Padres y familias de escuelas catalanas considerados de “máxima complejidad” apoyan el recién firmado Pacto contra la Segregación Escolar, impulsado por el Govern, pero advierten de que “la voluntad y valentía política serán clave a la hora de determinar el éxito o fracaso” de ese acuerdo. Por ello, han elaborado un listado con las 15 medidas que, a su juicio, deben aplicarse y que llegan con diez años de retraso, ya que aseguran que la Ley de Educación de Cataluña (LEC) de 2009 ya contemplaba iniciativas para evitar los guetos escolares, esto es, garantizar la igualdad de oportunidades, la no discriminación y la cohesión en el alumnado.
Un pacto con grandes ausentes
El pacto fue suscrito la semana pasada por ayuntamientos, el Síndic de Greuges Rafael Ribó y el consejero de Educación, Josep Bargalló, pero con grandes ausencias: la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Cataluña (FAPAC), y el sindicato mayoritario entre los profesores, Ustec, que acaba de ganar las elecciones sindicales en el sector. Se trata de un acuerdo de mínimos que contempla un nuevo decreto de admisiones, una proporción máxima de estudiantes con necesidades educativas especiales por centro y una oficina de preinscripción.
Sin embargo, el Col.lectiu d’Escoles contra la Segregació, que agrupa a padres y familias de centros clasificados como de máxima complejidad por parte de la Generalitat, se suma a esas voces que consideran insuficiente ese acuerdo. Y aunque consideran un avance importante ese pacto, aseguran que la Ley de Educación de Cataluña (LEC) de 2009 ya contemplaba toda una serie de mecanismos para que el sistema fuera más equitativo.
Medidas urgentes
Este colectivo --que representa a centros de Salt, Mataró, Barcelona, Reus, Martorell, Igualada y Granollers-- apuesta por la urgente creación de una mesa de seguimiento semestral en la que los agentes educativos informen sobre el estado de la segregación escolar. Evitar la escolarización fuera de plazo en centro de alta/máxima complejidad también es una medida que, dicen, podría aplicarse enseguida. Asimismo, abogan por ampliar los supuestos para determinar la consideración de necesidades educativas especiales (NEE) derivadas de situaciones socioeconómicas desfavorecidas y relacionadas con la incorporación tardía (con efectos en el curso 2020-21), e incorporar nuevos criterios complementarios en centros de alta complejidad para mejorar durante un tiempo su capacidad para atraer una demanda más heterogénea. En la rendición de cuentas, se debería incorporar la lucha contra la segregación escolar y evitar procesos de trasvase de alumbrado socialmente menos favorecido del sector concertado al sector público por razones económicas.
Defienden la adopción de medidas disciplinarias en caso de incumplimientos y desplegar el artículo 48.1 de la LEC (proporción máxima de alumnado NEE), así como garantizar el conocimiento actualizado de las plazas vacantes y promover el acompañamiento de las familias socialmente más desfavorecidas. Desarrollar un programa de educación intercultural y crear una comisión técnica de expertos completan esas doce primeras medidas, a las que se unen otras tres que requieren dotación económica. Se trata de la dinamización de actividades extraescolares, de las AMPA/AFA de los centros públicos con una composición social menos favorecidas y garantizar plantillas más multidisciplinares (técnicos de integración social, educadores sociales, psicólogos, logopedas…).
Informes de la Fundación Jaume Bofill, del Síndic de Greuges o el elaborado por Adriana Sánchez Hugalde en 2007 titulado La segregación escolar de los inmigrantes en Cataluña analizan esta asignatura pendiente de la Generalitat, que impide la igualdad de oportunidades.
La situación actual
El defensor del pueblo catalán señala, en un amplio estudio publicado en 2016, que nada se ha hecho en los últimos ocho años por mejorar la situación. Así, mientras en el curso 2006/2007, para garantizar una escolarización plenamente equilibrada del alumnado extranjero en primaria, habría hecho falta cambiar de centro el 49% de este alumnado, el curso 2013/2014 esta proporción se sitúa en el 48%. Según el Síndic, los diez municipios catalanes de más de 10.000 habitantes con más segregación escolar interna de alumnado extranjero en Primaria son Terrassa, Cerdanyola del Vallès, Sabadell, Badalona, Tarragona, Esplugues de Llobregat, Sant Joan Despí, Girona, Lleida i Sant Adrià de Besòs (excluyendo la ciudad de Barcelona).
Los diez municipios catalanes con más segregación en Secundaria obligatoria son Sant Vicenç dels Horts, Badalona, Esplugues de Llobregat, Sant Feliu de Llobregat, Olesa de Montserrat, Tarragona, L’Hospitalet de Llobregat, Terrassa, Sabadell y Sant Boi de Llobregat.
En la ciudad de Barcelona, todos los distritos, sin excepción, presentan niveles equivalentes o superiores a los 35 municipios con más segregación escolar en Primaria de Cataluña y a los diez municipios con índices más altos en secundaria.