Joan Ignasi Elena y Anna Simó se perfilan para Síndic de Greuges

El Síndic de Greuges es uno de los 20 organismos dependientes de la Generalitat con mandatos caducados. La pugna entre Junts per Catalunya y ERC complica el desbloqueo de instituciones como la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA), el Consejo de Garantías Estatutarias o el Consejo Nacional de la Cultura y de las Artes (CONCA), por ejemplo. Pero en el caso del defensor del pueblo catalán, la ley es muy clara sobre los plazos. Y también sobre las mayorías necesarias: tres quintas partes del Parlament.

Y ya circulan nombres. Suenan con fuerza dos: el exdiputado del PSC y fundador de la plataforma Avancem, Joan Ignasi Elena, y la exconsejera de la Generalitat Anna Simó. Ambos son las propuestas de ERC, pero según fuentes parlamentarias, “son perfiles absolutamente asumibles, tanto por el soberanismo, como por el PSC”.

El Pacto Nacional por el Referéndum

Elena (Barcelona, 1968) fue alcalde de Vilanova i la Geltrú y diputado del PSC. En 2014 rompió la disciplina de voto y apoyó pedir al Congreso la celebración de una consulta sobre la independencia de Cataluña. Fue entonces cuando fundó Avancem.

En 2016 fue nombrado coordinador del Pacto Nacional por el Referéndum, plataforma impulsada por el expresidente Carles Puigdemont para agrupar partidos, entidades, asociaciones, instituciones y particulares para dar apoyo a un referéndum de autodeterminación. Actualmente es el portavoz jurídico de ERC en el juicio sobre el 1-O que se celebra en el Tribunal Supremo.

Imputada por el 1-O

La ex consejera de Bienestar y Familia Anna Simó (Lleida, 1968) está imputada por el 1-O por su actuación como secretaria primera del Parlament en la anterior legislatura. Antes fue vicepresidenta primera. Ha sido portavoz de ERC.

El mandato de Ribó ha expirado después de nueve años al frente de la Sindicatura. Así lo publicó ayer el Boletín Oficial del Parlament mediante una resolución en la que se declara vacante el cargo, pues el mandato ya es improrrogable. Seguirá en funciones hasta que se nombre a su sucesor

Ribó (Barcelona, 1945) fue elegido por el Parlament el 10 de febrero de 2010. La designación del exsecretario general del PSUC y expresidente de ICV como ombudsman catalán fue muy polémica pues, meses antes, el diputado del PP Francesc Vendrell promovió una enmienda a la reforma de la Ley del Síndic de Greuges por la que se ampliaba su mandato a nueve años, y que permitió a Ribó --que entonces tenía 65 años-- garantizar su continuidad al frente de la institución hasta cumplir los 74. Esa duración de nueve años se estableció con carácter general, algo que también sucede en los organismos estatales. La particularidad, en los órganos colegiados, es que un tercio de sus miembros se renuevan cada tres años y, en todos los casos, no se puede prorrogar el mandato, como ocurre con los mandatos de cuatro años.

Vendrell fue 'recompensado' con su fichaje como director de consumo y territorio de la Sindicatura. 

Viajes por todo el mundo

En 2012, Ribó estuvo en el centro de la polémica debido a sus frecuentes viajes por todo el mundo a cargo del erario público

Una de sus actuaciones más comentadas de Ribó fue la presentación en mayo de 2017 en Barcelona de un informe en el que denunciaba un “deterioro de la calidad democrática en España”, así como “la persecución policial de cargos electos”, “las restricciones del derecho a la libertad de expresión”, “un debilitamiento de la separación de poderes” y “la influencia que el Gobierno español sobre la Fiscalía”.

Contra el 155

Más recientemente, Ribó compareció en la Comisión de investigación del 155 en el Parlament donde descalificó la intervención de la autonomía, ya que a su juicio "provocó retrasos en la administración". Aseguró que las políticas públicas de la Generalitat  quedaron paralizadas o retrasadas por el 155, en cuestiones como la memoria democrática, la defensa del colectivo LGTBI y mejoras laborales para agentes forestales.

El Síndic de Greuges fue creado por la Generalitat en 1984 para que la ciudadanía pudiera presentar sus quejas sobre las administraciones públicas.