La Abogacía del Estado evita 'hacer sangre' con los Mossos

¿Fueron los Mossos d'Esquadra un elemento clave para el desafío al Estado de derecho diseñado por el Govern? El papel que asumió la policía autonómica en el llamado otoño caliente de 2017 es uno de los apartados más difusos del proceso judicial. Y, también, uno de los que más discrepancias ha suscitado entre la Fiscalía y la Abogacía del Estado.

El ministerio público se mostró este martes muy duro con la cúpula de los Mossos d'Esquadra al calificar de "insuficiente" el operativo policial desplegado durante la jornada del 1-O para frenar la votación ilegal. Se trata de un cuerpo armado de 16.000 efectivos que, si hubiera estado a total disposición del Govern, contribuiría a dar sustancia al delito de rebelión que pide la Fiscalía. Quizás por ello, la Abogacía de Estado decidió pasar de puntillas sobre la actuación del cuerpo autonómico.

La defensa de Forn

Rosa María de Seoane se limitó a decir que los votantes concentrados ante los colegios electorales "impedían a los Mossos cumplir lo dispuesto en el auto del TSJC". Pero sin entrar a valorar si el "binomio" (la pareja formada por dos agentes) durante el referéndum fue o no suficiente. A este respecto, la abogacía puso el foco en el papel del Govern, por "llamar" a las masas a votar, así como por alentar en su día a la multitud que se concentró ante las conselleries de Economía y Exteriores para evitar que se cumpliera el mandato judicial.

Durante todo el juicio, la defensa del abogado de Joaquim Forn, ejercida por Javier Melero, fue dirigida a confirmar que la actuación de los mossos siempre se mantuvo al lado de la legalidad, ya que hicieron caso omiso a los pronunciamientos que lanzaban algunos miembros del Govern. No solo ignoraron esas proclamas públicas de Forn o Jordi Turull, sino que también les comunicaron directamente su malestar por ponerlos en el foco del plan rupturista.

Rebelión o sedición

El propio comisario de los Mossos Ferran López testificó que les advirtieron "de un escenario que se quiso transitar” por parte del Govern, a pesar de que tanto él como el exmayor Josep Lluís Trapero les comunicaron a los líderes políticos, en informes semanales y diarios, los más que probables "enfrentamientos" entre la población civil y los agentes de la Guardia Civil y la Policía Nacional.

Aunque en el caso de Melero recurrió a este argumento para exculpar a su cliente de tener un eventual control fáctico de los Mossos, dado que era el conseller de Interior, a la Abogacía del Estado le ha servido para descartar la rebelión y concentrar toda la carga probatoria hacia la sedición, que no requiere de violencia ni mucho menos con un cuerpo armado al servicio del Govern.