La Generalitat solo destina 20 personas a la gestión de los menores extranjeros
Save the Children se suma a las críticas al Govern por la falta de recursos en la acogida de los MENA, que representan un 40% de los niños atendidos; el 60% restante es cubierto por 250 profesionales
18 marzo, 2019 00:00El diagnóstico es común entre los expertos: la gestión de los menores extranjeros no acompañados (MENA) es insuficiente e improvisada. Save the Children de ha sumado a esa denuncia en una semana en la que los incidentes ocurridos en Castelldefels y Canet de Mar ha evidenciado de nuevo la incapacidad de un Govern prácticamente en retirada en lo que a políticas sociales se refiere.
Representantes de Save the Children, así como responsables de entidades que se dedican a la acogida de menores, se reunieron el jueves con diputadas de la Comisión de la Infancia del Parlament para abordar soluciones sobre la situación de los menores extranjeros no acompañados. El Govern se ha visto incapaz de gestionar la llegada de 3.000 menores en 2018, a pesar de que tanto los expertos como diversas ONG --entre ellas la Fundación Bofill, en un informe de 2001-- advertía de la necesidad de adoptar medidas para atender a estos chicos.
Evolución de los menores acogidos por la DGAIA
Una veintena de trabajadores
Durante esa sesión de trabajo se informó de que solo 20 personas gestionan la situación de los MENA en la Dirección General de Atención a la Infancia (DGAIA), a pesar de que estos menores representan el 40% del total de niños y niñas atendidos. El otro 60% está cubierto por 250 profesionales.No obstante, esta ONG valoró positivamente que el Govern haya puesto en marcha un plan de emergencia para hacer frente a la situación, aunque criticaron que se actúe con improvisación.
Tal como informó Crónica Global, educadores y sociólogos critican que el Govern no actúe preventivamente, sino a remolque de situaciones de emergencia, como las registradas en Castelldefels o Canet de Mar, donde en apenas una semana se produjeron ataques contra los centros que acogen a los menores extranjeros. En ambos casos los ayuntamientos aseguraron que no habían sido informados de la llegada de esos menores, que la Generalitat "coloca", según los expertos, sin atender a sus especificidades. Algo parecido está ocurriendo en Arenys de Mar, que durante desde el verano y hasta hace pocas semanas ignoraron que el Govern había alojado a 70 menores en este municipio.
Informe de febrero de 2019 de la DGAIA sobre los menores extranjeros no acompañados
Save the Children, en la línea de lo aconsejado por otros expertos en infancia, apoya la creación de la figura del "guardián" o tutor como asesor individual de los MENA, "una persona que les acompañe desde la llegada a Cataluña hasta su emancipación, para asegurar que sus derechos se cumplen".
Opciones de inserción laboral
Asimismo, instan a que se garanticen los documentos extranjeros oficiales en la aceptación de la edad. "Solo se debe recurrir a las pruebas médicas para determinar la edad en el caso de que no haya documentación o que no se haya verificado la falsedad". Esta ONG aboga por tramitar el permiso de residencia en paralelo con el inicio de la tutela por parte de la DGAIA y acceder al permiso de trabajo, independientemente de la existencia de una oferta laboral, para igualar sus opciones de inserción respecto a jóvenes nacidos en España.
Asimismo, Save the Children cree necesario "incrementar la financiación de los recursos residenciales y la formación especializada de los equipos de profesionales para adaptarse a las especificidades del colectivo MENA y potenciar el acogimiento familiar y las unidades convivenciales de acción educativa (UCAE) para que sea una opción real" para ellos.
Reestructuración de la Consejería de Trabajo
En octubre de 2018, el Govern aprobó la reestructuración del Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias, con la finalidad de crear una Secretaría de Infancia, Adolescencia y Juventud y una nueva Dirección General de Servicios Sociales. La finalidad, se informó en su momento, era "dar más relevancia" a las políticas de infancia y juventud. Así, la nueva Secretaría de Infancia pasó a incluir la DGAIA, que durante meses había sido cuestionada por la gestión de los MENA, y la Dirección General de Juventud, a la que sigue adscrita la Agencia Catalana de la Juventud. También se inscribió en esta nueva Secretaría el Instituto Catalán de la Acogida y la Adopción (ICAA).
