El Govern marea la perdiz con la precariedad de los investigadores catalanes

Las negociaciones se remontan a 2016. Y solo este año, la Dirección General de Relaciones Laborales, dependiente del Departamento de Trabajo de la Generalitat, ha convocado en cuatro ocasiones a los representantes de los investigadores catalanes, que malviven con contratos temporales. Pero la elaboración de un convenio sectorial permanece encallada.

Hay voluntad, afirman los afectados, que han sido convocados de nuevo para el próximo 20 de noviembre. El último encuentro tuvo lugar el pasado lunes. Y, de nuevo, la consejería intentó limitar esa regulación laboral solo a los centros que dependen de la Generalitat, lo que dejaría fuera a investigadores de diferentes disciplinas, fomentando así la fuga de cerebros.

Con contratos temporales desde hace 15 años

El pasado miércoles se supo que diez de los 18 proyectos premiados en las VII Becas Gilead a la Investigación Biomédica correspondieron a centros catalanes, lo que demuestra el nivel de calidad del sector. Sin embargo, estos investigadores no disponen de un convenio sectorial y, tal como publicó Crónica Global, el 80% de los investigadores catalanes tiene un contrato temporal y muchos de estos profesionales llevan 15 años en esa situación.

Imagen de los premiados en las VII Becas Gilead a la Investigación Biomédica

Actualmente están sometidos al Estatuto de los Trabajadores. Se trata de un sector muy atomizado: centros de investigación, parques científicos, universidades, empresas tecnológicas… En Cataluña se calcula que hay unos 40.000 investigadores, de los cuales 10.000 trabajan en el sector de biomedicina. 

Adrià Grau, presidente del comité de empresa y gestor de ciencia de la Fundació Hospital Clínic per a la Recerca Biomèdica, y miembro de la Coordinació Intercentres de Recerca (CIR) explica que, en la reunión del pasado lunes, los representantes del sector chocaron de nuevo con las reticencias del Govern, que ofrece un convenio que incluyera solo a los miembros de Cerca (Centres de Recerca de Catalunya, dependiente de la Generalitat), lo que dejaría fuera otras disciplinas como las matemáticas, la arqueología y las humanidades.

"Llevamos así desde 2016"

“Llevamos así desde 2016. Este año hemos hecho cuatro reuniones y ahora nos convocan para el 20 de noviembre. Es cierto que el Cerca representa al 80% del sector, pero nosotros defendemos un convenio funcional. Que abarque a las empresas extranjeras que quieran instalarse en Cataluña. Va muy lento”, explica Grau. 

El 6 de mayo 2016, la Comisión de Empresa y Conocimiento del Parlament aprobó una propuesta de resolución que instaba al Govern a abrir un marco de negociación para la elaboración de un convenio sectorial, todavía inexistente. Entre los pocos avances destaca la creación de una patronal que se llamará Acrec (Associació Centres de Recerca de Catalunya). 

Tantos salarios como profesionales

La ausencia de un convenio laboral provoca que haya tantos salarios como investigadores y que, en algunos casos, un profesional cobre el triple que otro por hacer la misma labor.

CCOO y UGT, sindicatos mayoritarios en el sector, han denunciado en varias ocasiones el abuso de los contratos temporales encadenados durante 6, 10 y 15 años. Un informe publicado por estos sindicatos el año pasado explicaba que “los fondos propios de las entidades incrementan a través de presupuestos estatales y/o catalanes o por medio de un porcentaje de costes indirectos recibidos de cada una de las subvenciones públicas o privadas vía proyectos. Una drástica reducción de los presupuestos y las subvenciones afecta directamente a la sostenibilidad de los centros de investigación y las posibilidades de estabilizar con contratos indefinidos la plantilla”.

Solo se invierte el 1,46% del PIB

Cataluña, añade ese informe sindical, invierte en ciencia el 1,46% de su PIB, lejos del récord histórico del 1,7% en 2009 y de las cifras superiores al 3% de los países más avanzados.

A partir de 2008 “los centros de investigación de Cataluña se han visto afectados por múltiples recortes en los sus presupuestos públicos, una drástica reducción de las subvenciones de ámbito estatal y autonómico y, además, falta de financiación privada”.