“Hace seis meses que espero la Renta Garantizada”

Hace seis meses que este exempresario de la construcción espera una respuesta del Govern. Tras la aprobación de la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC), el proyecto estrella del Gobierno de Carles Puigdemont, destinado a aquellos catalanes con ingresos inferiores a 564 euros, este vecino de Vilafranca del Penedès (Barcelona) que prefiere ocultar su identidad se acogió a esta ayuda. Y a partir de ahí empezó un insólito periplo administrativo.

“No he sabido nada durante ese tiempo, solo que estoy obligado a hacer un curso de contabilidad en el Servicio de Ocupación de Cataluña (SOC) si quiero acceder a la RGC”, explica a Crónica Global. Tiene 59 años y, confiesa, sobrevive gracias a la ayuda de su hijo. “He sido autónomo toda la vida. Durante años, mi mujer y yo trabajamos en la misma empresa en la que dimos trabajo a muchas personas”, añade. La crisis económica, especialmente dura en el sector de la construcción, dejó a este empresario sin nada. “Yo pago la luz, puedo comer y poner gasolina al coche, pero conozco a muchas personas que han pedido la RGC que están en una situación dificilísima”, añade.

Miles de expedientes acumulados

Como él, miles de catalanes que solicitaron esta ayuda se encuentran actualmente en un limbo legal. El pasado 15 de marzo, se cumplió el segundo plazo máximo que fija la Ley de la RGC para que la Administración comunique a los solicitantes si se les concede esta ayuda. A efectos prácticos, aquellos que hicieron la petición el 15 de noviembre de 2017 y no han recibido respuesta tendrían concedida la prestación por silencio administrativo positivo.

El primer plazo expiró el 15 de febrero. A partir de entonces todas aquellas personas que solicitaron la RGC el 15 de septiembre tendrían que haber recibido una resolución. De las 75.372 personas con cita previa concedida, se abrieron 36.000 expedientes a la espera de resolución. Quedan, por tanto, 20.334 citas previas pendientes de realizar.

La excusa del 155

Aunque el Govern pone como excusa el 155, el director general de Economía Social de la Generalitat reconoció en una reunión con entidades sociales que la aplicación de ese artículo no es el problema, sino la incapacidad de resolver 36.000 expedientes pendientes. En septiembre, en plena intervención económica del Gobierno, la exconsejera de Trabajo Dolors Bassa firmó el pago de la RGC a los anteriores beneficiarios de la Renta Mínima de Inserción –conocida también como PIRMI--, que tienen acceso a la ayuda de forma automática. De esa misma partida debían salir los pagos a los nuevos solicitantes de la RGC.

Este antiguo empresario, al que le corresponden 450 euros, denuncia que la ley que regula esa RMG “es un desastre, pero tienen que cumplirla”. Ha valorado la posibilidad de presentar un recurso contencioso-administrativo, pero “entonces será el juez quien decida y eso puede eternizar el proceso durante años”. Dicho de otra manera, quienes no han recibido notificación alguna se encuentran entre la espada y la pared. “La gente tiene miedo y no sabe qué hacer”, explica. Está en contacto con otros afectados a través de la página web rendagarantidaciutadana.net donde se explican los pasos a seguir, tanto a la hora de solicitar estas ayudas como para reclamar.