Torra usa la diplomacia cultural para saltarse el control de las embajadas

Una paradiplomacia cultural, dirigida por un fugado de la Justicia, prohibida por el Tribunal Constitucional y que permite al Gobierno de Quim Torra eludir el control de las embajadas españolas. La proyección exterior de la cultura catalana se ha convertido en un valioso instrumento de internacionalización del procés. Así lo advierte el Tribunal de Cuentas en su último informe sobre la acción exterior catalana.

Página web de la Consejería de Cultura donde se alude a la diplomacia cultural / CG

Así, mientras que todas las miradas sobre la vulneración de competencias estatales están puesta en el recién activado Diplocat, suspendido durante la aplicación del artículo 155, la Generalitat mantiene una importante red de diplomacia cultural a través de la cual organiza y financia actos de promoción del procés. Y no lo esconde: la web de la Consejería de Cultura establece que “la diplomacia cultural es hoy una herramienta básica para estructurar cualquier tipo de estrategia de acción internacional. La cultura nos permite el intercambio de ideas, información, tradiciones y valores que conllevan el enriquecimiento mutuo y que favorecen el entendimiento”.

'Soft power' muy útil

El informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas sobre los recursos asignados a la ejecución de las políticas de acción exterior de Cataluña (ejercicios 2011-2017) apunta en esa dirección. “La explicación del interés por la celebración de actividades que inciden principalmente en el ámbito cultural puede encontrarse en una mención que hace el delegado de Italia en la memoria anual de 2016, cuando señala que ‘la cultura se ha demostrado como un soft power muy útil para generar interés y empatía hacia nuestro país. Por esta razón se han priorizado actividades del tipo cultural que permiten eludir la interferencia de la embajada española y permitieron contar con la asistencia de destacados políticos italianos”.

Entrada de la sede del Tribunal de Cuentas

Alude el Tribunal de Cuentas a los discursos que los delegados de la Generalitat suelen realizar con motivo de la Diada del 11 de septiembre, centrados en los últimos años en la autodeterminación.

Opacidad

La diputada de Ciudadanos, Susana Beltran, ha presentado una propuesta de resolución en el Parlament para instar al Govern a cumplir con la sentencia del Tribunal Constitucional dictada en 2016, que prohíbe esa diplomacia cultural. Asimismo, la iniciativa propone la comparecencia anual del consejero de Acción Exterior para dar explicaciones sobre la adecuación de las actividades culturales con proyección en el exterior.

Sin embargo, esa actividad cultural forma parte de una red paralela al citado departamento --dirigido por ERC-- creada por Carles Puigdemont y Torra, e integrada por asesores que viajan y cobran sueldos de hasta 100.000 euros y que se niegan a explicar su actividad.

"Embajadores culturales"

En efecto, poco se sabe de la agenda de estos “embajadores culturales” pues al tratarse de cargos eventuales, no están obligados a explicar su actividad diaria. "El personal eventual no tiene la condición de alto cargo y sus funciones se circunscriben a las de confianza y asesoramiento, quedando excluida de su ámbito funcional la representación institucional. Por ese motivo, el personal eventual no dispone de lo que la Ley 19/2014 (Transparencia) llama agenda oficial, que se refiere únicamente a los que tienen la condición de alto cargo o autoridad", explica el Govern en respuesta a las preguntas parlamentarias de la oposición.

Al frente de esa diplomacia cultural está, Lluís Puig, quien en agosto de 2018 fue nombrado director del Programa para el Desarrollo de Proyectos culturales de ámbito internacional. Su sueldo asciende a 87.270 euros. Puig, exconsejero de Cultura, se fugó al igual que Puigdemont a Bruselas para eludir los encarcelamientos derivados de la organización del referéndum ilegal del 1-O.

La sentencia del TC

Dos años antes, en 2016, el Tribunal Constitucional (TC) enmendó algunas preceptos de la ley de de acción exterior y de relaciones con la Unión Europea, entre ellas la llamada diplomacia cultural.  El Estatuto de Autonomía prevé la promoción por la Generalitat de “la proyección internacional de las organizaciones sociales, culturales y deportivas de Cataluña y, si procede, su afiliación a las entidades afines de ámbito internacional”, pero el TC precisa que este precepto estatutario no ampara la “diplomacia pública” y que las referencias de la ley a “una clara relación bilateral entre el Gobierno de la Generalitat y los cuerpos consulares de otros Estados” entra “en abierta contradicción con la competencia exclusiva del Estado en esta materia”.

Ese mismo año, el doctor en Gestión de la Cultura y el Patrimonio por la Universidad de Barcelona (UB) Mariano Martín Zamorano, y el profesor ayudante doctor en el Departamento de Sociología y Antropología Social de la Universidad de Valencia, Joaquim Rius Ulldemolins, analizaron las relaciones entre el Estado y la comunidad catalana en el estudio ¿La diplomacia cultural, una política de Estado? Articulación y descoordinación intergubernamental en la acción cultural exterior del Estado español. 

Perfil protodiplomático

Explican que, con el paso de los años, “la Generalitat actuó redimensionando su paradiplomacia cultural y reorientándola hacia un perfil decididamente protodiplomático”. Aluden también a la creación del Institut Ramon Llull que, a modo de imitación del Instituto Cervantes, canaliza las subvenciones a entidades culturales y/o universitarias en el exterior. Tal como informó este diario, un total de once universidades británicas han recibido subvenciones del Gobierno catalán por valor de 561.233 euros, principalmente a través del Institut Ramon Llull, en el marco de su estrategia de internacionalizacón del procés.

“No respetan las leyes y ponen en manos de un fugado una actividad de la que nada sabemos porque es un cargo eventual”, denuncia la diputada Beltran en referencia a Lluís Puig. Considera que esa política exterior “es antieuropeísta, pues no respeta el Estado de Derecho, uno de los pilares de la UE. El Govern no asume que una comunidad autónoma está sometida al principio de lealtad institucional, transparencia y unidad exterior con el Gobierno español”.

“¿Qué valores de la sociedad catalana puede promover un fugado de la Justicia?”, se pregunta la diputada de Cs.