La expresidenta del Institut Català de les Dones (ICD), Núria Balada, ya tiene nuevo cargo dentro de la Generalitat. Menos de dos días ha tardado el Govern en recolocar a esta militante del PDeCAT y de premiarla, además, con un sueldo nada desdeñable que, desde el departamento competente del Gobierno catalán, no han querido valorar a pesar de las preguntas realizadas por este medio.

El Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña (DOGC) comunicaba el 3 de septiembre que Balada había sido cesada como presidenta del organismo público relacionado con el feminismo. Un día más tarde la nombraban adjunta al gabinete de Meritxell Budó, consejera de Presidencia, cargo que se hacía efectivo dentro de las 24 horas siguientes.

Personal eventual con sueldo de funcionario

El documento oficial que publica el nombramiento de Balada señala que será parte del “personal eventual” del departamento público, y que tal puesto de trabajo cuenta con la misma retribución que la de un “funcionario del grupo A, nivel de destino 30”. El Govern estipula un sueldo para este grupo de trabajadores públicos de entre 68.000 y 70.000 euros.

En estas dos cantidades están incluidos los complementos salariales específicos atribuidos al personal del funcionariado, que oscilan entre los 38.000 y los 40.000 euros anuales, según las cifras de la Generalitat. Sin embargo, Núria Balada ha sido agraciada con un “complemento específico de 41.353,44 euros anuales”. Es decir, que cada año que pase en este puesto cobrará alrededor de 72.000 euros --según el cálculo de este medio y fuentes sindicales, que la Generalitat no ha querido confirmar--.

Apoyar y asistir

Fuentes del sector público apuntan que, a pesar de haber equiparado la retribución de personal eventual con el de un funcionario público, el principal regalo a la nueva adjunta de Presidencia ha sido dicho complemento salarial, de un volumen superior a lo común. ¿Y qué hará Balada para recibir tal compensación económica?

Sus tareas se centran, sobre todo, en dar “apoyo y asistencia” a las actividades tanto de Budó --también del PDeCAT-- como de su jefe de gabinete. Entre sus cometidos está ayudar en “la elaboración de documentos, informes, propuestas y estudios” para asistir a la consejera tanto en sus competencias como en los actos, reuniones e intervenciones que realice, así como “cualquier otra función análoga que le puedan encargar”.

En el PDeCAT desde su fundación

Balada, asociada al partido neoconvergente desde 2016, cuenta con un marcado perfil independentista --lazo amarillo incluido-- que, en más de una ocasión, ha dejado ver en sus discursos como presidenta del ICD. Entre ellos, el realizado en el Día de la Mujer (8M) de 2018, en el que no dejó pasar la ocasión para hacer referencias al “Gobierno legítimo” de Cataluña.

Ejerció como abogada hasta 2011, cuando fue nombrada directora del Institut de les Dones. Aquel mismo año dejó de militar en la JNC, las juventudes de Convergència, organización en la que se encontraba inscrita desde 2006. También fue militante de CDC y es presidenta del PDeCAT de Gracia desde 2016.

Sin programa feminista

Como presidenta del ICD (cargo que obtuvo en 2017), no ha estado exenta de polémica. De hecho, fuentes del movimiento feminista aseguraron a este medio que la institución no tenía “programa de acción” más allá de poner en marcha “actos institucionales en los que se luce el lazo amarillo y se critica el 155”.

Como ejemplo, destacan que, en aquel año, la Comisión Nacional para una Intervención Coordinada contra la Violencia Machista --dependiente del ICD-- solo se reunió tres veces. También aluden a la escasa aplicación del Pacto de Estado contra la Violencia Machista en Cataluña, la única comunidad autónoma que carece de Unidades de Valoración Forense Integral (UVFI).