El exsecretario del Diplocat admite pagos a "visitantes internacionales" el 1-O

El ex secretario general del Diplocat Albert Royo reconoció ante el juez pagos a invitados internacionales que estuvieron en Cataluña con motivo del referéndum independentista del 1 de octubre, pero aseguró que se trataba de "visitantes" y no de observadores electorales. Según la versión de Royo, éstos "estaban interesados" en presenciar la jornada y "conocer de primera mano el proceso", por lo que su presencia fue iniciativa de ellos mismos.

"Nada tiene que ver con una observación electoral. Visitantes internacionales son desde políticos a gente del mundo de la empresa, del mundo de la cultura, jóvenes líderes que participan en una visita para conocer una realidad de primera mano", explicó Royo el martes pasado en su declaración como imputado ante el titular del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, que investiga la organización del 1-O.

Interesados "por la situación política"

Según el exdirectivo, la mayoría de estos "visitantes" fueron "diputados extranjeros que tenían interés en estar en septiembre, unos días antes del referéndum, por la situación política" de aquel momento, que definió como "delicada". "Estaban interesados en estar aquí y conocer de primera mano", insistió.

Royo, que sólo contestó a las preguntas de su abogado durante el interrogatorio, remarcó que esta presencia de personalidades extranjeras "para nada" tenía que ver con la legitimación internacional de la votación. De hecho, ha comparado estas visitas con las que también, aseguró, hubo en la consulta del 9 de noviembre de 2014 o las elecciones autonómicas del 27 de septiembre de 2015.

El Diplocat pagó los costes

Así, a la pregunta de si tuvo alguna participación en la contratación de observadores, Royo contestó que "en absoluto" y que "para nada" estaba en las "funciones del Diplocat" la organización del 1-O. Sin embargo, después reconoció que el Diplocat se hizo cargo de los costes: "Es el mismo protocolo siempre. Se cubre el coste del viaje y estancia en algunos casos; en otros casos nos dijeron que no hacía falta".

En el sumario de la causa que investiga el juez de instrucción número 13 de Barcelona, el nombre de Royo apareció tras los registros de la Guardia Civil el 20 de septiembre. En un disco duro intervenido en la sede de la Vicepresidencia de la Generalitat se hallaron anotaciones sobre los gastos generados en los procesos electorales de 2012 y 2015, comparados con un presupuesto del proceso electoral de 2017, es decir, el referéndum.

270.000 euros en observadores internacionales

En la celda correspondiente a 2017, según el informe del Instituto Armado, recoge la cantidad de 50.000 euros para observadores electorales, "con lo que se puede concluir que dicho gasto estaba previsto para la celebración del referéndum del 1 de octubre".

Casi dos meses después, la Guardia Civil se personó en la sede del Diplocat, donde solicitó la cuantificación de los costes asumidos en relación con el referéndum. De este registro, los investigadores concluyeron que entre vuelos, reservas de hoteles y actos se destinaron a más de 40 observadores internacionales casi 40.600 euros.

El Instituto Armado añade a esta cantidad 112.993 euros que fueron abonados directamente a los integrantes del grupo de expertos de Helena Catt, una consultora internacional del Reino Unido. Los investigadores acreditaron también dos pagos a The Hague Centre for Strategic Studies que sumaron 119.700 euros, dejando pendientes de pago otros 47.000. Todas estas cantidades arrojan un total de más de 273.000 euros.

Este centro fue contratado por la Delegación de la Generalitat en Bruselas, que en 2017 estaba dirigida por Amadeu Altafaj. Éste también declaró en calidad de investigado el pasado martes y en el interrogatorio justificó el convenio por la necesidad de hacer un "informe estratégico" sobre riesgos en seguridad y el contexto internacional, tanto en la UE como los nuevos desafíos en el resto del mundo.

Acción exterior "muy potente"

Según Altafaj, en la Conselleria de Exteriores que dirigía Raül Romeva hubo "discusiones" a mediados de 2017 para adecuar el "plan estratégico" a seguir, porque el que había estaba "desfasado". Por tanto, negó que el informe estuviera vinculado al 1-O y al proceso independentista catalán.

El exdelegado en Bruselas, que también contestó únicamente a las preguntas de su abogado, aprovechó para recordar que "todas" las comunidades autónomas están representadas ante la UE, aunque admitió que Cataluña "siempre ha tenido una acción exterior muy potente".

Defiende la legalidad del informe

Así, alegó que la contratación de The Hague Centre for Strategic Studies se debió a que la Conselleria de Exteriors buscaba una "entidad capacitada" para realizar el mencionado informe, ya que dicha entidad está "muy preparada para orientar y para desarrollar un modelo, que es lo que empezaron a hacer".

A la pregunta de si en algún momento pensó que ese encargo podía ser "incorrecto o ilegal", Altafaj respondió que no y que, de hecho, le parecía que estaba "en línea con todos los debates que había en ese momento en la escena internacional, pero sobre todo en la UE".

El exdelegado catalán en Bruselas explicó que el contrato con el The Hague Centre for Strategic Studies estipulaba que el pago por la elaboración del informe se realizaría en tres mensualidades. "Lamentablemente, el resultado hoy no lo podemos verificar y creo que es una lástima, sinceramente. Si no hubiera habido el 155 y su aplicación, tendríamos el resultado de ese trabajo finalizado", lamentó.