fiscalía han mitigado el activismo independentista de Lluís Escolà, el sargento de los Mossos que acompañó a Carles Puigdemont en su fuga a Bruselas, donde le sirvió de escolta, y que posteriormente sería recolocado en la Consejería de Interior. Escolà acaba de expresar su apoyo a los radicales que cortan las carreteras y bloquean la frontera.

Que la controvertida DAI no haya disuadido a Escolà es comprensible, dado que esos expedientes fueron abiertos durante la aplicación del artículo 155, esto es, cuando el mando de los Mossos estaba controlado por el Gobierno de Mariano Rajoy. Lo que en un principio se tipificó como falta muy grave --incompatibilidad de funciones y encubrimiento por convertirse en el escolta de Puigdemont-- se saldó, tras el levantamiento del 155, en un simple traslado de destino a Martorell. La ley de la Policía de la Generalitat contempla entre doce meses y seis años de suspensión por este tipo de infracciones. Por aquel entonces, el responsable de Asuntos Internos era Andreu Joan Martínez, exdirector general de la policía autonómica, recolocado ahora en la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA). Martínez dimitió tras perder la confianza del presidente QuimTorra.

De esa leve sanción da cuenta la querella recién presentada por la Fiscalía contra el consejero de Interior, Miquel Buch, y contra el sargento por los presuntos delitos de prevaricación y malversación.

Según el relato del ministerio fiscal, Escolà, en 2017, acompañó al político prófugo en su huida de la justicia después de que se celebrara el referéndum del 1-O y tras la posterior declaración unilateral de independencia.

En aquel momento, además de pertenecer al cuerpo de Mossos, era asesor del consejero Buch, por lo que la Fiscalía entiende que fue pagado con dinero público mientras era escolta "permanente" de Puigdemont, es decir, que hubo un uso fraudulento de las arcas públicas. 

Efectivamente, Buch le fichó como asesor en el verano de 2018 con un sueldo de 75.000 euros al año. Entre sus cometidos destacaba ayudar a Buch en la implantación y el diseño de sistemas de seguridad corporativos, y en materia de prospectiva y explotación de información para la toma de decisiones.

También debe definir estrategias corporativas de seguridad y asesorar en materia de cooperación multilateral y de coordinación institucional en sistemas de seguridad, y sobre los sistemas de seguridad corporativos de otros países e instituciones internacionales. Se mantuvo en ese cargo hasta marzo de este año, cuando cesó.

Y aunque ya había sido expedientado, siguió acompañando a Puigdemont en sus periplos internacionales, al tiempo que bromeaba sobre su nuevo cargo en las redes sociales. “Adiós Feroes! Un placer!”, escribió en relación a un viaje que Puigdemont hizo a las Islas Feroe con la finalidad de buscar complicidades para la causa independentista. “Yo, mañana, continuaré asesorando”, añadía. “41 semanas haciéndonos cargo de MHPG. Mientras no se haga legal, se hará legítimamente”.

Escolà, que curiosamente es primo del exjefe de los Mossos, Miquel Esquius --sustituyó a Ferran López, que estuvo al frente del cuerpo durante el 155, y en junio de este año fue relevado por Eduard Sallent--, ha seguido utilizando Twitter para expresar su fidelidad a la causa independentista. El martes, se hacía eco del agradecimiento de los activistas a la Catalunya Nord “por su apoyo por las urnas (las del 1-O), por el corte de la Jonquera y tantas cosas”. Y un día antes, informaba de las inscripciones hechas en el Consejo para la República tras la sentencia del referéndum.

El doble rasero de la DAI

La citada DAI, que ahora investiga las cargas policiales de los Mossos contra radicales independentistas tras la sentencia del 1-O, nunca cuestionó ese activismo secesionista del sargento. Así, mientras agentes que insultan en las redes a políticos, jueces y asociaciones contrarios al procés no eran objeto de intervención, otros mossos, como el que pronunció la famosa frase “la república no existe, idiota”, fueron expedientados. Más recientemente, el juez archivó la sanción que la Dirección General de la Policía impuso a la cabo Inma Alcolea, después de 33 meses de vía crucis administrativo y judicial. El magistrado aseguró que las opiniones de la agente sobre la deriva independentista de los mandos del cuerpo suponen “una crítica legítima”.