Tamara Carrasco, miembro de los CDR acusada de desórdenes públicos, en el momento de su detención / EFE

Tamara Carrasco, miembro de los CDR acusada de desórdenes públicos, en el momento de su detención / EFE

Política

El mito de los nuevos mártires del independentismo

Partidos y medios nacionalistas instrumentalizan a activistas procesados para vender un relato ficticio de represión del Estado contra el secesionismo por razones ideológicas

30 septiembre, 2019 00:00

La detención la semana pasada de nueve CDR y el encarcelamiento preventivo sin fianza de siete de ellos acusados de terrorismo, tenencia de explosivos y conspiración para causar estragos ha generado la reacción inmediata del independentismo político y mediático, que ha salido en su defensa en tromba y sin fisuras. Esta respuesta del secesionismo se ha fundamentado en la apelación al victimismo y en una estrategia de criminalización del Estado, y para ello no ha dudado en recurrir a algunos supuestos mártires del procés, entre los que destacan nombres como Tamara Carrasco, Adrià Carrasco y Valtònyc.

Partidos y medios nacionalistas instrumentalizan a activistas procesados para vender un relato ficticio de represión del Estado por razones ideológicas

Pero, ¿son estos sujetos realmente víctimas de “la represión del Estado” como denuncia infatigablemente el independentismo catalán o son el resultado de la minuciosa construcción de un relato ficticio para aprovecharlo políticamente?

Ni 48 horas acusada de terrorismo

Tamara Carrasco García fue detenida el 10 de abril de 2018 acusada de terrorismo y rebelión por la Fiscalía, pero 48 horas después la Audiencia Nacional rebajó la imputación a desórdenes públicos y la puso en libertad con medidas cautelares. Estas consistían en presentarse cada semana en un juzgado de guardia, la prohibición de salir de España y la restricción de abandonar su localidad de residencia --Viladecans (Barcelona)-- excepto para acudir a su trabajo.

El 13 de mayo de 2019, la justicia levantó las cautelares, aunque mantuvo la acusación de “difusión o llamamiento a desórdenes públicos”, delito recogido en el artículo 559 del Código Penal y castigado con pena de multa de tres a doce meses o prisión de tres meses a un año.

Sabotajes y un cuartel en el punto de mira

Tamara Carrasco es la presunta autora y difusora en las redes sociales de audios en los que animaba a realizar “sabotajes” a líneas ferroviarias y redes de fibra óptica, cortar autopistas --incluyendo aceite y balas de paja a las que “prender fuego”--, bloquear Mercabarna y el puerto de Barcelona --sobre el aeropuerto, en cambio, advertía de que era “más jodido porque te puede disparar la Guardia Civil”-- y otras “acciones un poco más heavies”, además de implementar una estrategia de “distracción policial” para tener “a todos los Mossos y la Policía Nacional repartidos por toda Cataluña” sin poder responder a los actos tumultuarios.

Durante el registro practicado en la vivienda de la CDR de 34 años (candidata de Guanyem-Viladecans en 2015 --marca blanca de Podemos y de la formación promovida por Ada Colau-- y defendida por el exdiputado de la CUP Benet Salellas), la Guardia Civil encontró información sobre un cuartel del instituto armado en Barcelona.

Ni caso cerrado, ni precedente

A pesar de los indicios que vinculan a Tamara Carrasco con acciones violentas y que la justicia mantiene su imputación por desórdenes públicos, partidos y medios independentistas han exhibido a la CDR como víctima de un montaje policial y judicial que, según su relato, ha quedado en nada.

En línea con esa narración, presentan este caso como un “precedente” de los siete CDR detenidos la semana pasada y acusados de terrorismo.

Adrià Carrasco, miembro de los CDR a quien la Audiencia Nacional reclama por terrorismo, en TV3 / TV3

Adrià Carrasco, miembro de los CDR a quien la Audiencia Nacional reclama por terrorismo, en TV3 / TV3

El “exiliado” Adrià Carrasco

En la misma operación policial en la que se detuvo a Tamara Carrasco García, la Guardia Civil pretendía arrestar a otro CDR, Adrià Carrasco Tarrés --en esta ocasión, en Esplugues de Llobregat (Barcelona)--, pero este huyó antes y se refugió en Bélgica, junto al expresidente de la Generalitat fugado Carles Puigdemont.

Pese a que tampoco está acusado de terrorismo ni de rebelión --se le atribuye un delito de desórdenes públicos por acciones similares a la de Tamara Carrasco--, Adrià Carrasco se ha convertido en otro presunto mártir del procés, y la prensa y las formaciones políticas venden el relato de que el joven activista es otro sacrificado por la “represión” del Estado español por motivos ideológicos. También lo muestran como un “precedente” de las detenciones de la semana pasada y su discurso victimista tiene en TV3 un altavoz acrítico de sus actuaciones, hasta el punto de que lo presentan como el joven que “tuvo que marchar al exilio porque le acusaban de terrorismo por haber levantado la barrera de un peaje” (Cristina Puig, dixit).

Valtònyc, huido en Bélgica

El rapero Valtònyc comparte con Adrià Carrasco su lugar de fuga --Bélgica--, su equipo de abogados --Christophe Marchand y Gonzalo Boye (este último, condenado por colaborar con la banda terrorista ETA)-- y su ensalzamiento por los partidos y los medios nacionalistas. Pero en su caso, como en los anteriores citados, la realidad también es muy diferente.

Josep Miquel Arenas Beltran --nombre real de Valtònyc-- fue condenado en febrero de 2017 a tres años y medio de cárcel por enaltecimiento del terrorismo y humillación a las víctimas (dos años), injurias graves a la Corona (un año) y amenazas (seis meses) por la Audiencia Nacional. Sentencia que fue ratificada en febrero de 2018. Tres meses después, cuando tenía que entrar en prisión, se fugó a Bélgica.

En la corte de Puigdemont

Algunas de las letras de sus canciones en las que se basó la sentencia señalan que “Jorge Campos [presidente de la entidad constitucionalista Círculo Balear] merece una bomba de destrucción nuclear” y que “queremos la muerte para estos cerdos”, además de amenazarle con que “la arrancaré la arteria y todo lo que haga falta”. También insta a “que explote un bus del PP con nitroglicerina cargada”, “a ver si ETA pone una bomba y explota” la policía y la monarquía, a ponerle “una soga al cuello” al Rey y a “fusilar al Borbón”. El rapero propugna que el expresidente popular de Baleares “Bauzá debería morir en una cámara de gas” y de que “por mí el Bauzá habría muerto ya de una bomba”, avisa de que a “su casa, su farmacia, le prenderemos fuego", asegura que “tu bandera española está más bonita en llamas, igual que un puto Patrol de la guardia cuando estalla” y defiende la “kale borroka en el Ministerio de Educación” y que “esto es amor: goma 2 y kaláshnikov”. Todo ello aderezado con perlas como “gora ETA”, “los GRAPO, os necesitamos” y llamamientos a “matar un puto guardia civil esta noche” y “ponerle una puta bomba al fiscal” desde el escenario de un concierto.

En Bélgica, Valtònyc se ha unido a la corte de Puigdemont, lo que le ha permitido beneficiarse de su potente aparato propagandístico para convertirse en otro mártir de la supuesta represión del Estado español contra el independentismo catalán.