La gestión de la Renta Garantizada de la Ciudadanía (RGC), una de las iniciativas sociales más importantes en la lucha contra los efectos de la crisis económica, sigue siendo un caos. El Govern, incapaz de dar una respuesta rápida a las peticiones, acaba de publicar el reglamento que establece los criterios para acceder a esas ayudas. Lo hace año y medio después de que se aprobara la Ley 14/2017 de la RGC. Ni la comisión promotora de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que dio lugar a esa legislación, ni los grupos de la oposición, están de acuerdo con ese desarrollo y han anunciado que presentarán alegaciones al reglamento.
En un documento de 65 páginas, al que ha tenido acceso Crónica Global, la Comisión de la ILP enmienda la norma con la finalidad de garantizar que personas sin hogar y mujeres víctimas de la violencia machista que ya reciben una prestación se queden sin este tipo de ayudas, ya que la ley es algo confusa en este sentido. “El proyecto de decreto no resuelve los numerosos problemas que se pueden producir en la aplicación práctica de este requisito”, indican.
Acortar plazos, clarificar la duración...
Asimismo, los promotores quieren acortar los plazos de la resolución de los recursos presentados. flexibilizar las posibles incompatibilidades en la concesión de ayudas y clarificar la duración de las mismas, ya que con el redactado actual creen que se puede dar lugar a interpretaciones interesadas.
La 'consellera' de Trabajo, Bienestar Social y Familia, Dolors Bassa (primera fila, central), con los miembros de la comisión impulsora de la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC) tras la firma del acuerdo / CG
La exconsejera Dolors Bassa (primera fila, central), con los miembros de la comisión de la RGC tras la firma del acuerdo
Chekir El Homrani, actual consejero de trabajo, Asuntos Sociales y Familias, ha heredado el caos registrado en la tramitación de esas ayudas, aprobadas en la anterior legislatura a modo de gran proyecto estrella de su predecesora, Dolors Bassa.
En efecto, la Ley 14/2017 de la RGC era una de las medidas sociales más esperadas. Pero año y medio después de su aprobación, los datos son decepcionantes. Los últimos datos en poder la comisión promotora, a fecha 11 de enero, indican que, desde el 15 de septiembre de 2017 se habían registrado 133.746 solicitudes y 29.094 expedientes vigentes. Las solicitudes aprobadas de RGC y complementos de prestaciones entre el 15 de septiembre de 2018 y el 11 de enero de 2019 sumaban 4.847 (entre septiembre de 2017 y septiembre de 2018 se aprobaron 5.621). La suma total de solicitudes aprobadas desde 2017 asciende a 10.468.
No es culpa del 155
Estos promotores siempre han negado que que el problema fuera la aplicación del artículo 155 de la Constitución, porque así se lo reconocieron miembros del Govern en las reuniones mantenidas.
Los partidos de la oposición también van a presentar alegaciones. El diputado del PSC, Raúl Moreno, responsable de varias iniciativas parlamentarias en las que ha denunciado el colapso en la gestión de la RGC, basa sus correcciones del reglamento en los argumentos de la comisión promotora de la ILP, aunque no descarta presentar más.
“Vivimos en una interminable lista de espera: para recibir la prestación por dependencia aún teniéndola reconocida (la más alta de España), para acceder a una plaza de residencia, para recibir la Renta Garantizada de Ciudadanía (solo se conceden el 7% de las solicitudes) para ser atendido por un médico especialista, para obtener un certificado de discapacidad”, aseguraba Moreno en un artículo publicado en este diario.
La gestión de la Renta Garantizada de Ciudadanía ha sido un caos bajo el mandato de Quim Torra / CG
La reivindicación de la Renta Garantizada de Ciudadanía ha motivado movilizaciones como la de esta imagen / CG
Por su parte, Podem presenta 20 alegaciones al reglamento. “La interpretación restrictiva de la ley por parte del Govern ha provocado que se hayan tramitado solo 2.000 nuevos expedientes respecto al antiguo PIRMI”, explica la formación morada, quien ha vehiculado sus alegaciones a través de militantes como Tamara Ruiz, y los diputados del Parlament Yolanda López, Jéssica Albiach y Lucas Ferro. Recuerdan que, según datos de Idescat, cerca del 20% de la población catalana vive en riesgo de pobreza. Por ello quieren garantizar que el reglamento de la RGC blinda la ayuda a las mujeres víctimas de la violencia machista y a sus hijos, así como a las familias con niños en riesgo de pobreza”. Podem destaca la importancia de “ejecutar un itinerario de calidad en los Planes de Inserción y de Inclusión Social”.
Cs se centra en la complementariedad con las rentas del trabajo
Por su parte, la diputada de Ciudadanos, Noemí de la Calle, asegura a este diario que, para su partido, “era muy importante que los trabajadores pobres también tuviesen acceso a cobrar las ayudas de la RGC, siendo nuestro principal caballo de batalla en la ponencia de ley”.
Por este motivo “presentaremos alegaciones para que la complementariedad de la RGC con las rentas del trabajo a tiempo parcial se haga efectiva para todo tipo de familias como recoge la ley (actualmente el Govern solo la está otorgando a las familias monoparentales). También instamos al Govern a que no delegue en la Comisión de Govern de la RGC la facultad de decidir sobre la ampliación progresiva de esta complementariedad, ya que creemos que ésta debería implementarse ya”.