El Supremo estudia la fórmula de participación de los políticos presos en las elecciones

Los magistrados que deben dar sentencia al juicio del procés se enfrentan a una nueva decisión, más política que judicial. El tribunal de la Sala Segunda del Supremo, capitaneado por el juez Manuel Marchena, tendrá que decidir la estrategia para fecilitar el derecho a la participación política de los encausados. 

Esta decisión viene precedida por las informaciones que aseguran que algunos de los políticos que están siendo juzgados por los hechos del 1-O y de la posterior DUI serían candidatos a las elecciones que tendrán lugar el 28A. Este es el caso de Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Sànchez, Jordi Turull y Josep Rull. Eso sí: solo sería aplicable si, finalmente, aparecieran en las listas de sus correspondientes partidos de forma oficial. 

Reclusos candidatos por ERC y JxCAT 

Las noticias aparecidas al respecto señalan que Junqueras sería cabeza de lista de ERC en el Congreso de los Diputados, mientras que Romeva se revela como número uno del mismo partido para el Senado. Por su parte, Jordi Sànchez, Jordi Turull y Josep Rull ocuparían la primera posición de las listas de Junts per Catalunya (JxCAT) por Barcelona, Tarragona y Lleida, respectivamente.

Hay otro encausado llamado a representar a este partido, Joaquim Forn, que sería el alcaldable para las municipales de Barcelona, aunque la valoración de su participación sería más tardía, ya que estos comicios están previstos para mayo. 

Imperativos legales

¿Cómo es posible que varias personas enjuiciadas por impulsar un referéndum ilegal puedan participar en el proceso de elecciones? Estos representantes políticos se encuentran inhabilitados para realizar las funciones políticas asociadas al cargo que desempeñaban cuando se produjeron los hechos. Sin embargo, la ley no prohíbe que puedan ser elegidos en el futuro siempre que no haya una sentencia condenatoria en firme, según la Ley Orgánica de Régimen Electoral General. 

Según publica el medio digital El Confidencial, el Tribunal Supremo debe decidir sobre tres cuestiones básicas: la participación de los candidatos --en el momento que lo sean de facto-- en la campaña electoral, la fórmula para que adquieran la condición de diputado o senador si son elegidos como tales y su participación en las actividades de las Cámaras legislativas si continúan en prisión preventiva. 

Podrían ser excarcelados

El reglamento del Congreso obliga a los parlamentarios elegidos a jurar su cargo de forma presencial, así como a participar de forma directa en las votaciones de la Cámara Baja, ya que este derecho es "personal e indelegable". Si se da el caso de que los políticos independentistas entran a formar parte de este parlamento, es posible que puedan ser excarcelados para que lleven a cabo su juramento ante la Constitución y adquieran el acta frente a la Junta Electoral Central. En el caso del procedimiento de votación --cuya delegación también es imposible en el caso de la Cámara Alta--, podrían estar valorando la opción del voto telemático.

En el caso de la participación en la campañ electoral, algunas fuentes del medio digital apuntan a la utilización de la tecnología para que puedan ejercer su derecho desde prisión.