Dexeus: "Los fiscales no hemos sabido hacer pedagogía sobre el 'procés'"

“Somos los grandes desconocidos”. Cristina Dexeus, presidenta de la Asociación de Fiscales, defiende la labor de estos profesionales “que a menudo se asocia con el mal en el ámbito penal, cuando en realidad defendemos a las víctimas”. Se incorporó al cuerpo de fiscales porque su preparador para las oposiciones era un entusiasta de esta profesión, que necesita más recursos si quiere asumir el papel de instructor, tal como se viene reivindicando hace tiempo.

-¿En qué situación laboral se encuentran los fiscales?

-Estamos mal, igual con la ministra Delgado que con el ministro Catalá. La justicia es la gran olvidada de los grandes partidos. En estas elecciones no ha aparecido en ningún programa, es sorprendente. Hace un año todos los partidos apoyaron un Pacto Nacional por la Justicia que luego no llegó a ninguna parte. Y eso es lo que se debe determinar: qué modelo de justicia se pretende, si se quiere encomendar la instrucción de las causas al fiscal, cómo se define la planta judicial… Son los grandes retos que no se abordan.

Vídeo de la entrevista de Crónica Global a Cristina Dexeus

-Que el fiscal lleve el peso de la investigación en lugar del juez es una antigua aspiración. ¿Eso es posible hoy?

-Lo primero que se debería hacer es un estudio sobre cómo repercutiría ese nuevo modelo en la plantilla de fiscales. Creo que necesitamos un refuerzo. Llevamos temas penales, pero también de familia, menores, discapacitados… Hay tantos ámbitos… Si no nos dotan de más medios materiales y personales, estaríamos fatal. Es asumir una competencia que ahora no tenemos y es difícil cuantificar los recursos necesarios. Me gustaría hacer una referencia a la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LEC), que estableció plazos para no eternizar las causas, en previsión de que el fiscal fuera el instructor. Pero eso no se ha producido, sigue siendo el juez quien investiga, por lo que no tiene sentido que sea el fiscal el que esté vigilando que los plazos de la investigación se cumplan y en el juzgado se hagan las diligencias en un tiempo determinado, cuando desconocemos las causas que se llevan. El Gobierno no ha derogado todavía ese sistema, que impide que algunas causas complicadas sigan adelante.

-Nuevas tecnologías versus imagen decimonónica de la justicia.

-Es así y no es así. Las competencias en medios materiales, excepto en lo que llamamos "territorio Ministerio", se han transferido a las comunidades autónomas, entre ellas la digitalización y la modernización. Cada autonomía tiene su modelo propio y su propia velocidad, en función de lo que cada uno aplique económicamente. Por otro lado, no existe un acuerdo entre comunidades según el cual, si un modelo funciona, pueda extrapolarse a otras zonas. Aquí en Cataluña, por ejemplo, estamos a un nivel menos uno o menos dos, mientras que en otros territorios tienen una implantación muy avanzada, aunque con muchos problemas, pues se hizo de forma precipitada, sin previsión ni apoyo informático a los profesionales, que tuvieron que zambullirse en el expediente digital de un día para otro. En Canarias, por ejemplo, funciona muy bien con el sistema Atlante.

-¿La descentralización, por tanto, es buena o mala?

-Lo que es bueno es la racionalización y, si algo va bien en una comunidad, que funcione para las demás. Esa obsesión por que cada una tenga su propio sistema y hacer una competición a ver quién lo hace mejor, me parece absurdo. Además, deberíamos estar todos conectados porque la administración de justicia es de ámbito nacional.

-¿La Fiscalía depende del Gobierno? 

-Parte de la culpa de que no se sepa qué es la Fiscalía y cual es su nivel de dependencia del Gobierno es de la propia Fiscalía: no hemos sido suficientemente pedagógicos en este sentido. Dicho esto, existe una confusión tremenda, que responde a intereses opacos de grupos de opinión y partidos políticos, en confundirnos con el Gobierno. Y no es así. Nuestro día a día funciona de forma independiente, no estamos encajados en el Gobierno, formamos parte del poder judicial, lo dice la Constitución. Entre esa visión que se da de nosotros de forma interesada y los partidos políticos que nos odian y nos quieren a partes iguales, pues saben que podemos impulsar procedimientos en su contra, estamos en una situación difícil de explicar. Es cierto que el fiscal general del Estado es nombrado por el Rey, a propuesta del Gobierno, por lo que se debería buscar una fórmula distinta o matizada para evitar ese recelo social. Hay ejemplos de esa independencia. El procés, es uno de ellos. No somos la abogacía del Estado, que sí está encajada en el Ministerio de Justicia y cuya postura ha evolucionado en función de quien estaba al frente. La Fiscalía ha mantenido su postura jurídica desde el principio. Pero es cierto que hay que cortar ese cordón umbilical que, por ejemplo en temas de formación de fiscales, nos hace depender del Ministerio. La Fiscalía General debería tener sus propios medios de formación. Y deberíamos tener un presupuesto propio, lo que nos daría una autonomía total.