Documento que acredita que la Junta de Seguridad de Santa Coloma de Gramenet abordó la situación de los MENA en tres ocasiones
Los resultados de esa remodelación no ha tenido frutos y las condiciones laborales de los profesionales de los centros dependientes de la DGAIA no han mejorado. "Hemos pasado de la urgencia, a la emergencia y de ahí, a un problema de seguridad", explicaba a este medio Toni Mora, secretario de Política Territorial, Acción Social y Migraciones de la CCOO de Cataluña. En 2017 hubo 235 agresiones a los trabajadores de los centros de la DGAIA, una cifra muy similar a la de 2018. La media de edad de los educadores supera los 55 años y las sustituciones no siempre se cubren.
Precariedad de los trabajadores de los centros de acogida
En mayo de 2017, el Parlament aprobó una resolución en la que ya se denunciaba la precariedad laboral de estos profesionales, la conflictividad existente en los centros y se proponían medidas de mejora. Casi dos después, la situación no ha mejorado y la Comisión de Infancia del Parlament ha aprobado esta semana, a instancias de la diputada del PSC, Beatriz Silva, una propuesta de resolución en la que se insta al Govern a aplicar medidas de prevención de la conflictividad, reducción de horas de atención directa al persona mayor de 58 años y desarrollar iniciativas de atención socioeducativa alternativas a los jóvenes refractarios a la convivencia en los centros.
Trabajadores de centros de menores se manifiestan ante la sede de la Consejería de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias / CG
Pedro González, educador de menores desde hace 29 años y que asistió a esa Comisión parlamentaria sobre infancia, cree que la Generalitat "está instalada en la urgencia y la improvisación. Da prioridad a la apertura de centros nuevos en lugar de buscar perfiles profesionales adecuados a cada situación. Hay niños que necesitan familias de apoyo. Otros, mayores, que quieren trabajo y otros que tienen problemas con las drogas".
Las citadas conclusiones de Save the Children van en la línea de lo afirmado por ese educador y del informe Los derechos de los niños y niñas migrantes no acompañados en la frontera sur española que acaba de publicar Unicef. En el mismo se denuncia el "modelo de atención inadaptado" que se aplica en los centros de protección. Alude a los retrasos generalizados en los procedimientos y tramitación de documentación; sobresaturación y hacinamiento; insuficiente número de profesionales especializados --faltan mediadores culturales, psicólogos, trabajadores sociales y abogados--, personal sin formación suficiente, retrasos en la escolarización, disfuncionalidades relacionadas con la asistencia sanitaria, traslados excesivos entre centros y empeoramiento del clima en los centros.
Lo que dice Unicef
Según Unicef el volumen de MENA que atiende España es asumible, aunque subraya el importante aumento registrado en los dos últimos años. "El ingreso de niños y niñas migrantes no acompañados por la frontera sur española (principalmente Andalucía, Melilla y Ceuta) se ha incrementado de manera sustancial. De 2017 a 2018, las llegadas por vía marítima han aumentado un 158%, y un 103% el número de niños y niñas migrante no acompañados en el sistema de protección. A finales de 2018, había 13.012 en el Registro de Menores Extranjeros No Acompañados".
A diferencia de otros países, añade, "España está abordando la cuestión de los niños y niñas migrantes no acompañados desde la óptica de protección de la infancia, con herramientas normativas y políticas específicas. En este sentido, el caso español se podría considerar una buena práctica. En otros países, prima la lógica migratoria desde la llegada, ya que los niños y niñas migrantes no acompañados no son derivados a los sistemas de protección de la infancia, o no lo son con la debida rapidez. Muchos terminan en centros de detención junto con los adultos durante períodos prolongados". Sin embargo "la situación es paradójica porque, la realidad observada en el terreno muestra que existen problemas, contradicciones y déficits, en ocasiones muy relevantes, que conducen a la desprotección de los derechos de estos niños y niñas"