Barcelona detecta el uso indebido de 358 pisos de protección oficial

El Ayuntamiento de Barcelona ha detectado el posible uso indebido de 358 viviendas de protección oficial (VPO) en las 2.679 inspecciones que ha realizado en el último año y medio. Investigaciones que, por cierto, se enmarcan en el Plan de inspección de VPO, creado a finales del 2017 para evitar fraudes. En la capital catalana hay 16.000 pisos protegidos.

En una rueda de prensa, la concejal de Vivienda y Rehabilitación, Lucía Martín, ha detallado que las inspecciones se han centrado en los pisos que perderán la calificación de VPO en los próximos años. Hasta ahora, se han investigado 2.679 pisos, 758 se han vuelto a registrar y en 358 hay indicios de mal uso –están vacíos (9% de los casos) o alquilados por encima del precio legal–.

Multas de hasta 45.000 euros

En este contexto, se han incoado 60 expedientes por irregularidades en el uso de VPO, mientras 12 propietarios ya han pagado las multas correspondientes, que oscilan entre los 4.000 euros y los 45.000 euros. Además, seis viviendas se han cedido a la bolsa de alquiler –en la Barceloneta, Clot, Poble-sec y Vallbona, entre otros– y se han producido 11 regularizaciones de las familias que estaban en arrendamiento, rebajando el precio establecido por ley.

El objetivo de la sanción, explican desde el consistorio, no es recaudatorio, sino recuperar la función social de las VPO. Por ello, la multa se puede bonificar parcialmente si la propiedad regulariza al inquilino de acuerdo con el precio máximo que establece la ley, o en el caso de pisos protegidos vacíos si los cede a la bolsa de alquiler por un plazo de cinco a diez años.

Tres meses vacíos

El programa de control comporta la apertura de expedientes a propietarios a quienes se les adjudicó una VPO y que no la utilizan como residencia habitual y permanente –si están tres meses seguidos sin ocuparla y sin causas que lo justifiquen–, o la han alquilado sin pedir la autorización preceptiva.

Martín ha remarcado que las VPO son "un bien preciado y necesario" y que hay que velar por su buen uso. Espera que su mensaje disuada de posibles "comportamientos inadecuados". No obstante, la capacidad de inspeccionar y sancionar la incorrecta utilización de vivienda pública es de la Generalitat, por lo que en 2017 Barcelona solicitó estas competencias al Govern.

Protección permanente

Por último, desde el ayuntamiento denuncian la anomalía que supone construir pisos con ayudas públicas y adjudicarlos en propiedad privada, y que estas viviendas pierdan la protección y se puedan vender por el doble o más de lo que pagaron los adjudicatarios. Por eso, reiteran a la Generalitat la necesidad de que la protección sea permanente, y desconfían de la propuesta lanzada por el Govern para que la Sareb destine 327 pisos en la capital catalana al alquiler social. Habría que buscar una fórmula positiva para todas las partes.

Con todo, cabe recordar que Barcelona está estructurando la gestión de los pisos protegidos, como ha informado este medio.