Imagen de la comisión de Medio Ambiente del Parlament, donde el Govern debía dar explicaciones sobre la liquidación de ATLL / CG

Imagen de la comisión de Medio Ambiente del Parlament, donde el Govern debía dar explicaciones sobre la liquidación de ATLL / CG

Política

El Govern pospone dos semanas las explicaciones sobre la liquidación de ATLL

Los consejeros Aragonès y Calvet aseguran que la detención de 11 independentistas en Girona supone una “alteración normal de la vida política” que propiciaba una respuesta

16 enero, 2019 15:59

El vicepresidente de Economía, Pere Aragonès (ERC), y el consejero de Territorio y Sostenibilidad, Damià Calvet (PDeCAT), han aplazado dos semanas su comparecencia en el Parlament para dar explicaciones sobre la liquidación de Aigües Ter Llobregat (ATLL). En un escrito que se ha leído al inicio de la comisión de Medio Ambiente, ambos políticos han anunciado que la detención de 11 independentistas acusados de participar en el corte de las vías de la Estación del AVE en Girona el pasado 1 de octubre de 2018, entre los que se encontraban los alcaldes de la CUP de Verges y Celrà, supone una “alteración de la normal vida política” y que precisaba una respuesta.

Repiten de este modo los argumentos que se han usado a lo largo de la mañana para paralizar la actividad en la Cámara catalana. Se había especulado con que Aragonès y Calvet sí que participaran en este encuentro, solicitado desde que se anunció tras las vacaciones de verano que se iniciaba la liquidación de la concesión a un consorcio liderado por Acciona. La incógnita se ha mantenido hasta el último momento.

Rechazo de la oposición

Los diputados Francesc Ten (PDeCAT) y Ferran Civit (ERC) han profundizado en la declaración política de los dos socios en el Govern. “Una detención sin orden judicial es represión gratuita y requiere una respuesta social”, ha manifestado el convergente. Según el republicano, se han “menospreciado los derechos civiles y políticos” en Girona.

El resto de partidos de la oposición, con excepción de los Comuns, han criticado la suspensión de la comparecencia en el último momento. “Este supone el enésimo boicot al Parlament de JxCat, ERC y la CUP”, ha afeado la representante de Cs, Marina Bravo. El socialista Jordi Terrades ha ido un paso más allá. Ha señalado la “incongruencia” que supone el hecho de que se haya “mantenido la agenda del Gobierno” sin modificar a lo largo de toda la mañana de este miércoles pero se haya alterado la actividad parlamentaria.

“Han evitado dar explicaciones parlamentarias sobre la chapuza de ATLL”, ha sentenciado. Desde el PP, Santi Rodríguez ha asegurado que no ha habido ningún “hecho novedoso” en Cataluña por la actuación policial en Girona. “Cada día se producen actuaciones policiales que acaban con detenidos”, ha manifestado, “lo único distinto es que ha implicado a cargos electos, que no tienen impunidad ante la ley”.

Indemnización a Acciona

Lucas Ferro (En Comú Podem) ha dado por concluida la sesión en tan sólo 12 minutos. El encuentro de este miércoles no era precisamente menor. Aragonès debía explicar a los grupos de la oposición la metodología de cálculos económicos ha usado la comisión liquidadora de ATLL para fijar la indemnización al consorcio liderado por Acciona.

Esta cifra en un primer momento era negativa, ya que se reclamó 38 millones de euros a la cotizada. Tras una resolución del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), se elevó hasta los 53,86 millones a devolver.

Causa judicial

Con todo, se sitúa muy lejos de los 1.000 millones de euros que le reclama la concesionaria del servicio para ceder la gestión. El caso está de nuevo judicializado y Acciona sigue al frente de la compañía.

La Generalitat contempla a ATLL como una empresa pública desde el pasado 1 de enero, pero el relevo real en la gestión no lo aplicará hasta que el alto tribunal catalán no le dé luz verde. El Ejecutivo está inmerso en un primer contencioso sobre la cuantía de la indemnización que aún no ha culminado.

Nueva ‘guerra del agua’

La cotizada de la familia Entrecanales y sus socios, las familias Rodés y Godia-Torreblanca y el fondo Pioneer Point Partners, solicitó al TSJC que paralizara el cambio de titularidad del servicio como medida cautelar. Los magistrados han rechazado esta decisión, pero aún no han emitido la resolución definitiva porque estudian las alegaciones que les han presentado ambas partes.

Se espera que este caso, la solicitud de que se frene el nuevo titular, se resuelva en cuestión de semanas. Pero la batalla judicial proseguirá. Cataluña está inmersa de nuevo en una guerra del agua por ATLL.