-¿Cómo se podría cambiar esa situación? ¿Que el fiscal general fuera elegido por el Congreso, por ejemplo?

-Hay países cuya salud democrática nadie pone en duda donde la dependencia de la Fiscalía del Gobierno es muy evidente. Por ejemplo, Estados Unidos. Las mayorías ahora mismo en el Congreso están como están y la elección del fiscal general se podría bloquear. Que el mandato de éste no coincidiera con el del Gobierno podría ser una fórmula. O que las causas de cese dependieran del Consejo Fiscal y no del Gobierno.

-¿Qué es peor, la presión política o la mediática?

-Estamos en el ojo del huracán. Las tentaciones de intentar presionar son múltiples. Pero el profesional debe intentar aislarse de todo lo que ocurre alrededor. No son buenos los juicios paralelos porque emponzoñan mucho un proceso. Estos días se está emitiendo en Netflix un documental muy interesante sobre las niñas de Alcàsser en el que se ve cómo un asunto judicializado está sometido a un juicio paralelo y cómo se generaron dudas y suspicacias sobre un caso donde todas las garantías procesales estuvieron presentes.

-Y eso que entonces no existían las redes sociales… ¿Cómo lleva usted ese asunto?

-Cuando se lleva un caso importante, hay que aislarse y no entrar en ellas.

-Pero en ocasiones en inevitable. Si no es usted, lo hace un vecino, un familiar…

-Yo creo que se puede.

-Hablaba antes de hacer pedagogía. Hemos visto decisiones judiciales que jurídicamente pueden ser impecables, pero socialmente no se entienden. Ocurrió con el caso de la Manada. ¿Es posible evitar esa dualidad o siempre habrá un nivel técnico al que no puede acceder la opinión pública?

-Siempre se puede hacer más. Hay casos en los que el nivel técnico es tan de matiz que es muy complicado explicarlo, pero hay que intentarlo. En el caso de la Manada, no me atrevo a hablar sin ver las cintas. Pero en ocasiones, encajar determinadas conductas en un tipo penal puede resultar costoso porque la conducta es extraña o novedosa y eso no ha sido contemplado por el legislador. Cuando el legislador se refirió a la violencia y la intimidación, ¿pensó que debía estar incluida la intimidación ambiental? ¿Se lo planteó? Pero precisamente para eso hay de dejar al profesional trabajar tranquilamente. Ahora parece que el Tribunal Supremo ha sucumbido a las presiones de la ciudadanía en su sentencia sobre la Manada. Yo creo que ha hecho lo que tenía que hacer y quizá era el momento de revisar si esas conductas novedosas encajaban o no en un tipo penal o en otro. Eso se produce cada día en muchos casos.

-Supongo que es nocivo legislar a golpe de titular.

-Es perjudicial legislar en caliente, porque te puedes equivocar y generar incertidumbre jurídica. Las normas deben tener un objetivo de cierta permanencia en el tiempo. No he leído la sentencia de la Manada, pero quizá ya sea suficiente como interpretación y no sea necesario tocar de nuevo el Código Penal, reformado demasiadas veces.

-Hay quien defiende precisamente una reforma para regular mejor el delito de rebelión que se ha aplicado a los dirigentes independentistas del procés. ¿Es realmente un juicio histórico o técnicamente no es tan complicado?

-Es novedoso. Es un tipo penal poco utilizado --gracias a Dios-- hasta ahora. Como en el caso anterior, hay que determinar si una conducta tiene encaje con un tipo penal u otro. El Tribunal Supremo deberá decidirlo y el caso está en muy buenas manos. Sería pretencioso por mi parte decir si se tiene que aplicar un delito u otro, pero lo que sí está claro es que el Código Penal y las normas de las que nos hemos dotado en democracia siempre han creído en la bondad de las instituciones y en la bondad de quienes las dirigen. Sí que ha sido una sorpresa que quien está comandando una comunidad autónoma se coloque por encima de la Constitución y no acate sus previsiones ni las resoluciones judiciales. Eso es lo novedoso, claro. No estaba previsto. En buena lógica y en democracia uno no está preparado para estas cosas.

