"Oportunidad única": Así hace negocio Calvet con el suelo público

“Oportunidad única para vender suelo residencial”. Con este reclamo, la Generalitat anuncia la venta de suelo público en Viladecans (Barcelona), incumplimiendo así las directrices del Parlament, que hace un año aprobó instar a la Generalitat a retener la titularidad de los terrenos del Incàsol –empresa pública dependiente de la Consejería de Territorio—con la finalidad de ampliar su parque público de vivienda. Esta es una de las vías apuntadas por los expertos para solucionar el problema del acceso a la vivienda. Sin embargo, en la última operación urbanística, solo 163 de las 2.956 viviendas previstas tendrán titularidad pública, un 5,5%.

Anuncio de venta de suelo público del Govern en Viladecans (Barcelona) / CG

El Govern ha optado en los últimos años por enajenar el suelo público. En este caso, lo hace con un lema que suena a eslogan publicitario. No en vano, Damià Calvet, titular del citado departamento, había trabajado en el sector inmobiliario. Antes de ser nombrado conseller, fue director del Incàsol durante cinco años. Calvet hereda una competencia en vivienda que Convergència ha gestionado durante 32 años.

El mandato del Parlament

El 17 de octubre de 2018, la Comisión de Territorio de la Generalitat aprobó, a propuesta de Ciutadans, la resolución 96/XII sobre el mantenimiento de la titularidad pública de los terrenos de Incasòl.  En esa moción se instaba al Govern a realizar las modificaciones normativas necesarias para asegurar que todas las parcelas de propiedad pública calificadas de uso residencial en municipios considerados de alta demanda mantuvieran la titularidad pública y sólo puedan tener como destino la promoción de vivienda en régimen de alquiler asequible. 

Revisar las operaciones de venta

En esta iniciativa también se encomendaba a la Generalitat que, mientras esas modificaciones no tuvieran lugar, se revisasen y reconsiderasen las operaciones de venta de terrenos públicos que estuvieran en marcha o que estuvieran previstas para el futuro. 

Pese a ello, el pasado 8 de julio de 2019, la Generalitat anunció la venta de un “primer lote de cuatro parcelas con más de 15.000 m2 de techo para construir 190 viviendas”, pertenecientes al Sector Llevant de Viladecans, cuya edificabilidad total permitirá ejecutar 2.956 viviendas. De todas estas viviendas,únicamente 163 serán directamente promovidas por Incasòl quedando todas las demás en manos privadas. Es decir, únicamente un 5,5% del número total de viviendas tendrán titularidad pública.  

Sergio Sanz, diputado de Ciudadanos y promotor de una iniciativa para aumentar el parque público de viviendas social / CG

“La venta de estos terrenos no sólo supone actuar en sentido opuesto a lo aprobado por el Parlament en la fecha anteriormente indicada. Supone, sobre todo, seguir perdiendo oportunidades para crear un parque público de vivienda que pueda operar como contrapeso de las dinámicas propias del mercado privado, que ha demostrado ser ineficiente a la hora de garantizar el acceso a la vivienda a una parte importante de la ciudadanía y, especialmente, a los sectores que perciben una menor renta o más sufren la precariedad laboral”, asegura el diputado de Ciudadanos, Sergio Sanz, en una propuesta de resolución presentada en el Parlament.

Batería de preguntas de Cs

La formación naranja insiste en el necesario cumplimiento de la citada resolución y reclama la cancelación de ese último lote de Incasòl, así como “desarrollar el Sector Llevant de Viladecans con la mayor celeridad posible, procurando que en él convivan personas de perfiles económicos y socioculturales diversos para facilitar la cohesión social y la igualdad de oportunidades”.

En paralelo, Sanz ha registrado una batería de preguntas sobre esa “oportunidad única” que, según el Govern, supone la comercialización de los terrenos de Viladecans, con la finalidad de averiguar si se han buscado los mecanismos de financiación adecuados para intentar mantener la titularidad pública. Indaga, asimismo, en los motivos que han llevado a Calvet a que solo 163 de las 2.956 viviendas previstas tengan titularidad pública –un 5,5%-- “teniendo en cuenta el escaso parque de vivienda pública del que dispone la administración autonómica de Cataluña”.

Cataluña, entre las comunidades que menos invierten

El informe Gasto e inversión de las entidades locales y comunidades autónomas en política de vivienda en España publicado por el Observatorio Vasco de la Vivienda sitúa a Cataluña entre las regiones que menos gasto dedican en política de vivienda por habitante. En este sentido, la comunidad catalana registra un retroceso desde 2008, año en el que dedicaba 44,5 euros por persona, frente a los 25,7 euros que dedicó en 2017. La media española ese ultimo año se situaba en 35 euros. Respecto al PIB, Cataluña alcanzaba hace 11 años el 0,16%, frente al 0,09% correspondiente a 2017.  

Por su parte, la Agencia de la Vivienda de Cataluña indica que, en 2009, la cuota de pisos protegidos superaba el 60%, mientras que en 2018 se situaba en un 10%. Un porcentaje que dista mucho de los objetivos de la Ley del Derecho a la Vivienda de Cataluña aprobada en 2007, según la cual, el objetivo era llegar a 2027 con una cifra de pisos sociales que supusiera el 15% de todo el parque inmobiliario de Cataluña. Eso equivale a 440.000 viviendas (sobre un total de 2,9 millones).

Otras operaciones inmobiliarias

La comercialización de las fincas de Viladecans se unen a otras operaciones inmobiliarias del Govern. Hace un año, la Consejería de Territorio vendió una parcela en Sant Adrià de Besòs (Barcelona) a la cooperativa Lar Unió Catalònia, con la finalidad de construir 102 pisos, 52 de los cuales serán de protección oficial y los 50 restantes, tendrán un régimen protegido de precio concertado –unos 3.000 euros por metro cuadrado--.

Por aquellas fechas, activistas a favor de la vivienda pública intentaron impedir la subasta de 46 inmuebles procedentes de herencias intestadas de la Generalitat en L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona). La subasta suponía el incumplimiento de los propios acuerdos de la Generalitat, ya que el 22 de septiembre de 2016, el exvicepresidente Oriol Junqueras, y la exconsejera de Gobernación, Administraciones Públicas y Vivienda Meritxell Borràs, firmaron un convenio con la Taula d’Entitats del Tercer Sector según el cual, los pisos de herencias intestadas serían destinados a personas "en situación de emergencia social” en lugar de venderlos como se hacía hasta entonces.

En 2017, el Incasòl –dirigido entonces por Calvet-- vendió al grupo La Llave de Oro una parcela en Can Sant Joan, en Rubí (Barcelona) con la finalidad de construir una promoción de 38 viviendas.