El ex 'número dos' de Hacienda cree que la malversación pudo producirse por cauces informales

Felipe Martínez Rico, ex mano derecha del exministro de Hacienda Cristóbal Montoro, ha apuntado este martes en el Tribunal Supremo que el Govern pudo haber incurrido en un delito de malversación de fondos públicos eludiendo los controles del ministerio: "Una contratación irregular quedaría al margen de nuestro control", ha dicho.

Y es que en septiembre de 2017 el departamento dirigido por Montoro intervino las cuentas catalanas para supervisar que fondos públicos no se destinaran a sufragar el referéndum ilegal del 1-O ni al procés secesionista. A este respecto, Martínez Rico ha mantenido la línea de su superior jerárquico al confirmar que "hubo un cumplimiento formal por parte de la Generalitat" y que "en algunos casos hubo retrasos". "Otra cosa es que la información fuese completa o exacta", ha añadido.

"Realidad material"

Al requerimiento de la Fiscalía sobre si el 1-O se financió con dinero público, Martínez Rico ha esquivado la pregunta defendiendo la actuación del ministerio al poner "todos los mecanismos de control para que no se desviase dinero". No obstante, ha precisado que "la realidad material es otra cosa", dejando la puerta abierta a un posible uso fraudulento de fondos públicos porque el mecanismo "llegaba hasta donde llegaba y tenía los límites que tenía", que eran "criterios de financiación y presupuestarios, pero la realidad es mucho más compleja".

Otras de las explicaciones de quien fuera el número dos de Hacienda han abonado las tesis que apuntan a un tipificación más leve de la malversación, como son el delito de tentativa de malversación o malversación fallida, y que ya apuntaron algunos expertos juristas en sesiones pasadas del juicio. "Uno de los motivos por los que se establece un control reforzado es la recepción por parte de la comunidad autónoma de gasto para el referéndum y Diplocat. Que se iniciase el proceso de gasto no quiere decir que se gastase", ha detallado.

Martínez Rico ha confirmado que "hubo dos partidas" hacia la campaña Civisme que "no se pagaron" y que les "comunicaron que el concurso había quedado desierto".

Los obervadores internacionales

Según ha explicado el testigo, hubo una solicitud al juzgado de instrucción sobre el desplazamiento de observadores internacionales durante la votación tumbada por el Tribunal Constitucional, pero ha dicho no recordar el propósito de la visita. El exdirector del Diplocat Albert Royo negó durante su declaración como testigo en el Supremo que el desplazamiento a Barcelona de estas figuras internacionales fuera para ejercer funciones de observadores en el 1-O e incluso los definió como meros "visitantes".

El exsubsecretario de Hacienda ha añadido a este respecto que "uno de los requerimientos de información que se hicieron por el ministerio en septiembre de 2017 fue por los gastos de Diplocat y que "al no recibir información exacta y satisfactoria se remitió a la Fiscalía".