Pablo Casado defiende la prevalencia del Estado ante el sistema autonómico que, según su visión, desaprovecha las competencias cedidas. Es por esta razón por la que ha manifestado que su idea de Gobierno pasa, entre otros puntos, por la "prevalencia" de la Policía Nacional y de la Guardia Civil sobre el resto de cuerpos policiales autonómicos y locales. Las responsabilidades de estos cuerpos de seguridad no se limitarían a la defensa a nivel nacional y de las fronteras, con las que ya cumplen en la actualidad, sino que también incluirían competencias en seguridad ciudadana, tareas encomendadas a las diversas policías regionales, como los Mossos d'Esquadra, y municipales.
El líder del PP defiende su proyecto con el argumento de que "el monopolio de la fuerza corresponde al Estado" y asegura que esta no sería la única medida que su Ejecutivo --si llegara al poder tras las elecciones generales-- pondría en marcha para "reforzar" el centralismo. Algunas de ellas se dirigirían, sobre todo, a temas educativos, sanitarios y de simbología nacional.
Evitar órdenes policiales fuera de la ley
Casado ha asegurado que esta medida se encamina en la idea de evitar escenas como las del referéndum del 1-O, un suceso sospechoso de utilizar el cuerpo autonómico catalán en su beneficio. De hecho, según el líder de los populares, la supeditación de los Mossos ante los cuerpos de nivel nacional sería una forma de evitar que este recibiera "órdenes ilegales".
También ha advertido contra la posibilidad de que el traspaso de las competencias de tráfico a Navarra suponga el repliegue de la Guardia Civil de esa comunidad. "Queremos reforzar su papel, en coordinación con los excelentes cuerpos autonómicos y locales".
"No se puede dar más poder autonómico"
El reforzamiento del Estado, según Casado, pasa por la "lealtad" a la Constitución y el cumplimiento de la ley, también en lo que respecta a la división territorial y de competencias cedidas. Ha dejado claro que "nadie habla de acabar con el Estado autonómico" pero que ello tampoco implica que se aumente la capacidad de decisión de los estamentos legislativos regionales. Asegura que "ya no se puede dar más poder" a las autonomías ni aprobar más transferencias, aunque tampoco ha defendido que ninguna materia vuelva a manos del Estado. "Hay autonomías que ejercen muy bien su responsabilidad, otras que la están malogrando y luego está Cataluña, que está en la más absoluta ilegalidad con la complicidad del Gobierno de España", ha explicado.
Con respecto a las competencias que el Ejecutivo está debatiendo con el País Vasco para su traspaso, Casado apuesta por una "moratoria" hasta que el Estado evalúe cómo están siendo gestionadas. Según ha declarado, el objetivo es dotar a los ciudadanos de todas las comunidades de los mismos servicios. Como ejemplo, ha propuesto una normativa que "blinde" la igualdad educativa en todo el país, con una evaluación pública de conocimientos y con un MIR nacional para los profesores, entre otras medidas.