Ada Colau contrata a clanes para vigilar obras

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Barcelona, que comanda Ada Colau, está contratando a clanes para vigilar obras. El ejecutivo local de la capital catalana ha encajado una doble denuncia ante el Departamento de Interior por pagar a empresas no certificadas para controlar reformar urbanas.

Preguntada por la cuestión, la portavocía de prensa del segundo mayor consistorio de España ha indicado que Bimsa, la empresa municipal de infraestructuras, "contrata únicamente las empresas que cumplen con todos los requisitos legales y jurídicos que se piden en los pliegos de condiciones de las licitaciones. Si no se cumplen, quedan automáticamente descartadas de posibles licitaciones". Vecinos de las obras de la Iglesia de Sant Rafael, que el Ayuntamiento está reparando, con un presupuesto de 1,7 millones de euros y una fecha prevista de finalización fijada para octubre de este año, han aportado otra versión. "Han contratado a familias gitanas para vigilar el lugar. Han colocado la rueda en la valla. Los operarios subrayan que es para evitar robos de material", han explicado en conversación con este medio.

En Sant Martí, también

Lo mismo que en esta iglesia situada en el distrito de Horta-Guinardó ocurre en los Jardines del Clot de la Mel, en Sant Martí. En este parque, Bimsa ha inyectado 301.447,72 euros para rehabilitar el espacio.

Imagen de las obras de los Jardines del Clot de la Mel con la empresa fantasma Control de Obras SJ / CG

Tal y como ocurre en Sant Rafael, el distrito ha optado por aliarse con una familia de etnia gitana, Control de Obras SJ, para evitar que desconocidos entren en el lugar y roben maquinaria, cableado o los bloques de piedra que está colocando la constructora.

Doble denuncia ante Interior

La decisión del Ayuntamiento de Barcelona de contratar a clanes para vigilar obras no gusta al sector de la seguridad. Así lo ha manifestado la agrupación ADN Sindical, que ha recordado que "las vigilancia la debe realizar una empresa acreditada". Subraya la misma fuente que "cuando se trata de dinero público, hay que ser especialmente cuidadoso".

Quizá por ello, la representación de la parte social ha interpuesto una doble denuncia ante la Consejería catalana de Interior para que el departamento de Miquel Buch investigue qué empresas o familias vigilan las obras y si perciben alguna remuneración por un trabajo para el que no disponen de homologación alguna.