El Parlament arrastra desde hace diez años la ley electoral de Cataluña

El Parlament iniciará el curso político con un tema espinoso en la política catalana: la ley electoral propia, puesto que es la única Comunidad Autónoma que todavía tiene esta cuenta pendiente por la falta de consenso. La plataforma cívico-política Ciutadans pel Canvi, que apoyó al PSC entre 1999 y 2010, presentó en febrero 2009 una ILP con más de 50.000 firmas a sus espaldas, aunque no sería hasta un año más tarde cuando se pudo validar esta tramitación. 

La ley, que ahora se encuentra en un cajón tras superar en 2015 el debate a la totalidad, parece que ha quedado abandonada en un cajón y ni siquiera está entre los asuntos más urgentes de la agenda política. El Estatut de 2006 contempla que el sistema debe ser "proporcional", aunque a la vez tiene que asegurar la "representación adecuada de todas las zonas del territorio de Cataluña".

Situación actual

Cataluña se basa de forma provisional en el sistema dispuesto en la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG) y por una disposición transitoria en el Estatuto de Autonomía de 1979 todavía vigente. En este texto jurídico se establece el número de diputados, así como la distribución de escaños en cada una de las cuatro provincias: Barcelona (85), Tarragona (18), Girona (17) y Lleida (15). 

Este reparto electoral genera quejas entre los partidos de voto más urbano, puesto que consideran que Barcelona queda infrarrepresentada en detrimento del resto de provincias catalanas. Esta redistribución de escaños fue la que provocó una distorsión electoral que permitió a CiU mantenerse como lista con más diputados en las autonómicas de 1999 y 2003, cuando la candidatura del PSC de Pasqual Maragall había obtenido más votos. 

¿Falta de consenso?

Los partidos firmaron un acuerdo de mínimos sobre esta cuestión sobre la que PP, PSC, Cs e ICV --que a su vez había votado-- presentaron enmiendas a la totalidad. La propuesta obviaba lo más importante: el sistema electoral. De hecho, cada partido tiene una propuesta determinada. PSC y el PP proponen que los resultados se escruten bajo el sistema de una persona, un voto, aunque luego se asignen esos diputados a cada uno de los territorios. Con el régimen actual, un diputado en Barcelona cuesta unos 48.000 votos, mientras que uno en Lleida necesita de unos 21.000.

"Propuestas hay muchas, pero esta última permitiría respetar el principio de proporcionalidad y a la vez garantizar que los territorios están bien representados", explica el secretario segundo del Parlament, David Pérez. El PP asumió esta propuesta y la ha presentado esta legislatura. "Los partidos nacionalistas quieren mantener esa sobrerrepresentación, pero el resto queremos un sistema más justo", explica el diputado popular, Santi Rodríguez.  

Tramitación parada

La ley se quedó en un cajón, algo que desde el PSC denuncian. No obstante, Pérez lamenta que es muy complicado que esta norma jurídica tire adelante a corto plazo: "Con la composición actual veo muy difícil articular una mayoría parlamentaria que llegue a los dos tercios necesarios". Rodríguez apunta en la misma línea, y recuerda que "existen gran cantidad de sistemas electorales que garantizan la proporcionalidad y la territorialidad".

Aunque la ILP está parada, si los partidos decidieran tirarla hacia adelante podrían retomarla desde el punto en el que se quedó la última vez que se abordó. Así lo ratifica el secretario segundo de la mesa, que advierte que si se tuviera que empezar todo desde cero "se podría tardar perfectamente entre un año y dos" en llevarlo a cabo.