La última argucia de Puigdemont para volver a ser presidente

El objetivo está claro: sacar del Parlament a los diputados procesados y suspendidos por el juez Pablo Llarena para recuperar las mayorías. Esa es la verdad que se esconde detrás de las candidaturas a las generales y europeas de JxCAT. El motivo es garantizar que, tras la sentencia del Tribunal Supremo del 1-O, Carles Puigdemont tendrá apoyo suficiente en la Cámara catalana para reclamar de nuevo su investidura. Seguirá dependiendo de los votos de la CUP, pero la restitución del autodenominado “presidente legítimo” es una propuesta que los antisistema difícilmente podrán rechazar.

Josep Rull (i), Jordi Turul (c) y Jordi Sànchez en el banquillo del Tribunal Supremo / EFE

Josep Rull (i), Jordi Turul (c) y Jordi Sànchez en el banquillo del Tribunal Supremo / EFE

Sin embargo, la Junta Electoral Central (JEC) ha truncado esa última argucia del fugado en Waterloo. Aunque fuertemente dividido, este órgano ha determinado que Puigdemont, Toni Comín --ambos diputados en el Parlament y fugados en Waterloo-- y Clara Ponsatí no pueden presentarse a las elecciones europeas, como había previsto JxCAT --serán sustituidos por el abogado Gonzalo Boye, el exalcalde Xavier Trias y la tertuliana Beatriz Talegón--.

En paralelo, los comicios del pasado 28A convirtieron a Jordi Sànchez, Jordi Turull y Josep Rull en virtuales diputados en el Congreso. Recoger el acta y tomar posesión del escaño es algo que depende de la autorización del Supremo, ya que los tres candidatos están en prisión preventiva a la espera de que acabe el juicio del 1-O.

Marchena no pondrá obstáculos

Fuentes judiciales sostienen que el magistrado Manuel Marchena no pondrá obstáculos, pues está obligado a garantizar los derechos políticos de los procesados. Otra cosa es que puedan votar o no en la Cámara Baja.

“Están suspendido por el auto de procesamiento, por lo que una vez recojan el acta, el Supremo debe comunicar la suspensión de funciones públicas al Congreso, como ocurrió en el Parlament”, en aplicación del artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LEC), explica un jurista a este medio.

"No le importa que no puedan votar en el Congreso"

Pero, según fuentes parlamentarias, “a Puigdemont no le importa que sus diputados puedan votar o no. Solo quiere recuperar las mayorías que el independentismo perdió en el Parlament para reivindicarse de nuevo como presidente legítimo”. Una estrategia que ERC frenó hace un año, algo que Puigdemont no le ha perdonado al presidente del Parlament, Roger Torrent (ERC), por lo que la insistencia en esa investidura podría provocar la ruptura entre los socios y la convocatoria de elecciones catalanas.

Fue precisamente el procesamiento de los diputados secesionistas, y el empecinamiento de JxCAT en aceptar la delegación de voto propuesta por Llarena, lo que ha mermado la representatividad secesionista. Asimismo, ese enrocamiento provocó la mayor crisis entre los neoconvergentes y ERC que se cerró en falso tras una reunión entre Quim Torra y Pere Aragonès.

Actualmente,  JxCAT y ERC suman  61 diputados --tenían 66--, frente a los 65 de PSC, Ciudadanos, Catalunya en Comú-Podem y PP. De ahí que, hace varias semanas, la Cámara autonómica reprobara a Torra y le exigiera elecciones o someterse a una cuestión de confianza, ya que los antisistema, que pudieron salvarle, no lo hicieron.