El falso acuerdo de Bargalló sobre la segregación escolar

La segregación escolar es uno de los principales problemas de Cataluña. No se trata de una cuestión interna, del sector educativo, sino que afecta a la propia sociedad catalana en su conjunto. Así lo constatan diversos estudios, de la Fundación Jaume Bofill y también los elaborados por el Síndic de Greuges. Y el Govern de la Generalitat se ha puesto manos a la obra, con un acuerdo, suscrito este lunes entre los ayuntamientos, el Síndic Rafael Ribó y el consejero de Educación, Josep Bargalló, pero que tiene un problema grave: ni lo ha firmado la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Cataluña (FAPAC), ni el sindicato mayoritario entre los profesores, Ustec, que acaba de ganar las elecciones sindicales en el sector. ¿Por qué? Se considera un “falso” acuerdo porque no recoge una de las cuestiones esenciales: cómo se regula y si debe existir el llamado derecho a la elección de escuela.

El índice que regula una mayor o menor segregación escolar se llama índice de Godard. Cataluña tiene un 0,36. Eso quiere decir que el 36% de los alumnos deberían cambiar de centro para que se pudiera garantizar una escolarización equilibrada. Madrid, por ejemplo, tiene el 0,41. En la práctica eso se traduce en que los padres y madres buscan un centro que sea acorde a su estatus social, sea público –en una determinada zona o distrito— o concertado. En los concertados el número de alumnos de origen inmigrante, por ejemplo, es muy inferior, con porcentajes que oscilan entre un 3% y un 10%, según las zonas y ciudades.

El Síndic de Greuges, Rafael Ribó, durante una intervención en el Parlament de Cataluña / EFE

El Síndic, Rafael Ribó

Centros públicos castigados

Se deja en centros públicos a todas aquellas familias que, o bien no dominan la burocracia educativa, o proceden de otros países, con situaciones socioeconómicas más bajas. El hecho es que “se pierde un enorme talento, futuros profesionales de muchos ámbitos porque no se ha sabido encauzar esa cuestión”, según Ramon Font, portavoz de Ustec. Es decir, se crean guetos, que afectan en su gran mayoría a centros públicos, pero centros en determinados barrios, ya de por sí más castigados por las condiciones sociolaborales.

El acuerdo suscrito, liderado por Bargalló, que ha hecho de la batalla contra la segregación escolar su bandera –sin concretar grandes medidas—, incluye algunas cuestiones que la comunidad educativa aprueba. Entre ellas, un nuevo decreto de admisiones del alumnado. No se concederán puntos adicionales por las enfermedades digestivas –todos los centros aseguran servicio de comedor que atiende esas singularidades— o por tener hermanos o un padre o madre que hubiera sido alumno. Esto último reproduce el sistema: padre en los jesuitas, hijo en los jesuitas, nieto en los jesuitas, por ejemplo. También se prevé una proporción máxima de estudiantes con necesidades educativas especiales por centro y una oficina de preinscripción.

¿Pero, y si ya está en la ley?

Sin embargo, el acuerdo parte de una premisa errónea, según la comunidad educativa consultada: “¿Para qué se debe llegar a un acuerdo que debe aplicar las medidas ya previstas por ley?”

Los padres y madres de alumnos y el sindicato de profesores rechazan el acuerdo porque no se modifica la relación entre centros públicos y concertados, y se mantienen los “privilegios” de estos últimos, que cobran servicios extraescolares, cuando forman parte, de hecho, de la matrícula, como medida disuasoria para mantener una cohesión de un determinado alumnado.

Josep Bargalló, consejero catalán de Enseñanza, en el Parlamento autonómico / CG

El consejero Josep Bargalló

Competencia entre centros públicos

En el caso de la Ustec, se ha elaborado un documento que es el voto particular a ese acuerdo, que se pretendía firmar el 25 de febrero, antes de las elecciones sindicales del 12 de marzo. Bargalló acabó entendiendo que debía aplazar el acuerdo, hasta este lunes 18 de marzo. Lo que se defiende es que se trata más de una “escenificación política” que de algo tangible, aunque se valore el interés en centrarse en un problema tan grave. “Todas las medidas positivas que se proponen en el informe del Síndic ya están contempladas en la Ley Educativa de Cataluña y en los decretos que la desarrollan. Si bien se propone la modificación de algunos decretos, el Govern ya tiene la potestad reglamentaria para poder hacerlo sin la necesidad de firmar un pacto”, señala la Ustec, pero también la FAPAC y otros colectivos.

¿Cuál es el principal problema? El Departamento de Educación ha incentivado la competencia entre centros. Algo que, a priori, pudiera ser positivo, crea, en realidad, lo que se denomina una “triple red”. Por un lado, los públicos segregados, los que la población autóctona no quiere; por otro los públicos con proyectos pedagógicos avanzados, que, para la Ustec, son un pretexto para mantener la homogeneización de determinadas clases medias ilustradas, y, por otro, los concertados, además de los centros privados. Eso no se modifica con ese acuerdo, según el sindicato.

¿Una foto para Bargalló?

Lo que se pone sobre la mesa es cómo se elige el centro, y quién lo elige. Y si se mantiene una dinámica en la que esas clases medias ilustradas, autóctonas, seguirán reproduciendo el modelo, creando, en la realidad, tres grandes divisiones. De hecho, esos centros públicos avanzados están cobrando mayor peso por un fenómeno reciente en los últimos años: clases medias con problemas económicos, por la crisis, dejaron los concertados para aterrizar en los públicos, pero con una experiencia en el campo educativo y unas exigencias mayores, que quieren aplicar y recibir por parte de la Administración.

El dilema al que se enfrenta Bargalló es si quiere o si puede revertir esa situación. Por ahora, la fotografía de un acuerdo sin medidas efectivas ya la tiene, según las fuentes educativas consultadas.