La política catalana se prepara, de nuevo, para otro “otoño caliente”. La sentencia del Tribunal Supremo sobre el referéndum del 1-O está prevista para la segunda quincena de septiembre, después de la celebración de una Diada que el independentismo más recalcitrante insiste en convertir una vez más en una exhibición de músculo rupturista. De hecho, los diputados del Parlament solo disponen de las dos primeras semanas de agosto para hacer vacaciones, pues deben estar localizables en la segunda quincena ante la posibilidad de que se celebre un pleno extraordinario.

Sin prisa para afrontar nuevos comicios

Sin embargo, la inminencia de unas elecciones catalanas no está tan clara. Toda la oposición coincide en que esta legislatura está agotada, pero hay señales que demuestran que Carles Puigdemont y Quim Torra no tienen prisa para afrontar unos comicios que, según las encuestas, supondrían el despegue de ERC y PSC. Hay muchos cargos institucionales en juego.

Fuentes soberanistas apuntan a la primavera de 2020. Incluso más allá, en el otoño de ese año, coincidiendo con el tercer aniversario del 1-O. Aguantar otro año del bloqueo gubernamental, en el que tiene mucho que ver la pugna interna entre Junts per Catalunya y ERC, parece impensable. Pero lo cierto es que Torra lleva semanas reorganizando su equipo, esto es, fichando nuevos asesores y depurando a otros. La operación comenzó a finales de 2018, pero se ha ido intensificando en las últimas semanas. En su núcleo duro se mantienen la responsable de comunicación, Anna Figuera y, especialmente, Pere Cardús, coordinador de la gestión de la información y atención a la ciudadanía pero que actúa como jefe de gabinete en la sombra.

Limpieza de tibios

Por el contrario, los tibios no tienen cabida. Uno de los ceses más recientes es el de Sergi Sabaté, hasta ahora asesor del president en gestión de redes sociales y cuyo perfil moderado no encaja con los discursos radicalizados de Torra, quien acaba de fichar a Albert Esteller como asesor del director de la Oficina del President. Esteller, dirigente de la Joventut Nacionalista de Catalunya (JNC) en el Baix Llobregat.

Su cometido junto a Torra será “prestar apoyo y asesoramiento en la conceptualización, gestión y ejecución de proyectos de interés estratégico para las políticas públicas y acción de Govern”. Este fichaje se une al de Ramir Lafuente “asesor en proyectos transversales, adscrito al gabinete de la consejera de Presidencia”. Lafuente fue "asesor técnico de Atención a las Personas" en la Diputación de Barcelona. En este ente supramunicipal también trabajaba Carles Segura, que Presidencia nombró ese mismo día como "asesor en información y comunicación".

Amagos de deserción

La estrategia radical de Torra ha ido acompañada de amagos de deserción por parte de altos cargos de Presidencia, especialmente cuando el president apostó por la violenta vía eslovena para lograr la independencia de Cataluña. Tal como informó Crónica Global, estos cargos temían que su asociación con el president les perjudicara laboralmente, e incluso intentaron contactar con un conocido headhunter.

Según consta en el portal de la transparencia de la Generalitat, el Gobierno de Torra tiene más de 300 altos cargos y personal eventual. A pesar de que la ley exime a estos asesores de dar explicaciones y al Govern, de elaborar informes justificativos previos, la Oficina Antifraude de Cataluña (OAC) recomienda hacerlo. Lo indica en su estudio La gestión de los conflictos de interés en el sector público de Cataluña, un referente de buenas prácticas en la administración pública.

Renovación del órgano de control de las consultas

Mientras tanto, Torra asegura que no tiene prisa por convocar elecciones y que, en contra de lo manifestado en anteriores ocasiones, su respuesta a la sentencia del Supremo no pasa necesariamente por un adelanto de los comicios catalanes. ¿Quizá otra consulta?

El pasado 4 de julio, el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña (DOGC) publicó la nueva composición de la Comisión de Control de las Consultas Populares no Refrendarias, un órgano creado por el expresidente Artur Mas en 2014 con vistas a la consulta del 9N. El Govern insiste en negociar con Pedro Sánchez una fórmula que permita ejercer el derecho a la autodeterminación. Y aunque los socialistas han asegurado por activa y por pasiva que ese derecho no existe, la posible entrada de Podemos en el gabinete de Sánchez parece insuflar nuevas esperanzas a Junts. Hasta el punto de emular a ERC y manifestar que, en ese caso, no bloquearían la investidura.

¿Acaso no era esa una pantalla superada? Un referéndum o consulta es otras de las opciones que Puigdemont tiene in mente. Hoy por hoy, solo la Assemblea Nacional Catalana (ANC) insiste en pasar a la acción y declarar unilateralmente la república catalana. Hasta la CUP asiste a su propia catarsis sistémica, esto es, al reconocimiento de que el procés está muerto, que la independencia no es posible y que incluso sería necesario formar parte de un gobierno catalán secesionista. El último sondeo de El Periódico vuelve a dar mayoría parlamentaria a los independentistas. El Govern necesita, por tanto, visualizar que algo queda de esa fallida hoja de ruta secesionista.

¿Nuevos presupuestos?

Públicas y notorias son las rencillas internas entre Puigdemont y PDeCAT, aunque el pacto con los socialistas en la Diputación de Barcelona han puesto sordina a las mismas. El de Waterloo ha bendecido una operación que, en principio, se había interpretado como el segundo desafío de los moderados neoconvergentes tras su apoyo a la moción de censura contra Mariano Rajoy. La fórmula sociovergente acaba de arrancar pero nadie duda de que supone un revulsivo para Junts a nivel municipal ante el empuje de Esquerra.

El acuerdo en la Diputación debería allanar el terreno a una negociación de los presupuestos de la Generalitat entre Junts y PSC. “Es lógico que nos busquen para negociar las cuentas y esperamos que hagan una propuesta consistente”, explican fuentes socialistas. En esta ocasión, y a diferencia de lo ocurrido este año, parece que el Govern está dispuesto a aprobar sus cuentas de 2020 en el Consell Executiu. Si no prosperan, el Govern se enfrentaría a una tercera prórroga. Inasumible, pues las arcas públicas catalanas están vacías. Pero la ley lo permite.