-El independentismo rechaza que se judicializara el procés, que se debería resolver por la vía política.

-La justicia tiene su vía y la política, la suya. Pero cuando hay hechos que revisten carácter de delito, la justicia tiene que actuar y no mezclarse con lo político. Por el hecho de que quienes cometieron estas acciones son políticos ¿debemos abstenernos? ¿Qué tienen, patente de corso? ¿Qué son, diferentes del resto de ciudadanos? Pues precisamente tienen una mayor responsabilidad, son quienes dirigen las instituciones y, por tanto, dar una mayor imagen de respeto hacia las leyes y los tribunales. ¿La justicia tiene que mirar a otro lado porque son políticos? Nosotros no somos políticos, eso ha quedado demostrado. Y los políticos no están por encima de la ley.

-Los dirigentes independentistas están haciendo una campaña muy dura contra la justicia española.

-Creo que es tan evidente que ante un hecho delictivo hay que actuar que quien no lo vea es porque no quiere. Y es igual lo que yo le explique. Si ese señor me roba un bolso ¿la justicia no va a actuar? Si un señor que es presidente de la Generalitat se excede en sus competencias y comete hechos delictivos, pues la justicia debe actuar. Estamos sometidos a las críticas, sí, pero somos conscientes de que hemos hecho lo que teníamos que hacer. Se puede decir de todo de la justicia española, pero no que no sea garantista. Quienes lo sostienen han sido muy activos en su propaganda. Se echa en falta en que nosotros no hemos sabido hacer pedagogía y explicarnos bien sobre lo que estábamos haciendo, por qué estábamos actuando.

-¿Estos años de procés han sido especialmente duros para el colectivo de fiscales? Hemos visto casos de acoso, pintadas contra jueces, quema de una imagen del juez Marchena…

-Al final, a casi todo te acostumbras. Hay ocasiones donde hay mucha más tensión, como ocurrió en 2017. No sabíamos lo que iba a ocurrir y es cierto que no se trabajaba de la misma manera. Abstraerte de todo en aquellos momentos era más complicado. Había gente manifestándose ante los juzgados… Esa no es la mejor manera de trabajar, pero aquí estamos.

-En otros colectivos ha habido un aumento de peticiones de traslado. ¿Ha ocurrido también en el colectivo de fiscales?

-Los concursos que ha habido son muy pequeños, para toda España ha habido 15 plazas, me parece, y no da pie a que se pueda valorar. En jueces ha sido más evidente la marcha. En Cataluña no hay tradición opositora y nos nutrimos siempre de compañeros de otras comunidades. Y es lógico que, tarde o temprano, quieran volver a sus lugares de origen. Pero si la situación está más crispada, es lógico que te quieras ir antes.

-¿Usted se iría si se complican las cosas?

-No tengo ninguna intención de irme. Si me dice cómo podría complicarse la situación…

-Por ejemplo, una hipotética declaración de la república catalana, aunque suene a ciencia ficción…

-Sí, suena a ciencia ficción, pero mi forma de ser no casaría con esa situación.

-La Fiscalía se mantuvo muy firme en la necesidad de que Oriol Pujol siguiera en la cárcel. Que la familia Pujol esté en la calles es otro de los ejemplos judiciales incomprensibles para la ciudadanía.

-En los delitos de corrupción o de cuello blanco, normalmente las investigaciones son mucho más complicadas por su propia dinámica y suelen tardar en el tiempo. Seguir el rastro es complicado. Uno a veces pierde la esperanza o cree que ha llegado tarde. Pero hay que pensar que, finalmente, se llegará a juicio. Sobre si Oriol Pujol debe estar en la cárcel, la sentencia fue de conformidad, es decir, de cumplimiento. Pero el tratamiento penitencio depende de la Generalitat, es decir, del partido hasta hace poco hegemónico en Cataluña al que pertenece este señor y su padre. Es complicado pensar que las resoluciones que se toman internamente no pretendan favorecerle. Ante eso, la Fiscalía ha hecho lo que debía hacer. No puede ser que haya dos varas de medir y la ciudadanía perciba que cuando se trata de un político procedente de una familia muy conocida, la más importante durante décadas, tenga un trato diferenciado. Los informes de la Fiscalía han sido muy buenos.