El coste de la dignidad independentista

El tiempo dirá si el veto independentista a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) forma parte de un show patriótico o deja caer al presidente español Pedro Sánchez. Las enmiendas a la totalidad anunciadas por ERC y PDeCAT se debatirán el próximo 12 de febrero, fecha en la que se reanudará el juicio del procés, esta vez con los acusados sentados en el banquillo y en plena precampaña de las elecciones municipales. Cualquier guiño al “Estado represor”, así lo define Carles Puigdemont y Quim Torra, parece inconcebible. Pero lo cierto es que, de culminarse ese rechazo a los PGE, Cataluña se quedaría sin un incremento de 2.310 millones de euros destinados en su mayoría a políticas sociales, mientras que ERC, que ayer lideró ese veto, vería reducido su margen de maniobra para afianzar los posibles pactos de izquierdas tanto a nivel municipal como tras unas elecciones catalanas, que se presumen para finales de este año.

“La decisión de ERC de presentar una enmienda a la totalidad al proyecto de presupuestos generales del Estado puede llevarlos a votar lo mismo que PP y Cs. Alertamos contra una pinza contraria al progreso de toda España y los intereses de Cataluña”, escribía ayer el primer secretario del PSC, Miquel Iceta, en las redes sociales.

Carles Campuzano y Joan Tardà, portavoces del PDeCAT y ERC en el Congreso / EFE

Asimismo, la Generalitat tampoco encontraría aliados para aprobar sus propias cuentas. De hecho, su única esperanza, Catalunya en Comú-Podem, se ha desmarcado de las negociaciones “para ver si se aclaran”, afirma la presidenta de su grupo parlamentario, Jessica Albiach, pues “nosotros aprobaremos unos presupuestos sociales, no unos convergentes”. Los comunes son el referente catalán de Podemos, formación que sí apoya las cuentas de Sánchez.

El rechazo de ERC, secundado a regañadientes por PDeCAT, formación que ya no sabe como disimular en público su malestar ante las presiones de Puigdemont y Torra --los neoconvergentes marcaron perfil ante la presión del portavoz de Junts per Catalunya, Eduard Pujol al asegurar que “ellos miden sus tiempos”--, evidenció de nuevo la fractura interna de los secesionistas. Las diferencias entre los socios del Govern son cada vez más grandes, mientras que la CUP y la Assemblea Nacional Catalana (ANC) han soltado lastre de cualquier tipo de negociación “autonómica”.

Parálisis gubernamental, la impronta de Torra

Para el independentismo más irredento, el que apoya la parálisis gubernamental convertida ya en la impronta de Torra, los 2.310 millones de euros que los PGE contemplan para Cataluña distan mucho de los 16.000 millones que, afirman, equivalen al expolio fiscal que sufre esta comunidad. No obstante, Cataluña no anda muy boyante en lo que se refiere a política social. "¿2.200M€ no son buenos para CAT? 1.800 camas de hospital cerradas, seis dependientes mueren al día sin prestación, 560€/hab. menos en políticas sociales. Los intereses de 7,5M catalanes/as no les importan", afirmaba en Twitter el diputado socialista Raúl Moreno, azote del Govern sobre el caos en la Renta Garantizada de Ciudadanía, pobreza infantil --los PGE contemplan 3 millones de euros para ayudas de comedor-- y atención a los menores extranjeros no acompañados (MENA).

Así, los PGE suponen para Cataluña un volumen de recursos de 22.840 millones, 2.310 más que en 2018. Destaca la subida del 1,6% de las pensiones (el 3% de las mínimas) por un importe de 110 millones, que beneficiará al 20% de la sociedad catalana. La supresión del copago farmacéutico, al que se destinan 18,5 millones, afectaría también al 20% de los catalanes.

Becas, infraestructuras...

En el terreno educativo, la partida de becas aumenta hasta los 77,7 millones, de los que se beneficiarían 119.400 estudiantes --Cataluña es la comunidad con las tasas universitarias y las matrículas más caras de España-- y se contemplan 5,9 millones en ayudas para material escolar. Asimismo, Cataluña encabeza el ranking de comunidades autónomas, tanto en gasto total como en inversión real de Fomento, que sube un 57,1% hasta los 1.875 millones, distribuidos en carreteras (152,2 millones), Ferrocarriles (1.381,67 millones), Puertos (266,5 millones) y aeropuertos (76,27 millones).

De las cuentas de la Generalitat para 2019 nada se sabe porque ni siquiera se han presentado. Los comunes y PSC aseguran que en sus conversaciones con el Govern no se ha presentado ningún proyecto o pista sobre la fiscalidad que plantea el tándem JxCAT-ERC.