La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha disuelto por decreto de la comisión de gobierno la unidad de antidisturbios de la Guardia Urbana. La primera edil de Barcelona en Comú (BComú) ha consumado su amenaza y ha "extinguido" la Unidad de Apoyo Policial (USP, por sus siglas en catalán). Lo ha hecho contra la opinión de los sindicatos, que se oponían a una medida que llega en pleno repunte de la inseguridad en Barcelona, y de la oposición, que se había opuesto dos veces a la iniciativa.
La extinción de esta unidad especial se publicó ayer [ver aquí] en la Gaceta Municipal, por lo que ya es oficial. En su lugar se crea la Unidad de Refuerzo de las Emergencias y Proximidad (UREP), la división de agentes que asumirá parte de las tareas que hasta ahora llevaba a cabo la USP. También consigna el boletín local que el Ejecutivo local de BComú deberá dotar a la nueva unidad de "los recursos humanos que considere pertinentes".
"Convivencia y seguridad"
En la reseña de la Gaceta, el gobierno local de los comunes subraya que la UREP tendrá como misión "reforzar el servicio de policía de proximidad en los barrios de la ciudad con tareas específicas de asegurar la convivencia y seguridad ciudadana, de prevención y gestión de emergencias y de inspección administrativa especializada". Con lo que respecta a labores concretas, los sustitutos de los antidisturbios se ocuparán del "apoyo técnico y operativo a las unidades territoriales como refuerzo de proximidad en la ejecución de planes y dispositivos de seguridad en espacios o eventos de especial complejidad o riesgo" y de "coordinar las actuaciones y el equipo de emergencias" durante las emergencias.
Ada Colau, alcaldesa de Barcelona, durante un acto con agentes de la Guardia Urbana / CG
Ada Colau, alcaldesa de Barcelona, durante un acto con agentes de la Guardia Urbana / CG
Asimismo, desempeñarán las labores de "investigación adminstrativa y apoyo técnico a la investigación penal de infracciones relacionadas con el medio ambiente"; se encargarán de la "inspección de espectáculos públicos y actividades" cuando éstas superen el ámbito del distrito y "protegerán a las autoridades municipales y los actos, espacios públicos y edificios en situación de especial riesgo".
Contra toda la oposición y los sindicatos
La decisión de disolver a los antidisturbios de la Guardia Urbana por medio de un decretazo la toma el equipo de la alcaldesa Ada Colau contra el criterio de la mayoría de grupos de la oposición. Todos los partidos con la oposición raquítica de la CUP le pidieron en octubre de 2017 en la Comisión de Presidencia que detuviera el proceso de desmantelamiento de la USP y sus sustitución por la UREP. El mensaje a la munícipe de BComú se repitió en la misma comisión en febrero de 2019. La primera edil ha hecho caso omiso de las propuestas de resolución presentadas por Ciudadanos, el PSC y el PP y ha tirado por la vía de los hechos consumados, extinguiendo la unidad.
La medida choca directamente también con el posicionamiento de los sindicatos de la Guardia Urbana, que habían abogado por mantener la unidad. CSIF había advertido de que Colau "quería una policía política" con la creación de la UREP, cuyos test de acceso tendrán cierta discrecionalidad. Por su parte, la UGT también se había significado contra el proyecto de extinción de la unidad de seguridad ciudadana. En declaraciones a Metrópoli Abierta en febrero, la agrupación tildó de "maquillaje político" el cambio, pues la UREP mantiene las competencias de la USP con la suma de las atribuciones de medio ambiente.
Cabe recordar que la USP fue la primera unidad que llegó al lugar del atentado mortal de Las Ramblas de Barcelona el 17 de agosto de 2017, que se perpetró con atropello múltiple con una furgoneta por parte del terrorista Younes Abouyaaqoub. Los efectivos lo persiguieron por el Mercado de la Boquería, pero el yihadista consiguió huir. Fue abatido por los Mossos d'Esquadra en el municipio de Subirats (Barcelona) a los pocos días.